Con ocasión de las pasadas elecciones para el Congreso de la República, Colombia ha vivido una de las peores crisis de legitimidad del proceso electoral en muchos años.
La desaparición de votos del Pacto Histórico en más de 29 mil mesas de votación hizo saltar las primeras alarmas. Las redes sociales empezaron a hablar de fraude y pronto otros partidos se sumaron a la protesta.
Los escrutinios evidenciaron que las voces de los que cuestionaban los resultados tenían fundamento. Se encontraron irregularidades en el preconteo de los votos que fueron confirmadas por la Misión de Observación Electoral (MOE) y poco a poco fueron apareciendo casi medio millón de votos que cambiaron la configuración del Senado. Pacto Histórico recuperó tres escaños para quedar con 19 en total; el Partido Conservador perdió uno y quedó con 15; la Coalición Alianza de la Esperanza con 13; el Centro Democrático con 13; Cambio Radical con 11 y la coalición Mira con 4.
A pesar de que la MOE y el propio Petro identificaron dónde pudo estar el error que condujo a que no se reportaran miles de votos, las redes siguen inundadas de denuncias de fraude y algunos líderes políticos han promovido la idea de un “fraude histórico”. El expresidente Andrés Pastrana fue el primero al afirmar, paradójicamente, que “Las cifras oficiales del Registrador apestan a fraude a favor del Pacto Histórico. El Gobierno debe contratar con visto bueno de los actores de la elección dos firmas internacionales independientes para el análisis forense de los procesos de la Registraduría …”. Álvaro Uribe, quien también insistió en el reconteo lo ligó a la salud de la democracia al afirmar; “Una cosa es reconocer que el partido retrocedió, aceptar la afectación de mi reputación, reconocer lo que ha faltado al Gobierno y otra cosa es pedir el reconteo en bien de la democracia”.
Además de los errores de diseño del formulario E-14 y de la escasa capacitación de los jurados de votación también se ha hecho énfasis en la incompetencia del Registrador a quien se le pide que asuma la responsabilidad de lo ocurrido y renuncie a su cargo pues el momento requiere que la Registraduría sea prenda de garantía para todos.
En efecto, con una tensión política generada por una de las peores crisis del proceso electoral en el país la cual ha llevado a solicitar un nuevo escrutinio – una propuesta que no cuenta con sustento legal, pero que avaló el presidente Iván Duque – Colombia vive una crisis de legitimidad del proceso electoral que puede tener graves efectos de cara a la elección presidencial el 29 de mayo si no se corrigen los errores y se tramitan las inconformidades.
Durante el encuentro que sostuvo con la Comisión Nacional de Garantías para tomar una decisión relativa al recuento de todos los votos, el Registrador dio marcha atrás de lo anunciado inicialmente siguiendo la opinión de Iván Duque, se retractó y anunció que no pediría el recuento de forma oficial, pero la duda ha sido sembrada en los espíritus y la confianza en las instituciones quebrada.
La desconfianza en el proceso electoral y su transparencia augura dificultades para el próximo Gobierno y tenderá a erosionar la ya mermada confianza en la democracia colombiana dado que para que una decisión sea democrática esta debe lograr una correspondencia que no distorsione la relación entre mayoría de votos y de escaños, lo que para muchos no parece corresponder a la realidad.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: Revista Semana
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