La presidenta Claudia Sheinbaum había hablado estos días de que una participación del 5% podría considerarse un éxito. No hay que olvidar que hablamos de la primera vez que se nombran a los jueces con elección popular; también que es difícil conocer a la gente que participa (muchos candidatos); la votación, por si no faltaran complicaciones, era compleja porque son muchos nombres y seis circuitos y, lo que no es menor, la judicatura no es un espacio que tradicionalmente haya despertado la emoción de la ciudadanía. No es extraño que se utilizaran los llamados acordeones para que el votante pudiera orientarse.
Al final ha votado el 13%, con un total de 13 millones de mexicanos y mexicanas, que han dado arranque a una revolución democrática de enorme calado. Igual que hablamos de la reforma de lo que tiene que ver con el poder legislativo, es decir, con partidos, elecciones, circunscripciones, limitación de mandatos o elección de candidatos y sorteo, no hay apenas discusión acerca de la elección de los jueces. Y la otra gran discusión, la de los medios de comunicación, siempre la frenan las empresas de medios de comunicación, porque saben que sin el control de los medios, pierden su “democracia”.
Déjenme adelantarles algo: si las élites pierden la judicatura y pierden el control de los medios, volverán sin pena a los golpes de Estado, porque defendiendo a las minorías, es imposible que ganen elecciones.
En los arranques de muchos procesos de cambio en América latina, la abstención alcanzaba por lo común del 50-60 % del padrón. Y quien ganaba lo hacía pongamos, en el mejor de los casos, con el 50% del voto. De manera que han empezado gobernando con el 20-25% de los votos.
No olvidemos igualmente que la media de votación para elecciones más comunes en países con democracias consolidadas, como las de alcaldes en EEUU, la media de votación es del 14%, muy similar al 13% de los que han votado en México.
Esto no hace inmejorable a una elección donde el grueso de la ciudadanía no se ha interesado o no se ha sentido convocada o no ha terminado de entender la importancia de elegir a los jueces. Pero tampoco es un mal arranque, como quieren plantear voceros de la oposición. Dudo que ninguno de ellos pida la dimisión de los alcaldes de los EEUU porque han sido elegidos por un porcentaje similar al de los jueces en México.
La reforma judicial era un clamor. Como dijo en España la diputada de extrema derecha Cayetana Álvarez de Toledo, los jueces son el muro de contención de las élites cuando la derecha pierde las elecciones. El sexenio de López Obrador se vio frenado porque los jueces, que no se presentan a las elecciones, invalidaban la puesta en marcha de reformas que habían sido refrendadas por el pueblo en las elecciones.
En muchos lugares, son los tribunales máximos donde las élites concentran sus esfuerzos para controlar esas salas y frenar los cambios. También, no lo olvidemos -y en España ha sido un clásico-, buscan tener como afines a los jueces que debían juzgar los casos de corrupción de los políticos. Hubo un cierto escándalo en España -digo un “cierto” porque al protagonizarlo un político de la derecha no tuvo mayores consecuencias, cuando el entonces portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, afirmó, tras un acuerdo con el PSOE y para tranquilizar a los miembros de su partido, que había sido un gran acuerdo porque iban a “controlar la sala segunda por detrás”. La sala segunda es la que juzga los casos de corrupción. Es la que ha juzgado a los muchos ladrones del PP, dejando libres a unos cuantos. En México, el porcentaje de delitos que quedan sin castigo es escandaloso, como escandalosa ha sido la colusión entre algunos jueces y grandes criminales, incluidos narcotraficantes y cárteles.
Decía, “cierto escándalo”, porque si esa frase hubiera provenido de un político de izquierdas en cualquiera de nuestros países, la derecha habría llamado al Arcángel San Gabriel para que prendiera fuego a los pecadores con su espada flamígera. Algo similar ha hecho Donald Trump colocando a jueces afines en el Tribunal Supremo. ¿Con alguna intención? Bueno, pues ese tribunal es que le permitió presentarse a las elecciones pese a estar condenado. Que lo intente un político de izquierdas.
Sin embargo, López Obrador entendió que la reforma de la judicatura no debía afectar solamente a la cúpula judicial, esto es, a la suprema corte, sino que competía a todo el poder judicial, incluyendo el Tribunal de Disciplina Judicial, que se encarga de los asuntos internos de los jueces (ya saben ustedes eso de que perro no come perro) o el tribunal electoral, además de los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. ¿De qué sirve cambiar la punta del iceberg si lo que está debajo es lo realmente grande?
En total, se van a cambiar casi 2.700 cargos, entre jueces de distrito – que son responsables de resolver casos en primera instancia en materias como civil, penal, administrativa y laboral-, los magistrados – que son los operan en tribunales de segunda instancia, revisando las resoluciones emitidas por los jueces de distrito- y los ministros – que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación-.
Claro que esta elección no está libre de problemas. En el filtro inicial que hizo la cámara legislativa se colaron personas vinculadas al narco, pero fueron detectadas. Quien no detectó que su mano derecha, García Luna, estaba al servicio del narco, fue el presidente Felipe Calderón, elegido desde las filas del derechista PAN. Ningún sistema es perfecto y, como ha dicho Sheinbaum, en 2027 se podrá evaluar. Pero es evidente que no va a ser en ningún caso peor que lo que hay.
Entre los candidatos a presidir la Suprema corte destacaban Hugo Aguilar Ortiz, que ha sido coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Se trata de un jurista que participó en el Congreso Nacional Indígena como parte del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los diálogos de San Andrés Larraízar, durante el diálogo para lograr la paz en Chiapas (1996). Fue asesor a nombre de la organización Servicios del Pueblo Mixe.
También está Lenia Batres, la “Ministra del pueblo”, como se hace llamar, ministra que arrancó la campaña, al mejor estilo Obrador, en la calle. Es una jurista experimentada con experiencia en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, en las alcaldías, en el Gobierno de Ciudad de México y, en la última etapa, en el Poder Judicial. Otras candidatas, como la ministra Ortiz, ha recibido el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Cooperativa Cruz Azul y comerciantes de La Merced. O Yasmín Esquivel, que recibió el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de México.
Parece evidente que en la cúpula del poder judicial en México, un órgano que va a ser colegiado, van a estar personas que llevan tiempo intentando que el derecho deje de ser la gran asignatura pendiente de la democracia mexicana y que tienen relaciones con los sectores populares, no como antes que necesitaban el apoyo de banqueros, empresarios o políticos corruptos.
Uno de los elementos que se va a frenar con esta elección es la desmesurada remuneración económica que cobraban los jueces. La Ley Federal de Austeridad Republicana va a afectar también al poder judicial. Es bueno que los jueces tengan un sueldo decente, porque así es más complicado que la corrupción sea el pan nuestro de cada día, puedan estudiar y dedicar tiempo a juzgar. Pero las remuneraciones millonarias les hacían parte de la élite y, por tanto, han defendido los intereses de la élite. En las mesas de los ricos han estado siempre los obispos, los banqueros, los jueces, el embajador de los EEUU y, no pocas veces, los narcos.
Con el Papa Francisco y León XIV, parece que los obispos igual faltan a esa comida; el embajador de los EEUU sabe que ya no puede hacer lo que le dé la gana; a los narcos se les detiene. Y con la elección popular de los jueces, va a ser más fácil que los jueces coman tacos que comida francesa y jamón de jabugo en casas palaciegas. Así que en las cenas de las élites volverán a estar los que corresponden. Aunque se aburran.
He dicho en algún lugar que la elección popular de los jueces en México tiene un efecto simbólico como el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano, y reafirmó la independencia de México frente a las potencias europeas.
Esta elección en la que han participado 13 millones de mexicanos y mexicanas, más de los que votaron por el PRI, el PAN y el PRD, hace cierto eso de que los ricos y algunos jueces, también lloran.
Juan Carlos Monedero
Foto tomada de: CNN en Español
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