En el periodo legislativo que viene seguirá vigente el fast track mediante el cual se podrán tramitar las normas pendientes para la implementación de los acuerdos de paz pero el tiempo corre en contra del proceso. Las reuniones ordinarias del Congreso se reanudarán el 20 de julio y las FARC entrarán oficialmente a la vida civil el 1 de agosto cuando finalicen las zonas veredales. Para entonces todo debería estar listo para que se inicie el tránsito del sistema político hacia una nueva realidad pero los hechos permiten alimentar un cierto escepticismo, alimentado principalmente por lo relacionado con las circunscripciones de paz concebidas para incluir en la vida política a poblaciones tradicionalmente marginadas y excluidas.
El proyecto de las circunscripciones especiales de paz y la realidad
La reforma política prevista fue concebida para mejorar la participación de los ciudadanos en igualdad de condiciones, mejorar la democracia y fortalecer las instituciones. Parte de los mecanismos previstos para ello son las circunscripciones especiales de paz creadas a partir del Acuerdo de Paz de La Habana entre el Gobierno y las FARC. Son 16 zonas que abarcan 167 municipios en las regiones más afectadas por el conflicto armado e históricamente marginadas. Su creación obedece a la intención de abrirles un espacio de representación a sus habitantes permitiéndoles elegir un candidato por circunscripción a la Cámara de Representantes de listas compuestas por grupos significativos de ciudadanos, organizaciones sociales, consejos comunitarios de afrodescendientes y de cabildos indígenas, durante dos períodos: 2018 y 2020. Los partidos políticos con personería jurídica no podrán presentar candidatos. Esta prohibición incluye a los partidos hoy representados en el Congreso y al conformado por las FARC después de su desmovilización. El acto legislativo que las crea debe y que aún no ha sido aprobado debe ser reglamentado mediante una Ley Estatutaria.
La creación de las circunscripciones especiales de paz ha sido objeto de duros ataques por parte de la oposición uribista la cual considera que con este mecanismo se abre la puerta para que a través de las organizaciones mencionadas, las FARC, cuya influencia en ellas se hace sentir, acceda a más escaños en el Congreso, aparte de los 10 que ya tienen garantizados según lo pactado con el Gobierno.
A las críticas desde el punto de vista electoral que se han hecho se suman los comentarios de la Misión de Observación Electoral (MOE) que ha analizado en detalle la realidad política y de orden público de las zonas donde están localizadas las circunscripciones especiales de paz.
En un informe reciente, la MOE ha establecido que el área de las circunscripciones de paz representa un 34 por ciento del territorio nacional y un 7.6 por ciento del censo electoral, a saber, alrededor de 2.688.000 ciudadanos. Los 167 municipios en ellas incluidos están localizados en regiones con altos índices de violencia de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca donde reina un elevado déficit de cedulación mientras los puestos de votación son de difícil acceso para un alto porcentaje de sus habitantes; así mismo, que en ellos hacen presencia bandas criminales organizadas como el Clan del Golfo y guerrilleros del ELN que han ido ocupando las zonas que dejaron las FARC. Además, que en algunos de estos sitios, se suma la alta densidad de cultivos ilícitos.
El informe también subraya que a partir de la etapa de culminación de las negociaciones de paz con las FARC y el inicio de la implementación se ha dado un aumento progresivo de la violencia contra líderes sociales y comunales. En muchos puntos de las circunscripciones especiales de paz, de presencia histórica de grupos armados, reina la incertidumbre de un conflicto que no ha cesado y que plantea ya retos importantes de cara a las próximas elecciones.
En síntesis, el propósito de los programas de inclusión y de democratización no puede omitir el fortalecimiento de la seguridad en zonas neurálgicas, particularmente en las circunscripciones especiales de paz donde los riesgos electorales están a la orden del día y la lucha por una curul en la Cámara de Representantes será violenta.
De lo electoral a lo estructural para poner fin a las causas del conflicto
Es natural que propuestas de reforma política y electoral generen reacciones porque estas inciden en la forma de acceder al poder político y de ejercerlo. Ello explica que para muchos sectores no tenga sentido cambiar las reglas de juego cuando falta tan poco tiempo para las elecciones de 2018. De hecho, la cercanía de las elecciones y la renuencia de la clase política a avalar algún proyecto que amenace la estabilidad política reinante explican la resistencia de los congresistas a discutir la reforma política que se avecina. En estas condiciones y ante los movimientos que se anuncian para formar nuevas coaliciones para las elecciones que se avecinan no queda para el Gobierno otro camino que emprender una dura batalla para hacer del fast track un camino más expedito para sacar adelante reformas vitales para la transición política con la que se ha comprometido.
Entre los proyectos pendientes de la paz sobresalen el de la reforma rural integral, uno de los que más intereses afecta y resistencias despierta, y la conformación de la JEP cuya implementación plantea retos a la jurisdicción ordinaria. Yendo más allá y pensando en la implementación de los acuerdos para que, como lo han dicho Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo, “gane quien gane las elecciones del próximo año sea imposible volver trizas lo acordado”, es fundamental consolidar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final (CSIVI) cuya misión es consolidar la mayor cantidad de iniciativas y hechos. En este orden de ideas, entre los proyectos más importantes que serán presentados a los legisladores el 20 de julio está el Plan Marco que incorporará la paz y sus compromisos en el Plan de Desarrollo.
Así mismo, y de manera paralela, debe ejecutarse el llamado Plan Victoria cuyo objetivo es desarrollar un plan interinstitucional que permita mitigar factores generadores de inestabilidad e inseguridad mediante la acción unificada del Estado y el fortalecimiento de la gobernabilidad en las áreas que estuvieron bajo el control de las FARC y el resto del territorio nacional. La tarea incumbe no solamente a las fuerzas militares sino a todas las entidades estatales responsables del establecimiento de un entorno seguro y protegido. Para lograr una seguridad integral el propósito es atacar todas las redes criminales y los actores que las componen, tanto nacionales como internacionales, esto es, combatir los grupos armados y delincuenciales, así como los grupos disidentes del acuerdo de paz con las FARC.
Finalmente, como lo ha dicho monseñor Luis Augusto Castro, superar los odios y sentimientos de venganza para desarmar el alma, esperando que “la guerrilla siga firme en su decisión y que el Gobierno logre cumplir los compromisos del acuerdo”.
Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario