Con el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc, se determinaron un conjunto de medidas y acciones orientadas a erradicar la violencia asociada con la estrategia contrainsurgente del Estado y con la resistencia agraria revolucionaria de las guerrillas organizadas por Manuel Marulanda y el secretariado de ese actor insurgente.
Como parte de la implementación de esos pactos se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET con la expedición del decreto ley 893 del 2017 que determinó que estos serían “un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final de paz” (Ver https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81856 ).
El mismo decreto dispuso que cada PDET “tiene por finalidad la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas, asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas propias de producción de las (pueblos, comunidades y grupos étnicos), el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación” (Ver artículo segundo del decreto 893 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81856 ) .
El Acuerdo de paz escogió 170 municipios para organizarlos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y los agrupo en 16 PDET que son Alto Patía/Norte del Cauca (22 municipios); Arauca (4); Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño (13); Catatumbo (8); Choco (14); Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño (17); Macarena Guaviare (12); Montes de Maria (15); Pacifico Medio (4); Pacifico y Frontera Nariñense (11); Putumayo (9); Sierra Nevada Perijá (15); Sur de Bolívar (7); Sur de Cordoba (5); Sur del Tolima (4); y Urabá Antioqueño (8).
En la selección de dichos municipios se recogieron varios estudios sobre pobreza absoluta, presencia de cultivos de usos ilícito e intensidad de la violencia guerrillera.
También se estableció que para alcanzar los objetivos de paz de los Pdet se construirían de manera participativa, amplia y pluralista, unos Planes de Acción para la Trasformación Regional; tarea de la que se encargó la Agencia para la Renovación del Territorio ART, creada con el Decreto 2366 de 2015 (Ver https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67333 ), que intervino en la elaboración de los Planes para la Transformación Territorial que resultaron siendo unas “listas de mercado” sin mayor trascendencia.
Los Planes se financiarían con recursos del Sistema General de Regalias SGR, para lo que se conformó, mediante el decreto 1534 del 2017 (Ver https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83535 ),el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD PAZ y se determinó la Asignación presupuestal para la Paz.
Han transcurrido 9 años desde que se aprobaron estas medidas, pero el fracaso en la transformación territorial de los 170 municipios es un fracaso absoluto, pues, la pobreza, los cultivos de coca, la corrupción y la violencia azotan sin límite a los 7 millones de personas que viven allí.
Hasta el 10 de abril del 2025 el Ocad paz (Integrado por 3 delegados con voto: un funcionario del Alto Comisionado de paz, un alcalde y un gobernador) ha realizado 79 reuniones (Ver https://www.sgr.gov.co/Inversi%C3%B3n/OCADPAZ/SesionesOCADPAZ.aspx ), en las que se han autorizado miles de proyectos de inversión por un valor cercano a los 23 billones de pesos, con unos resultados muy mediocres, debido a que la corrupción, el tráfico de influencias y la falta de una visión estratégica en los proyectos han sido la nota dominante.
La corrupción en el Ocad paz ha sido un elemento estructural de su funcionamiento. Las reuniones comprendidas entre la 52 a 61 (Ver https://www.sgr.gov.co/Inversi%C3%B3n/OCADPAZ/SesionesOCADPAZ.aspx ) fueron un verdadero festín del despojo y el saqueo de los dineros de la paz, en pleno gobierno del presidente Iván Duque, quien se propuso hacer trizas los Acuerdos de paz. Hay que recordar que en el primer semestre del 2022 se denunció un robo superior al medio billón de pesos de estos recursos apropiados para invertir en proyectos de paz de los 170 municipios.
El gobierno del presidente Petro tomó medidas desde el segundo semestre del 2023 para reorientar el Ocad paz, en ese sentido se acogió una nueva metodología en la estructuración de los proyectos para la priorización de proyectos de inversión a ser financiados con la Asignación Paz y el desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales– FONPET. Esta metodología atendía criterios de orden territorial y de orden social para superar las brechas correspondientes en los 170 municipios Pdet.
Durante la actual administración del presidente Petro se han realizado 18 sesiones del Ocad paz y las cosas siguen igual o peor con corrupción, tráfico de influencias y despilfarro de recursos.
Los 170 municipios Pdet ven crecer la pobreza, la violencia y los cultivos de coca, mientras los dineros de los proyectos van a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos y de traficantes que se enriquecen con cada punto de revisión o evaluación de los proyectos de inversión, como ocurre en las Oficinas de planeación de los Ministerios y en las otras de la telaraña configurada para aprobar las propuestas de alcaldes y gobernadores.
En el Ocad paz se han originado grandes fortunas que hoy están en manos de ex alcaldes, ex gobernadores, ex directores del DNP, delegados de la Contraloría y otros intermediarios muy poderosos vinculados con los Contrataderos de la Regalias que fueron denunciados por el ex senador Alexander Lopez en su paso por la dirección de Planeación Nacional.
Desafortunadamente la Fiscalía no ha procedido con la celeridad requerida para detener este desangre y encarcelar a la delincuencia que se apropia de manera ilícita de los dineros de la paz.
Las mafias corruptas del contratismo tienen hoy secuestrado el Ocad paz y la Sesión del 13 de diciembre del 2024 así lo confirma, pues ASOSUPRO (Asociacion Supra departamental de Municipios de los Llanos Orientales), que es un conocido Contratadero de las mafias llaneras, se alzó con miles de millones de pesos en unos contratos para vías en Arauca que seguramente terminaran siendo otros elefantes blancos.
Esta grave situación demanda fortalecer el Control social, la Veeduría y la Auditoria comunitaria para proteger los dineros de la paz. Adicionalmente, hay que impulsar un amplio proceso de organización de las comunidades de los 170 municipios Pdet, para hacer contrapeso a las mafias del contratismo que drenan los presupuestos de la paz hacia cuentas particulares.
Horacio Duque Giraldo.
Foto tomada de: Centrol PDET
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