Se trata de los territorios y espacios geográficos periféricos en que la violencia alcanzó sus mayores niveles asociados con las condiciones de exclusión, pobreza y violación de los derechos humanos, reflejado en las masacres, exterminio de líderes, desplazamiento y despojo de tierras a millones de campesinos.
El Estado organizó dichos municipios en 16 Pdet (Planes de desarrollo con enfoque territorial), con sus propios planes de transformación de los territorios, e hizo la previsión financiera para darle soporte financiero a los mismos con la destinación de una importante cuota de los ingresos por Regalias (petroleras y mineras) del Estado; dineros que serían administrados por el Ocad paz organizado para el efecto mediante el decreto ley 1534 del 2017.
Así, tenemos que tal espacio institucional dirigido por una Junta de tres integrantes con voz y voto, de la que hacen parte un delegado de la Oficina de paz de la presidencia, un alcalde y un gobernador; con la presencia de dos senadores y dos representantes (con voz pero sin voto) y de otros funcionarios (36) de la Sub dirección de Regalias del DNP, ha realizado sus labores desde el 2017, aprobando proyectos de inversión para dichos municipios en una cifra cercana a los 23 billones de pesos, que en gran porcentaje se han extraviado por las alcantarillas de la corrupción, la ineficacia e ineficiencia agenciada por 12 grandes “contrataderos” o monopolios contractuales que tienen secuestrado el Ocad paz sin que exista poder humano capaz de proteger esos recursos presupuestales. Hay allí una suerte de complicidades criminales con graves daños a los derechos y el bienestar de más de 7 millones de seres humanos sin la más mínima capacidad para defenderse porque las formas de organización social son inexistentes y las denominadas curules de paz (16) se encarrilaron rápidamente en los juegos del clientelismo, de las prebendas burocráticas y los cupos indicativos en la hacienda central del gobierno.
El Ocad paz ha realizado al día de hoy 79 sesiones, y de estas, 8 sesiones (entre la 52 a la 60) ostentan el campeonato de la corrupción y la degradación ética de la administración pública. El país conoció que, en el primer semestre del 2022, bajo la responsabilidad de Emilio Archila como delegado presidencial de paz de Ivan Duque y con la bochornosa injerencia del director del Dnp, de delegados de la Contraloría y de decenas de funcionarios viabilizadores (traficantes de proyectos) del Sistema General de Regalias, se realizó la más descarada repartija de 500 mil millones de pesos (medio billón) que fueron a parar a las cuentas de altos funcionarios de la administración uribista del señor Ivan Duque; hecho criminal que está en la más completa impunidad como consecuencia de una presunta inacción penal de la Fiscalía General de la Nación, que aún no se pronuncia al respecto y menos sobre las recientes denuncias del ex director del DNP, ex senador Alexander Lopez, quien en el 2023 denuncio el robo de casi 16 billones de pesos de los presupuestos de Regalias.
Además de esta irregularidad penal, lo más grave es que las cosas no parecen mejorar al interior del Ocad paz porque los enjambres oscuros de viabilizadores y tramitadores de proyectos se han reorganizado para hacer prevalecer la corrupción y el despojo de los dineros de la paz.
Aunque, al inicio de la actual administración progresista del Pacto Histórico se hicieron algunos ajustes en la metodología y procedimientos para construir y seleccionar los proyectos de inversión del Ocad paz y se dieron las valientes denuncias del Alexander Lopez, como ex director del Departamento Nacional de Planeación, la porosidad y el riesgo se han escalado con mucha sofisticación, tanto desde la Dirección de Gestión y Promoción (DGP) del Sistema General de Regalías (SGR), encargada de la secretaria técnico del OCAD Paz, como desde la Subdirector de Gestión de Proyectos, que en compañía de una amplia red de “expertos” presuntamente direccionan y acomodan (mediante puntajes espurios), los proyectos radicados, con los cumples (certificados de planeación ministerial) y cetus (certificados técnicos de DNP) establecidos en las normas correspondientes para dar la viabilidad a los proyectos.
Todo esto ocurre porque el control ciudadano (ley 1757 del 2015), la Veeduría y la Auditoria comunitaria no existen en tal espacio de decisiones financieras. Las comunidades de los 170 municipios que atiende el Ocad paz están excluidas de las sesiones y deliberaciones de este organismo, mientras decenas de funcionarios se las arreglan para ejercer su oscura presión con el objetivo de direccionar los presupuestos correspondientes y los proyectos arreglados.
Que es lo que, a mi juicio, sucedió en el Ocad paz del 13 de diciembre del 2024 (ver https://www.sgr.gov.co/Inversi%C3%B3n/OCADPAZ/SesionesOCADPAZ.aspx ) en que se adjudicaron, en modo exprés, partidas por casi un billón de pesos que presuntamente favorecieron a ASOSUPRO, un contratadero presuntamente utilizado por un gobernador y la Secretaria técnica del Ocad paz para direccionar proyectos de infraestructura plagados de irregularidades.
Que es también lo que presuntamente sucedió con la convocatoria del Ocad paz hecha para el bienio 2025-2026, anunciada con bombos y platillos mediante propaganda estatal, en la que se adjudicaran proyectos por cerca de 6 billones de pesos, colocados en alto riesgo; situación que demanda la más eficaz intervención de los organismos de control y la activación de los mecanismos de control social establecidos en la Ley 1757 del 2015.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: Canal Institucional
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