Como ha expuesto el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP) en su reciente análisis, esta legislación es un descarado regalo a los ultra ricos y a las multinacionales, pagado por los trabajadores.
Lejos de aliviar a los hogares con dificultades, el proyecto de ley ampliaría las ya obscenas disparidades de riqueza e ingresos en Estados Unidos. En 2026, el 1 % de los contribuyentes con mayores ingresos recibirá 124 000 millones de dólares en recortes fiscales, más que el total combinado que recibirá el 60 % de los contribuyentes con menores ingresos. En promedio, eso supone una ganancia inesperada de 70 000 dólares por millonario. Mientras las familias de clase trabajadora luchan por pagar el alquiler, los multimillonarios podrán ahora transferir hasta 30 millones de dólares a sus herederos libres de impuestos, gracias a los cambios en el impuesto sobre el patrimonio.
Y la cosa empeora. Si se tienen en cuenta los aranceles, que afectan de manera desproporcionada a los hogares de la clase trabajadora al aumentar los precios de los productos de primera necesidad, los modestos recortes fiscales para el 80 % más pobre se evaporan. Para el 40 % más pobre, el trumpismo supondrá, en la práctica, un aumento neto de los impuestos. En los estados con sistemas fiscales menos progresivos, los beneficios son aún más escandalosos. En 23 estados, el 1 % más rico recibirá recortes fiscales medios que superarán los 75 000 dólares. Eso no es solo regresivo, es una guerra de clases en toda regla. (Y ni siquiera he mencionado el sufrimiento que padecerán los estadounidenses con bajos ingresos para ayudar a pagar la factura, incluidos los millones que perderán su seguro médico).
Pero la lógica del proyecto de ley tiene sentido cuando se deja de pensar en él como una política económica racional y se empieza a ver como lo que realmente es: una consolidación del poder de clase. En esencia, esta legislación trata de transferir la riqueza del trabajo al capital, del sector público a los intereses privados, de la mayoría a la minoría.
Un plan para profundizar la desigualdad
El proyecto de ley proporciona más pruebas de que, a pesar de los intentos de Trump de deshacer las últimas décadas de globalización, Estados Unidos no ha renunciado a su papel de protector del capitalismo global. Los inversores extranjeros, que poseen importantes participaciones en empresas estadounidenses, se beneficiarán de 23 000 millones de dólares gracias al proyecto de ley. Eso es casi seis veces lo que recibiría la quinta parte más pobre de los estadounidenses.
El proyecto de ley también cancela los aumentos del impuesto de sociedades previstos anteriormente, que se introdujeron para frenar la evasión y el fraude fiscal. Estos cambios costarán 164 000 millones de dólares en los próximos 10 años, lo que permitirá a las grandes empresas seguir almacenando miles de millones en paraísos fiscales. Aunque hay pocas pruebas de que incluso los recortes fiscales a las empresas mejor diseñados aumenten realmente la inversión, este proyecto de ley solo va a facilitar la evasión y el fraude fiscal, lo que probablemente reducirá la inversión empresarial en Estados Unidos.
No se trata solo de un mal proyecto de ley. Es un plan para profundizar la desigualdad, acelerar la erosión del contrato social y ampliar aún más el poder de la clase multimillonaria. Si se aprueba en el Senado, supondrá una enorme y duradera redistribución de la riqueza, que pasará de la clase media y trabajadora estadounidense a la creciente cohorte de multimillonarios del país.
Trump, por supuesto, ya tiene antecedentes. Sus recortes fiscales de 2017 fueron un enorme regalo para las grandes empresas. Las grandes empresas tomaron el dinero de los recortes fiscales y lo utilizaron para recomprar sus propias acciones, lo que provocó una subida vertiginosa de los precios de las acciones. Como mostró el análisis del Center for American Progress, los recortes fiscales beneficiaron de manera desproporcionada a los ricos, lo que exacerbó de manera cuantificable la desigualdad y erosionó «los ingresos que, de otro modo, podrían haberse utilizado para abordar las prioridades nacionales».
Agendas de abundancia frente a agendas antioligárquicas
Los recortes fiscales son una prueba más de que el trumpismo es un caballo de Troya para los ricos. Trump ha presentado su guerra comercial como una forma de devolver los puestos de trabajo a Estados Unidos para elevar el nivel de vida de la clase trabajadora. Pero, al mismo tiempo, ha destrozado la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), que tanto ha hecho en los últimos años para apoyar a los trabajadores que luchan contra los empleadores explotadores. Y ahora está introduciendo una nueva ronda de recortes fiscales diseñados para beneficiar a las grandes empresas y a los ricos.
No hay nada accidental en todo esto. Mientras los demócratas discuten sobre ajustes tecnocráticos con nuevas etiquetas (abundancia, te estoy mirando), los republicanos legislan con una claridad implacable: saben a quiénes sirven y cumplen. Y si las líneas de batalla en la lucha de clases se vuelven demasiado evidentes, desvían la atención de la gente hacia chivos expiatorios predecibles, desde los migrantes hasta las personas trans.
La izquierda tiene que luchar contra la derecha en su terreno menos cómodo: el de la política de clases. Los datos muestran que este enfoque es popular. Una encuesta reciente de Demand Progress, una organización progresista que lucha contra el poder corporativo, reveló que los votantes demócratas prefieren un mensaje antioligárquico al programa de abundancia por 42 puntos. Y todos los votantes prefieren el mensaje antioligárquico al mensaje de abundancia, que se centra en la desregulación para mejorar la prestación de infraestructuras, por más de 12 puntos.
Pero la izquierda tiene que ir más allá de un cambio de mensaje. No basta con exponer la injusticia de estas políticas, también debemos construir el poder político para sustituirlas. Parte de la razón por la que los demócratas están tan enamorados de la agenda de la abundancia es que les permite aparentar que están probando una nueva estrategia económica radical sin molestar a sus grandes donantes corporativos. Necesitamos construir el tipo de poder popular que pueda rivalizar con el control corporativo de los partidos políticos mayoritarios.
Eso significa luchar por un sistema fiscal basado en la redistribución, la solidaridad y el control democrático de la economía. Porque hasta que no rompamos el dominio del capital sobre el Estado, los ricos seguirán escribiendo las reglas y el resto de nosotros seguiremos pagando el precio.
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