Las y los docentes jubilados apoyamos las políticas del gobierno del cambio que mejoraron la vida de los pueblos oprimidos y explotados; tales como, la entrega de tierras a los campesinos que fueron víctimas del despojo violento de sus predios, del asesinato y la desaparición de sus familiares y el desplazamiento forzado por el conflicto armado con las FARC y por acción del narco-paramilitarismo, engendro creado por el expresidente Álvaro Uribe; la reforma pensional que rescató de la voracidad de los fondos privados de pensiones el derecho a pensionarse de más del 70% de trabajadores de bajos ingresos, quienes pasaron a fortalecer, como afiliados obligatorios el fondo público COLPENSIONES, el bono pensional de $230.000 mensuales que será entregado a cerca de tres millones de adultos mayores que nunca pudieron construir una pensión; además, en justicia y para beneficio de la mujer trabajadora, redujo de 1300 a 1150 el número de semanas de cotización para acceder una pensión vitalicia.
Con la reforma laboral, Ley 2466/2025, aunque recortada, se ordenó el restablecimiento progresivo de los derechos laborales a la clase trabajadora, que les habían sido despojados por los gobiernos mafiosos de Cesar Gaviria (Ley 100/1993) y Álvaro Uribe Vélez (Ley 789 de 2002); el restablecimiento de los derechos laborales y de seguridad social en salud para más de 400.000 estudiantes (aprendices) del SENA, la laboralización del trabajo del cuidado que realizan las madres comunitarias, quienes gozarán de plenos derechos y podrán acceder a una pensión de jubilación; las medidas orientadas a la formalización de decenas de miles de trabajadores en las plataformas de reparto, el pago de un salario mínimo y protección en salud para los médicos internos, etc.
Dicha Ley, revirtió parcialmente la flexibilización laboral, declaró el contrato a término indefinido como regla general, reguló el contrato a término fijo como excepción justificada, con un máximo a cuatro años y solo por obra labor que no podrá repetirse indefinidamente, recuperó las jornadas laborales, diurna de 6am a 7pm y nocturna de 7pm a 6am, restableció el pago de recargos por trabajo en dominicales y festivos al 100%, que el matarife había reducido al 75%, disminuyó la precarización y la flexibilización laboral; al tiempo que, el presidente, mediante decreto, ordenó aumentar el miserable auxilio económico de $300.000 mensuales que le daban los gobiernos capitalistas a los soldados por prestar el servicio militar obligatorio, hasta un salario mínimo a partir del primero de enero de este año, Etc.
Finalmente, el presidente, basado en el olvidado por los gobiernos de los ricos, artículo 53º de la Carta Política que consagró el derecho de la clase trabajadora a devengar una “remuneración mínima, vital y móvil”, expidió el decreto que incrementó el salario mínimo y el subsidio de transporte, cuya suma asciende a $2.000.000, equivalente a un aumento del 23%; con este aumento, el gobierno sostuvo durante los cuatro años su política de mantener el poder adquisitivo del salario mínimo, mediante incrementos superiores a la inflación acumulada, con el positivo resultado de un aumento del salario real en 38,8%, con el cual las y los trabajadores podrán comprar más alimentos y productos de la canasta básica, circuló más dinero y, por consiguiente, creció la demanda de bienes y servicios, los patronos se vieron obligados a contratar más trabajadores y aumentó la oferta en el mercado, la economía creció y el desempleo se redujo significativamente.
Dichas conquistas que se lograron con el acompañamiento de multitudinarias movilizaciones, mejoraron la vida de la clase trabajadora urbana y campesina y de los sectores sociales y populares excluidos y más pobres de Colombia, pese al boicot, la guerra mediática y el saboteo a las reformas democráticas, decretado por la alianza mayoritaria de las bancadas neoliberales, los gremios empresariales, las multinacionales y sus medios de comunicación corporativos.
Además de los tres millones de trabajadores y sus familias, beneficiados con estos reajustes, incluido el del 23% para 2026, también resultaron favorecidos cerca de 1.2 millones de pensionados y pensionadas, cuya mesada pensional es igual al salario mínimo, con la consecuente actualización del poder adquisitivo de su mesada hasta en un 38:8% real; cuestión que ponderamos y apoyamos. Pero, al mismo tiempo, deploramos que cerca de 1.2 millones de pensionados y pensionadas, incluidos más de 245.000 docentes jubilados y jubiladas, cuyas mesadas son superiores o ligeramente superiores al salario mínimo, tales ajustes han impactado negativamente sus ingresos y, por consiguiente, su poder adquisitivo se ha venido deteriorando progresivamente a lo largo de más de 33 años de vigencia de la ley 100/1993. A este numeroso sector el incremento del salario mínimo le ha representado una nivelación por lo bajo de sus mesadas pensionales.
En el cuatrienio del presidente Petro, dichas mesadas se han menguado en su poder de compra, en la misma proporción en que se ha incrementado el salario mínimo; es decir, en este año, gracias a la ley 100/1993, las mesadas pensionales mayores al SMLV, se incrementarán nominalmente en 5.1%, correspondiente al IPC registrado en 2025; por consiguiente, en 2026 registrarán una pérdida del poder adquisitivo equivalente al 18%, que es la diferencia con el incremento del salario mínimo. En consecuencia, sumados los incrementos del mínimo en el cuatrienio de Gustavo Petro, los ingresos de este importante sector de pensionados se deterioraron en 38.8%.
Nadie se puede llamar a engaños y echarle a Petro la culpa del empobrecimiento progresivo de quienes, con su trabajo, lograron construir una pensión, cuya mesada quedó casi congelada en el tiempo a causa del artículo 14 de la ley 100/1993 y condenada a crecer anualmente por la inercia del IPC, cada año se distancian mucho más del precepto constitucional que ordena la garantía de la remuneración mínima vital y móvil. Los responsables son también los gobiernos neoliberales de extrema derecha, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, autores de la ley que ató a la inflación anual los aumentos de las mesadas pensionales. Responsables son las bancadas mayoritarias en el Congreso de la República que negaron cualquier posibilidad de reformar la Ley 100/1993 en su artículo 14.
Pero, además, se debe reconocer la extrema debilidad y dispersión de las organizaciones gremiales de los cerca de 2.5 millones de pensionados, entre los cuales se cuentan la ANEP y las demás asociaciones de jubilados departamentales y distritales. En esas condiciones las dos confederaciones de pensionados (CPC y CDP) seguirán asistiendo como notarios de los acuerdos o desacuerdos en la mesa de concertación tripartita cada año. Las y los docentes que fuimos protagonistas de históricas luchas bajo la orientación de FECODE, requerimos con urgencia avanzar en la conformación de una fuerte Federación Nacional de docentes pensionados y pensionadas. Solo así podremos retomar el camino de la lucha por la defensa de nuestros derechos y la recuperación del poder adquisitivo de nuestras menguadas mesadas.
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro; así como, las y los candidatos a Senado y Cámara de Representantes, deben comprometerse a continuar y profundizar el programa de reformas democráticas, incluida la urgente reforma a la Ley 100, que ponga fin al billonario saqueo de los recursos públicos de la salud del pueblo colombiano, avance en el modelo de salud basado en la atención primaria , la prevención y promoción, y adopte un sistema de salud pública, gratuita y de calidad, que elimine los ladrones fondos privados de pensiones, que recuperen los derechos colectivos de la clase trabajadora y defina el crecimiento de las mesadas pensionales, superiores al salario mínimo, acorde al principio constitucional de “remuneración mínima, vital y móvil”, que represente un incremento real de su poder adquisitivo. Solo así, las y los pensionados colombianos tendrán motivos para votar tres veces por el Pacto en las elecciones del próximo domingo 8 de marzo de 2026.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y fiscal de la ANEP.
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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