El Corolario Trump

Cómo el cangrejo: atrapado entre las olas del mar y las rocas

Luis Alfredo Muñoz Wilches

“Colombia será el siguiente” En su más reciente pronunciamiento sobre Colombia, Donald Trump lanzó una nueva y explosiva amenaza contra el presidente Petro. Lo hizo frente a una nube de periodistas que esperaban conocer cuál sería el siguiente paso en la escalada de agresiones contra los pescadores caribeños y de amenazas al gobierno de Nicolas Maduro en Venezuela.

Durante su alocución, Trump volvió a dirigir sus dardos ponzoñosos contra el presidente Petro, diciendo:

“El presidente Petro va a tener grandes problemas conmigo si no se da cuenta. Si me está escuchando, más le vale que se dé cuenta o será el siguiente.”

La amenaza no pasó inadvertida. En boca de Trump, que en su segundo mandato se ha caracterizado por proferir amenazas, a diestra y siniestra, contra los países en los cuales tiene puesta la mira de los radares de la poderosa flota de barcos y aeronaves de combate. Ya bien sea para intimidar a sus mandatarios que se salen del libreto de la sumisión o para obtener su beneplácito con el saqueo de sus recursos; especialmente, de los combustibles fósiles y de los llamados “materiales raros” que son vitales para expansión de las industrias norteamericanas de tecnología y comunicaciones (TIC).

Tal como quedo expresado en la política exterior imperialista conocida como el “Colorario Trump”.

El Colorario Trump es una burda y ramplona reedición de la Doctrina Monroe (1823), proclamada por el presidente James Monroe, donde le advirtió a las potencias europeas no meter sus narices en el continente americano, al cual considera su patio trasero. Resumida en la famosa frase “América para los americanos”, según la cual cualquier intento de intervenir o seguir colonizando los países latinoamericanos sería visto como una agresión hacia EE.UU.

Un siglo después, mediante el Colorario de Roosevelt (1904), el presidente Theodore Roosevelt hizo una reedición de la Doctrina Monroe y se abrogó el derecho de EE.UU. de intervenir militarmente en países latinoamericanos considerados por el gobierno americano como “inestables”. Ya bien sea por el excesivo endeudamiento o mala gestión, la política exterior del “Policía” americano buscaba proteger sus intereses y evitar la intervención europea. Con lo cual se justificaron las intervenciones en Cuba, Nicaragua, Haití, Panamá y Republica Dominicana que marcaron una nueva fase de la política exterior expansionista del imperialismo Norteamericano.

Pero otras eran las circunstancias y el contexto internacional.

Ahora, 100 años después, el presidente Trump revive la política exterior del “Gran Garrote” en un intento por recuperar la hegemonía norteamericana en el continente y evitar el colapso de su modelo económico, el capitalismo salvaje.

Sin embargo, la creciente inconformidad de la sociedad norteamericana ente el incremento de la inflación, el aumento del desempleo y el recorte de los derechos civiles, ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Donald Trump.

Las recientes contiendas electorales locales y estatales en los Estados Unidos han sido la prueba más acida del segundo mandato de Trump. Los republicanos perdieron las elecciones en Nueva Jersey, Virginia, California y en la ciudad de Nueva York, donde un candidato musulmán y socialdemócrata, Zohran Mamdani, le propinó tremenda derrota.

El presidente Trump tuvo que tragarse sus palabras e invitar al alcalde electo de Nueva York a la Casa Blanca para sacar el pañuelo blanco y expresar el vergonzoso reconocimiento de su derrota.

En la más reciente encuesta (Gallup, nov. 25) el índice de aprobación de la gestión del presidente Trump se desplomó al 36%. Un balotaje que está muy lejos de la popularidad del presidente Petro (45%).

Esta medición también evidenció el profundo rechazo (70%) de los ciudadanos norteamericanos a una intervención militar en Venezuela.

En estas circunstancias, el presidente Trump se enfrenta a un dilema trágico. Los norteamericanos desaprueban una intervención militar de los EE.UU., que podría costarle la pérdida de las elecciones congresionales del 2026 e incluso la presidencia misma. Pero, tampoco puede retirar sus tropas del mar Caribe y detener los ataques a los indefensos pesadores, sin obtener ningún logro en su campaña contra Nicolas Maduro. Por eso ha optado por una actitud de “bipolaridad”. Continua su campaña de amenazas, a diestra y siniestra, mostrando los dientes. Mientras busca una salida negociada con Nicolas Maduro.

De esta forma, mantiene apaciguados los ánimos adversos de los demócratas norteamericanos y, al mismo tiempo, evita desautorizar a su Secretario de Estado, Marco Rubio y su jauría de halcones cubanoamericanos.

Los pescadores artesanales y las comunidades raizales entre las olas del mar y las rocas.

Esta semana se dieron cita en la Isla de San Andrés, las comunidades de pescadores y raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para manifestarle al Gobierno Nacional su preocupación y solicitarles garantías ante las amenazas e inseguridad alimentaria por la cual atraviesan estas comunidades ante la escalada militar y los constantes ataques con misiles de que son objeto por parte de las tropas militares norteamericanas desplegadas en el mar Caribe.

Desde septiembre de 2025 son más de 18 pequeñas embarcaciones pesqueras que han sido atacadas con misiles, disparados indiscriminadamente por las  tropas norteamericanas desplegadas en el Caribe, bajo el pretexto de ser narcolanchas que transportan drogas a los EE.UU. Estos cruentos ataques han arrojado más de 80 víctimas fatales que, la comunidad internacional y distintas voces de gobiernos y de la misma sociedad civil norteamericana, consideran como “crímenes de lesa humanidad”.

De acuerdo con lo expresado por Édgar Jay Stephens, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Providencia y Santa Catalina -I-Fish Association-, la gente que vive de la pesca artesanal tiene miedo y se siente profundamente vulnerable ante las amenazas y los ataques de las tropas norteamericanas. “Sabemos que hay un Estado, un gobierno nacional y un presidente que se opone a estas amenazas, pero también estamos seguros que no hay garantías para nuestra gente. Las Fuerzas Armadas de nuestro país no nos pueden garantizar protección.” ¡Ni siquiera han podido controlar la pesca ilegal que realizan las grandes embarcaciones pesqueras provenientes de Nicaragua!.

Los pescadores artesanales y las comunidades raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: tan lejos de Bogotá y tan cerca de amenaza Trumpista

Con motivo del Fallo de La Haya del 19 de noviembre de 2012^[1] los pescadores del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente la comunidad raizal, perdieron el acceso a zonas tradicionales de la pesca artesanal^[2] y comenzaron a sentir profundos impactos negativos en su seguridad alimentaria.

Estas afectaciones tienen que ver con la disminución de los ingresos familiares, el incremento de la incertidumbre y el riesgo de ser víctimas de atropellos por parte de las autoridades nicaragüenses, la presencia creciente de la pesca ilegal, y la pérdida de medios de vida como la pesca artesanal. Efectos negativos no solo económicos, sino también culturales y de vida, dada la estrecha relación ancestral y espiritual de estas comunidades con su territorio marino.

Estas afectaciones despertaron el reclamo de las comunidades de pescadores por la ausencia de medidas de protección eficaces por parte de los gobiernos territoriales y nacional para mitigar estos impactos. En particular, la comunidad raizal y las organizaciones de pescadores artesanales iniciaron una reclamación para el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales sobre las zonas tradicionales de pesca, apoyo económico y logístico, y la participación en las decisiones sobre el usos del espacio marino.

En el año 2022, ante falló adverso de la Corte (CIJ) que rechazó las pretensiones de Colombia de permitir actividades pesqueras en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) otorgada a Nicaragua, los gobiernos de Colombia y Nicaragua -a instancias de la misma Corte (CIJ)- establecieron un protocolo para proteger la pesca artesanal.

Los impactos socioeconómicos de esta situación han afectado la seguridad alimentaria de los pescadores artesanales de varias formas: en primer lugar limitando en acceso de los pescadores a los bancos de pesca y reduciendo de las capturas de especies comerciales^[3] y elevando los precios de productos de consumo familiar como el pescado rojo en más del 100%. En segundo lugar, el aumento de la presión de la pesca ilegal por parte de embarcaciones nicaragüenses y extranjeras en los cayos del Norte. En tercer lugar, las comunidades raizales -étnicamente ligadas a la pesca artesanal- han expresado su inconformidad por la falta de apoyo gubernamental para adaptarse a las nuevas condiciones creadas por el falló de La Haya^[4]. En cuarto lugar, la falta de diálogo institucional y el desconocimiento de sus intereses y la marginación en las decisiones públicas que afectan su territorio^[5]. En quinto lugar, los problemas en la ejecución de los recursos públicos^[6], generaron mayor desconfianza en las instituciones y reforzaron la necesidad de la participación de las comunidades locales y raizales para garantizar la transparencia y la eficacia en la ejecución de los recursos públicos.

Este conjunto de situaciones desembocaron en acciones populares interpuestas por las asociaciones de pescadores artesanales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina^[7], en la cual hace parte I-Fish.

La situación de Inseguridad alimentaria del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se agudiza

La pesca artesanal es una actividad económica tradicional ejercida principalmente por pescadores con más de 30 años de vinculación al oficio, pertenecientes a la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que tiene un componente económico, como fuente de generación de ingresos, pero también un componente cultural en la medida que hace parte de los oficios y tradiciones culturales que se heredan de padres a hijos y que contribuye a la afirmación de la identidad y costumbres del pueblo raizal.

Actualmente, el promedio de edad de los pescadores artesanales es de más de 50 años que, comparado con el promedio de 43 años que tenían en el censo pesquero (2002), se ha envejecido, mientras que el porcentaje de jóvenes (menores de 25 años) se ha reducido (6%), limitando las posibilidades de un relevo generacional. Lo cual, unido al poco interés que despierta entre los jóvenes, constituye una amenaza para la sostenibilidad de la pesca artesanal en el Archipiélago.

La mayoría de los pescadores son hombres (88,5%), lo cual constituye un predominio de masculinidad en el oficio; particularmente en las faenas de captura y procesamiento del producto pesquero que requieren destrezas y habilidades especiales para enfrentar las largas y riesgosas faenas de la pesca. Esta suerte de división sexual del trabajo, la atribuyen algunos estudiosos del tema a factores ambientales, culturales, históricos y sociológicos, así como también a las desigualdades de género en el acceso y generación de oportunidades que rodean la pesca artesanal.

El nivel educativo alcanzado por la mayoría (51,9%) es el noveno grado de educación media o técnica y reconocen (63,5%) haber recibido capacitación en las técnicas y artes de la pesca.

En relación al acceso a los bienes y/o servicios públicos, si bien la mayoría de las viviendas de los pescadores disponen de servicios públicos domiciliarios, sin embargo, el 47,6% carecen de acueducto y solo un 30% disponen de alcantarillado. Lo cual constituye una situación de privación de servicios públicos esenciales (agua potable y alcantarillado).

Desde el punto de vista de los ingresos familiares, la mayoría (49%) obtiene ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos (SMMLV), el 17,3% entre 2 y 3 salarios, el 20,2% logra ingresos superiores a 3 SMMLV y solo el 9,6% tienen menos de un salario mínimo. La mayoría de esos ingresos (más del 60%) provenientes de la pesca artesanal. Lo cual significa que la mayoría de los pescadores se encuentran por encima de la línea de pobreza monetaria.

Sin embargo, lo que marca las diferencias en el nivel de ingresos de las familias de pescadores son varios factores: en primer lugar, su pertenencia o no alguna organización, siendo ligeramente superiores los ingresos de los pescadores vinculados a las asociaciones. En segundo lugar, la posesión de equipos y embarcaciones más modernas y con mayor capacidad de carga y/o potencia, las cuales les reportan mayores ingresos cuando son propias o compartidas. En tercer lugar, el tipo de producto pesquero, siendo claramente mejores los ingresos de la pesca de langosta, caracol pala y especies de peces más comerciales. En cuarto lugar, la diversificación de las actividades productivas contribuye significativamente a mejorar los ingresos familiares, especialmente, cuando se complementa la pesca artesanal con actividades como el turismo, el comercio y los servicios, y la agricultura.

Otros factores que contribuyen a marcar las diferencias de ingresos es el número de personas que participan en las faenas, los días a la semana dedicados a la pesca y los lugares de pesca. Factores que contribuyen a incrementar la cantidad del producto pesquero y, por ende, de los ingresos de los pescadores que participan en faenas a mar abierto, con mayor cantidad de personas y que cuentan con embarcaciones más modernas y con mayor autonomía.

En general, el “esfuerzo pesquero” es mayor cuando la pesca se realiza en áreas de mar abierto, con mayor potencia de los motores de los barcos, con mayor cantidad de personas que participan en las faenas y cuando se aumenta el tiempo que los barcos pasan pescando. Siendo necesario sopesar muy bien este indicador para tomar decisiones mejor informadas y realizar una mejor gestión pesquera.

Actualmente, el nivel crítico de afectaciones a la seguridad alimentaria de las familias, en la medida que la actividad de la pesca artesanal les garantiza una provisión del producto pesquero adecuada para las necesidades del consumo familiar. De acuerdo con lo expresado por los pescadores artesanales y las autoridades locales, la actividad de la pesca artesanal se ha visto afectada en más de un 60%, debido a las amenazas y ataques militares.

La gente de las islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina siente miedo y, cada día que pasa, aumenta su temor a la inseguridad alimentaria que provoca ente ambiente de guerra en el Caribe!

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[1] Mediante Sentencia del 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya falló en el litigio interpuesto por el gobierno de Nicaragua (2001), reconociendo la soberanía de Colombia sobre las islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla, pero también declaró admisible la petición de Nicaragua de obtener una delimitación marítima apropiada al marco geográfico y jurídico constituido por las costas continentales de su país. Con lo cual Colombia perdío el dominio sobre 75.000 km2.

[2] Con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) Colombia perdió el domino sobre aproximadamente 75.000 km2 de aguas maritimas en el mar Caribe, en lo que se conoce como la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que incluian las zonas históricas de la pesca artesanal, especialmente en bancos ricos en recursos como Quitasueño, Serrana y Serranilla, donde abunda la langosta, caracol pala y muchas variedades de peces comerciales.

[3] Las capturas de langosta y otras especies comerciales por parte de los pescadores del Archipiélago cayeron de 150 toneladas en el 2012 a 40 ton actualmente.

[4] La Resolución 2565 de 2022 de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina generó conflictos al permitir a las empresas extrangeras contratar personal foráneo para realizar sus faenas de pesca, en zonas y tiempos de veda..

[5] La Resolución 1972 de 2023 de la AUNAP fue expedida sin consultar a los pescadores, lo que motivó reclamos por medidas inclusivas y sostenibles.

[6] La anulación del Decreto 0449 de 2022, mediante el cual se designó a un operador foraneo (Aremca), puso en evidencia las irregularidades en la gestión de los recursos de regalías destinados al desarrollo pesquero.

[7] Las Asociaciones de pescadores artesanales de San Andrés y Providencia interpusieron dos acciones populares ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para proteger los derechos e intereses colectivos de las comunidades raizales de Providencia y Santa Catalina que consideraron vulnerados por las acciones del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Gobernación del Departamento, CORALINA y la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina.

Luis Alfredo Muñoz Wilches, Economista y MSc en Análisis de problemas económicos, políticos e internacionales del mundo contemporáneo

Foto tomada de: fao.org