El último Código Electoral tiene 40 años de haber sido expedido y los diferentes cuatrienios de legisladores no se han empeñado en darle a Colombia las normas necesarias para que opere bien la Democracia. Una reforma política a fondo tampoco se ha hecho en el Congreso, la última que se intentó en el año 2024 fracasó en diciembre por disolución del quorum (táctica para entorpecer); el nuevo Código Electoral apareció nonato ese mismo año, la Corte Constitucional lo declaró imperfecto por vicios de procedimiento en su trámite. En el siglo XIX los baches y las lagunas jurídicas en lo electoral proliferaron; hasta 3 de las 9 guerras civiles se originaron por fraudes electorales. En el siglo XX las irregularidades antes del Frente Nacional fueron insumos para la guerra bipartidista; durante el Frente Nacional (1958/1974), el bipartidismo y su monopolio sobre el Estado excluyeron a las terceras fuerzas políticas; y en el post Frente Nacional (1974/1990) el fraude electoral se volvió sistémico; bastaría recorrer las hemerotecas de los principales periódicos de circulación para encontrar en los primeros meses después de cada elección, el listado de quejas desde los diferentes municipios. Fraudes a tutiplén que han impulsado la violencia. En Colombia nunca ha funcionado cabalmente la Democracia.
El CNE nació con deformidades y cada vez que actúa en casos de importancia, pero que no le convienen a la mayoría de sus integrantes y a sus jefes de estirpe bipartidista tradicional (hoy transmutados con nombres de mera fachada, cometen más atrocidades. El CNE es una entidad esperpéntica que no garantiza la transparencia electoral. Una entidad que no pertenece a ninguna de las tres ramas del poder público estorba y le hace daño a la Democracia. El Congreso de la república taponó los mecanismos de participación popular. Y el CNE ni siquiera facilita las consultas un mecanismo de participación (artículo 103 de la Constitución). El CNE debe desaparecer en una Constituyente que logre convocarse para que nazca un tribunal electoral que tenga seriedad y de garantías a todos.
Los miembros de CNE deberían leer a Rousseau para que reflexionen sobre los componentes de la población respecto a la participación electoral y diferencien al pueblo que no participa (los abstencionistas) por ende, no ejercen la soberanía popular y no expresan la voluntad General. Para que diferencien al pueblo de la nación. La voluntad general permitió la concepción de la soberanía popular (en la edad media no había elecciones). En mi reciente libro sobre el poder constituyente lo expreso de esta manera. El ciudadano integrante de la Voluntad General, al votar, acepta las leyes que se expiden, incluidas las anteriores que componen el Estado de Derecho, pero cuando se percata de las trapisondas o de los intereses ocultos enclavados en las leyes, puede demandar su inconstitucionalidad. Y si el cúmulo de esas leyes va contra la Voluntad General y la soberanía popular (contra lo que se aspiraba o quería); entonces se agrieta la credibilidad de la Rama Legislativa (el Congreso), sobrevienen los choques con el pueblo que reclama desde las calles al ser burlado, no ser oído y habérsele negado la expresión con los mecanismos de participación popular, entre ellos la Consulta Popular.
Un ringlero de hechos podría mencionar para demostrar los adefesios que comete el CNE. Pero basta con resaltar, la exclusión del candidato Ivan Cepeda para que no participe en las elecciones a consulta popular de selección del 8 de marzo 2026. Confunden de mala fe disfrazando de interpretación esa censurable actuación, confunden consulta partidista con consulta interpartidista. La consulta del 26 de octubre 2025 se hizo entre las fuerzas políticas que concluyen en el Pacto Histórico para dejar aspirar a los precandidatos de esa variedad de matices del progresismo, y ganó Ivan Cepeda.
La consulta del 8 de marzo será interpartidista para formar frentes amplios o coaliciones entre partidos políticos y movimientos de diferente origen, por lo tanto, no es acudir 2 veces a la misma clase de consulta. Todas las deformaciones del CNE y sus prácticas aviesas, las describí en la Revista Sur, dentro de mi columna titulada Los miembros del consejo nacional no son magistrados editada el 23 de septiembre 2024 https://www.sur.org.co/
Si la democracia no funciona, menos los subsistemas que la integran. Los partidos políticos son subsistemas y están operando sin democracia interna para competir. Las cúpulas de las elites dirigentes coartan las bases electorales y pactan con los gobiernos favores para sí. Ese es el caso palmario del liberalismo con César Gaviria y del conservatismo con Efraín Cepeda que han disminuido la dimensión de estos partidos y desideologizado a estas formaciones políticas sin dejar a un lado la atomización que vivieron estos partidos desde el año 2003 cuando afloraron varios bipartidismos enmascarados, liberales y conservadores con nombres remozados: Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana, La U, Cambio Radical, El Centro democrático y otros. O débiles fracciones regionales convertidas en partidos políticos y la multiplicidad de partidos creados por avivatos para negociar avales. Otra ha sido la conducta de los movimientos sociales.
De 107 personas, ya depuradas las listas de aspirantes a la presidencia de la república, 3 grupos de coaliciones se formaron para que los votantes puedan escoger. Todos reclaman o fingen ser del centro político pero la figura más reconocida del centrismo no concurrió ni aparece en ninguna de las 3 listas, el señor Sergio Fajardo. Y los militantes de izquierda algunos se dispersaron, el resto de la izquierda, del progresismo, se abstendrán de votar ante la arbitrariedad del CNE contra Ivan Cepeda. Pero se organizaron en listas cerradas para aspirar al Senado y a la Cámara de Representantes.
Alberto Ramos Garbiras, Magister en Ciencia Política (Universidad Javeriana).
Foto tomada de: Infobae
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