La firma de la Resolución 053 de 2026 por parte del presidente Gustavo Petro marca un hito en el complejo proceso de paz total con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Lejos de ser un acto administrativo aislado, esta resolución es la materialización de un largo camino de negociaciones y acuerdos previos, y su análisis permite comprender tanto los avances concretos como los enormes desafíos que enfrenta la apuesta del gobierno por la “paz total”. Este artículo explora el contenido de la resolución a la luz del desarrollo de los diálogos con este grupo armado.
El Camino Hacia la Resolución: Negociaciones que Construyeron el Acuerdo
La Resolución 053 no surge de la nada. Es el resultado de una mesa de diálogos que ha venido produciendo acuerdos desde 2025. Un hito fundamental fue el Acuerdo No. 10, suscrito el 25 de mayo de 2025, en el que el Gobierno y la CNEB sentaron las bases para la ubicación temporal de 120 de sus integrantes, 60 en el departamento de Putumayo y 60 en Nariño. Este acuerdo prefiguraba ya la necesidad de establecer zonas temporales para facilitar el tránsito a la vida civil, de integrantes de esta estructura armada.
Posteriormente, en diciembre de 2025, durante el sexto ciclo de diálogos en Barbacoas (Nariño), las partes firmaron los Acuerdos 13 y 14, que profundizaron en los compromisos. El Acuerdo 14 es particularmente relevante, ya que se configura como el “acuerdo marco sobre las zonas para la capacitación integral y ubicación temporal”. En él se determinaron garantías de seguridad física, económica y judicial para los miembros de la CNEB, y se establecieron objetivos claros como “iniciar la ruta gradual de desuso, entrega y destrucción de armas”, “iniciar el tránsito a la ciudadanía plena” y desarrollar un proceso de reintegración integral. Fue en este acuerdo donde se propusieron formalmente las dos zonas piloto: una en Roberto Payán (Nariño) y otra en Valle del Guamuez (Putumayo).
Es en este punto donde la Resolución 053, firmada por el presidente Petro el 25 de febrero de 2026, cobra vida, ejecutando lo pactado para el departamento del Putumayo.
Análisis de la Resolución 053: Zona de Transición y Suspensión de Órdenes de Captura
El corazón de la Resolución 053 es el establecimiento de una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZOCIUT) en el área rural del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo. Con una vigencia de 10 meses (diciembre 2026), este espacio supera el periodo constitucional del actual gobierno, que termina en agosto de 2026, lo que imprime un carácter de política de Estado más allá de una sola administración.
El objetivo central de la zona es claro: “adelantar el proceso de tránsito a la vida civil” de los miembros acreditados de la CNEB. Para hacer esto posible, la resolución activa un mecanismo crucial contemplado en la Ley 2272 de 2022 (que prorrogó la Ley 418): la suspensión temporal de órdenes de captura.
El parágrafo 3 de la resolución es explícito: “dentro de la zona de ubicación temporal (…) queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano” que se encuentren en ella o en desplazamiento hacia la misma, siempre que estén en los listados validados por la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
Este punto es quizás el de mayor relevancia jurídica y política. La suspensión cobija, en principio, a figuras de alto perfil como Geovani Rojas, alias “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera (una estructura de la CNEB), para quien la Corte Suprema ya había dado vía libre a una solicitud de extradición. La resolución no levanta las órdenes de forma definitiva, sino que las suspende temporalmente como un incentivo y una garantía para que los negociadores y combatientes se concentren en el proceso de dejación de armas y transición a la legalidad.
Entre la Confianza y la Incertidumbre.
El análisis de la resolución y su contexto revela un escenario de luces y sombras, de avances significativos y de profundas preocupaciones.
Por un lado, el gobierno y su delegación, encabezada por Armando Novoa, celebran el paso como una materialización de la paz. “Hemos dado un paso firme mostrando que el camino que abrimos en esta Mesa de Diálogos de Paz se empieza a materializar”, afirmó Novoa. La creación de la ZUT se complementa con hechos concretos por parte de la guerrilla, como la entrega de cerca de 14 toneladas de explosivos, minas y granadas en un evento en Puerto Asís, lo que demuestra una voluntad de desescalamiento.
Además, los acuerdos van más allá de lo militar. El Acuerdo 13, por ejemplo, establece garantías electorales para los comicios de 2026, en el que la CNEB se compromete a no adelantar “proselitismo armado” y a respetar el libre ejercicio del voto, un paso crucial para su transformación en actor político. También se han comprometido a colaborar en la erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de coca en Nariño y Putumayo.
Desarme (15 de octubre 2025) Entrega para la destrucción de 14 toneladas de explosivos, demostrando un desescalamiento del conflicto.
Sustitución de Cultivos Compromiso de colaborar en la erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de coca.
Sin embargo, el escepticismo y las advertencias también son fuertes. La revista RAYA, en una investigación de campo, identifico la zozobra que se vive en la región fronteriza con Ecuador. La tensión diplomática con el país vecino y el anuncio de operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos en la frontera norte generan una enorme preocupación entre líderes sociales, la iglesia y los propios negociadores de paz.
El temor, expresado incluso por un integrante de otro grupo en diálogo (Comuneros del Sur), es que estas operaciones, posiblemente con participación encubierta de fuerzas extranjeras, intensifiquen el conflicto y terminen por anular los avances. “El temor que tenemos es que fuerzas ecuatorianas hagan un operativo de penetración por la frontera y capturen gente nuestra para luego extraditarla a los Estados Unidos”, manifestó un integrante de Comuneros del Sur a la revista. Este clima de incertidumbre internacional contrasta fuertemente con los acuerdos locales de paz.
En el plano interno, también surgen dudas sobre la sinceridad del proceso. Informes de inteligencia citados por El Tiempo advierten sobre una posible “jugada” de la estructura armada: concentrar en las ZUT a combatientes que ya estaban en proceso de salida, una maniobra que no impactaría de manera real su capacidad ni su accionar criminal en otras zonas. Esta sospecha alimenta el argumento de los críticos, que ven en estas zonas un “santuario” temporal para criminales sin un desarme efectivo.
Conclusión: Una Posibilidad Real en Medio de la Tormenta
La Resolución 053 de 2026 es, sin duda, un instrumento jurídico audaz que busca darle un cauce institucional y negociado al fin de un actor armado. Refleja la voluntad del gobierno de Gustavo Petro de apostar por la “paz total” incluso en el ocaso de su mandato, sentando bases que trascienden su periodo. Los acuerdos alcanzados, la entrega de material de guerra y los compromisos de desescalamiento son hechos tangibles que no pueden ignorarse. Pero también hay que advertir que este proceso se sostiene jurídicamente en la ley 2272 de 2022, aun no cuente con un marco jurídico especifico para la desmovilización de este actor armado, que garantice seguridad jurídica tanto para los futuros excombatientes como para la misma sociedad colombiana.
No obstante, el análisis del proceso revela que la paz no se construye únicamente en las mesas de diálogo ni se garantiza con resoluciones presidenciales. El éxito de la ZUT en Valle del Guamuez y de todo el proceso con la CNEB dependerá de su capacidad para navegar en un entorno extraordinariamente complejo. Las tensiones internacionales, las dinámicas del narcotráfico, las suspicacias de la Fuerza Pública y de una parte de la sociedad, y la sombra de la extradición, son tormentas que amenazan con hundir este frágil barco.
La resolución abre una puerta, pero el camino para que los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano crucen definitivamente hacia la vida civil está lleno de obstáculos que requerirán no solo de la buena fe de las partes, sino de una inteligencia política y una coordinación institucional mayúsculas para sortearlos.
Henry Cuervo Castillo, Investigador Observatorio del Conflicto y La Paz, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: El País Cali
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