“La democracia colapsa cuando el árbitro deja de ser neutral. Eso ocurre hoy en Colombia con el CNE”.
La política de la oposición en Colombia se opone de manera irracional a la posibilidad de una democracia justa y progresista. No actúa como una alternativa programática sino como una fuerza incapaz de disputar al proyecto progresista en el terreno de las ideas, por eso en los últimos años ha capturado instituciones estratégicas del Estado: las Cortes, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría. La Fiscalía, y organismos de control.
Cuando el juez toma partido, la democracia deja de ser competencia y se convierte en simulación. Formalmente independientes, en la práctica funcionan como engranajes de un sistema de favores cruzados. Esa captura explica por qué tantas decisiones públicas terminan favoreciendo a los mismos grupos empresariales y políticos.
La realidad política del último medio siglo —marcado por ilegalidad, violencia y neoliberalismo— es consecuencia de una irracional oposición política, de una tecnocracia subordinada al mercado, de una ideología de ultraderecha y de élites empresariales rentistas que, junto con una justicia politizada, capturaron el Estado y sus poderes.
La narrativa destructiva se debe al buen momento que vive Colombia con el primer gobierno progresista, a pesar de errores y traiciones. El discurso de la oposición estimula la agresividad, la mentira y la corrupción con el fin de ganar las elecciones de marzo y de mayo de 2026. La disfuncional derecha usa cuanto desvío jurídico se le ocurre. El resultado, un Estado que protege privilegios y no derechos.
El CNE ha dejado de comportarse como garante de reglas para convertirse en un torcido actor político. Sus decisiones lo evidencian: excluir al senador Iván Cepeda de la consulta presidencial e intentar invalidar listas del Pacto Histórico no son simples trámites administrativos. Son intervenciones que alteran la competencia democrática y desafían la paciencia ciudadana, porque un árbitro no decide quién puede jugar.
Sus medidas no afectan solo a un candidato o a una coalición. Debilitan la legitimidad del proceso electoral, desesperan a la ciudadanía, la confrontan, la desafían, se burlan de ella, la utilizan. Si la autoridad que debe garantizar igualdad de condiciones actúa selectivamente, el voto pierde sentido como mecanismo de decisión colectiva, y puede venir la protesta política y social, porque se le niegan derechos y anhelos de elegir a quienes quieren y consideren.
La gravedad del momento radica en que Colombia atraviesa el primer gobierno progresista de su historia reciente. Con errores, traiciones y tensiones propias de un nuevo proyecto, ha abierto debates sobre justicia social, equidad, acceso a servicios de educación y de salud, transición energética, reforma agraria, que durante décadas fueron bloqueados por las élites tradicionales. La popularidad del presidente Petro, de Iván Cepeda, Carolina Corcho y demás líderes del Pacto Histórico, es muy alta. Pero, la respuesta de la ultraderecha no ha sido deliberar sino mentir y obstaculizar.
El país arrastra problemas estructurales —desigualdad extrema, periferias abandonadas, captura privada del presupuesto público, rezago científico y educativo— que no se resolverán con más concentración del poder institucional en manos de quienes han administrado el fracaso durante décadas. Sin embargo, este bloque pretende condicionar las elecciones mediante decisiones jurídicas selectivas.
Cuando la política se judicializa para excluir adversarios, la democracia se vacía.
Las elecciones de 2026 serán decisivas. Más que una contienda entre candidatos, serán un referendo sobre el tipo de Estado que queremos: uno capturado por élites que gobiernan desde despachos y tribunales, o uno donde la soberanía popular se exprese sin interferencias y defienda sus derechos. Por eso, la coherencia democrática exige algo elemental: respeto al progresismo como la mayor fuerza política y reglas iguales para todos.
El Consejo Nacional Electoral ya no puede actuar como institución, escogió actuar como facción contra la democracia, y como instrumento de deterioro y conflicto político y social.
La realidad de Colombia evidencia nuevamente temores sobre el futuro, cuando las cosas van mejor, pero volverán a ser peores si la oposición al progresismo recupera el poder para dominar hasta el sacrificio a la sociedad. La oposición se sabe derrotada.
Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y demás progresistas, deben saber que no contarán el 8 de marzo con los votos por Iván Cepeda. El Pacto votará masivamente para el Congreso, pero no en la consulta para escoger el candidato que en mayo disputarán la presidencia.
Deben renunciar a la consulta y desde ya conformar una gran fuerza en torno a la figura del Senador Cepeda víctima de Álvaro Uribe y del Consejo Nacional Electoral. Es un asunto de coherencia y consistencia política porque Cepeda es el líder en las encuestas y que llena plazas con el fervor de la gente. El único atractivo es el Pacto Histórico, su candidato a la presidencia y sus candidatas y candidatos al congreso de la república, porque la oposición ofrece promesas que no cumple, vida injusta y condiciones inhumanas para la mayoría de ciudadanos y campesinos.
Si la distopía es a la oposición, la utopía es al progresismo. Por instinto de conservación, por la palabra, por la razón, por la esperanza, solo hay una utopía: el progresismo liderado por Iván Cepeda y la fuerza del Pacto Histórico.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: El Heraldo
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