En los últimos meses, EE. UU. ha incrementado su despliegue de fuerzas navales y aéreas, realizando ataques ilegales contra embarcaciones que, según sus reportes, transportaban droga, y autorizando operaciones encubiertas en territorio venezolano. Para analistas y observadores internacionales, estas acciones de asesinatos extrajudiciales[iv] en aguas internacionales representan no solo una violación del derecho internacional sino una escalada que va más allá de la simple lucha contra el narcotráfico.
Los datos oficiales desmienten la narrativa de Washington que presenta a Venezuela como un epicentro del narcotráfico. Según informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), menos del 5 % de la cocaína que llega a Estados Unidos transita por territorio venezolano, mientras que la gran mayoría —cerca del 95 %— se transporta por rutas del Pacífico, partiendo desde Colombia, Ecuador y Perú. Por otro lado, la crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos se debe sobre todo al fentanilo, un opioide sintético que, de acuerdo con informes del propio gobierno estadounidense, proviene principalmente de México, donde se produce con precursores químicos importados de China. Esto demuestra que Venezuela no representa el principal problema de drogas para Estados Unidos, y que el discurso sobre el “narcoestado venezolano” sirve más como argumento geopolítico que como diagnóstico real del tráfico de drogas.
Aun así, Washington ha insistido en vincular a altos mandos del gobierno venezolano con un supuesto “Cartel de los Soles”, sin ofrecer ningún tipo de pruebas, mientras impone sanciones a funcionarios y organizaciones cercanas al gobierno de Caracas. En respuesta, Venezuela ha fortalecido su cooperación estratégica con Rusia —a partir de acuerdos firmados entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro— y ha profundizado sus relaciones económicas y tecnológicas con China. Informes de inteligencia apuntan a la presencia de personal militar ruso en Caracas y a un apoyo técnico que preocupa a la Casa Blanca.
Por su parte, Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, ha estrechado lazos económicos y diplomáticos con China, adhiriéndose a la Iniciativa de la Franja y la Ruta[v] y al Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. Este giro en la política exterior, sumado a ciertas imprudencias diplomáticas[vi], ha generado un claro malestar en Washington, que tradicionalmente ha contado con Bogotá como su principal aliado regional.
Presentar el conflicto como una “lucha contra las drogas” es, en realidad, un argumento instrumental que encubre la intención de frenar la expansión china en América Latina y la cooperación ruso-venezolana. La cooperación militar entre Rusia y Venezuela es un hecho de conocimiento público. Existen acuerdos estratégicos en defensa y energía[vii], además de reportes sobre el traslado de material y asesores rusos al país. Algunos informes han identificado la presencia de militares vinculados al grupo Wagner[viii], aunque no hay evidencia de un despliegue masivo. Lo cierto es que esta presencia incrementa el costo político y militar de cualquier intento de intervención directa por parte de Estados Unidos, al elevar el riesgo de un enfrentamiento indirecto con Moscú.
China, por su parte, ha ampliado su presencia en Venezuela mediante cooperación económica, tecnológica y diplomática[ix]. Si bien hay reportes sobre suministros y asesorías en defensa, no existen pruebas de un respaldo militar directo. Lo más plausible es que Pekín brinde apoyo técnico y satelital dentro de un marco de cooperación estratégica, no una defensa activa del territorio venezolano. Más que un aliado militar, China es un socio económico clave para la estabilidad venezolana y un obstáculo estratégico que desafía la hegemonía de Estados Unidos en la disputa por la influencia regional.
Las Opciones de Intervención Militar de EE. UU.
Una intervención terrestre para derrocar a Maduro se considera altamente improbable. Tomar el control del país requeriría un enorme despliegue de tropas, implicaría costos humanos y financieros considerables, y conllevaría el riesgo de una confrontación directa con fuerzas respaldadas por tecnología militar y asesores rusos, además del apoyo tecnológico militar chino. Asimismo, las experiencias previas de EE. UU. en Irak, Afganistán o Libia demuestran que las invasiones “para exportar democracia” terminan en crisis prolongadas.
Un escenario más probable sería el de ataques aéreos selectivos o intervenciones limitadas bajo el pretexto del combate al narcotráfico. Sin embargo, la falta de infraestructura cocalera y de laboratorios de procesamiento en Venezuela deja sin sustento esa justificación. Así, la única alternativa de acción militar aérea factible se reduciría a atacar bases militares venezolanas, justificando el golpe bajo la coartada de desmantelar centros de operaciones del incierto “Cartel de los Soles”. Si bien no es descartable, cualquier acción de esta naturaleza sería ilegal conforme al derecho internacional y causaría un amplio rechazo regional.
La opción más probable es la de una guerra de baja intensidad: operaciones encubiertas, sabotajes, ciberataques, presión diplomática, buscar fisuras en las fuerzas armadas y apoyo a grupos opositores internos para desgastar al gobierno de Maduro. Este tipo de estrategia ya se ha observado en el pasado reciente y responde a un patrón histórico de intervención indirecta de Washington en América Latina.
Colombia y las alternativas regionales
Bajo el liderazgo de Gustavo Petro, el país ha buscado diversificar sus alianzas internacionales, acercándose a China y explorando mecanismos de cooperación con Rusia. Su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y en el Nuevo Banco de Desarrollo -NBD- del BRICS hace parte de estas orientaciones. Si bien el presidente Petro ha expresado recientemente una postura de desinterés hacia el BRICS, al catalogarlo como un “proyecto petrolero”[x], esta visión es totalmente equivocada. El gobierno colombiano debería reevaluar y priorizar la integración a esta alianza, dado que representa una alternativa viable al actual orden global colonialista. Este bloque ofrece un contrapeso político al modelo unipolar, una vía distinta al esquema económico neoliberal y una opción frente al sistema financiero especulativo, ad portas de un desplome inevitable por el peso de una burbuja que supera los dos mil billones de dólares.
Ante este panorama, las fuerzas democráticas y progresistas de la región deben presionar por una salida política y multilateral. Es fundamental que se fortalezcan los canales diplomáticos a través de la CELAC, la OEA y la ONU, evitando acciones unilaterales y promoviendo la transparencia en cualquier operación que involucre el uso de la fuerza. La diplomacia regional debe apostar por soluciones integrales que combinen la lucha contra las drogas con el desarrollo rural y la inclusión social, en lugar de militarizar la región.
La narrativa que presenta una intervención como necesaria para combatir el narcotráfico es falsa. Si Estados Unidos realmente quisiera frenar el tráfico de drogas, comenzaría por atacar las redes financieras que lavan miles de millones de dólares provenientes de ese negocio dentro de su propio sistema bancario. Tampoco presionaría a los países latinoamericanos para que rompan relaciones con China; por el contrario, promovería proyectos de desarrollo conjunto que ofrezcan alternativas económicas a campesinos y jóvenes hoy atrapados en economías ilícitas.
Todo indica que el verdadero motor de esta ofensiva no es la lucha contra el crimen, sino la disputa por la hegemonía global y el control de recursos energéticos. La presencia china en América Latina y el papel de Rusia en Venezuela desafían la pretensión de Washington de seguir controlando la región como su “patio trasero”.
La única respuesta viable para América Latina es fortalecer su integración regional, coordinar políticas soberanas y defender la solución negociada de todos los conflictos. Solo una América Latina unida, con una voz soberana y una visión de largo plazo, podrá enfrentar eficazmente las nuevas formas de intervención, a menudo disfrazadas de “lucha antidrogas”. La clave reside en promover el desarrollo económico regional como el fundamento esencial para una paz estable, ofreciendo así una solución definitiva tanto a los cultivos ilícitos como al problema migratorio que tanto preocupa a Estados Unidos.
Actualmente, las palancas estratégicas para impulsar la industrialización en Iberoamérica son dos. La primera es el desarrollo de infraestructura, apalancado en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, para asegurar una rentabilidad adecuada de la inversión productiva. La segunda, complementaria, es la articulación al bloque BRICS, que constituye una alternativa financiera y económica fundamental para el fomento de la industria manufacturera y la agroalimentaria.
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[i] https://www.bbc.com/mundo/articles/c98lz3lp3plo
[ii] https://elpais.com/america-colombia/2025-10-24/el-tesoro-de-estados-unidos-sanciona-a-petro-por-vinculos-con-el-narcotrafico.html
[iii] https://www.dailymotion.com/video/x9r9boc
[iv] Hasta el momento, se han registrado al menos 12 ataques a embarcaciones en aguas del Pacífico y el Atlántico, con un saldo de por lo menos 61 personas fallecidas. La ausencia de una verificación probatoria independiente sobre las operaciones ha generado controversia, ya que entre las víctimas se reporta la presencia de pescadores de Trinidad y Tobago y de Colombia.,
[v] https://www.youtube.com/watch?v=LyTi5SOZjQk&t=3s
[vi] Probablemente, el principal error diplomático del presidente Petro fue su intervención en Nueva York durante una manifestación de apoyo a la causa palestina —que compartimos en su esencia humanitaria—, cuando llamó a los militares estadounidenses a desobedecer al presidente Trump, su comandante en jefe. Desde el punto de vista del derecho internacional, ese llamado constituye una violación al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Si bien Estados Unidos incurre con frecuencia en ese tipo de prácticas, Colombia no puede perder la autoridad moral para exigir el respeto al derecho internacional si no da ejemplo de su cumplimiento.
[vii] https://www.youtube.com/watch?v=v94RR11aeP4
[viii] El Grupo Wagner (formalmente, una “Empresa Militar Privada” o PMC, por sus siglas en inglés) es una organización de mercenarios Rusa, conocida por operar como un “ejército en la sombra” o una fuerza proxy del Estado ruso en conflictos internacionales.
[ix]https://www.nuevatribuna.es/articulo/global/china-venezuela-alcanzan-mas-600-acuerdos-colaboracion-sectores-clave-economia/20250706135916240141.html#:~:text=Colabora%20con%20Nuevatribuna,su%20desarrollo%20y%20soberan%C3%ADa%20nacional.
[x] Frente a la caracterización simplista del BRICS como un proyecto petrolero, hecha por el presidente Petro en el Consejo de ministros del 29 de septiembre, cabe destacar que este bloque representa una visión energética integral y de futuro. Esta incluye desde la energía nuclear (fisión con uranio y torio, e investigación en fusión) hasta una propuesta de desarrollo alternativo que desafía el orden colonial global de los últimos dos siglos.
Carlos Julio Diaz Lotero
Foto tomada de: Euronews.com
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