La concentración y el adiós a las armas
La dejación de las armas cuenta con la condición previa de la concentración en 20 zonas veredales y 7 campamentos de transición, puntos de ubicación susceptibles de monitoreo por las propias FARC, por la ONU y por el gobierno. Su misión: verificar el cumplimiento del cese al fuego definitivo.
Concentrados los contingentes guerrilleros, y protegidos por la Fuerza Pública, quedarán sujetos al conteo regresivo para el adiós a los fusiles, la metralla y los tatucos. Escalonarán la entrega de su armamento a lo largo de los próximos 150 días, contados después del martes 6 de diciembre; de modo que en julio de 2017, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejarán de existir para siempre; se incorporarán a la vida civil; y darán el paso definitivo para convertirse en partido político; sin necesariamente modificar sus propósitos fundamentales.
Los retos inmediatos
Así las cosas, el primer reto que enfrenta el Estado –el primer cumplimiento de sus obligaciones- es la aprobación de una amnistía que cobije a la mayor parte de los guerrilleros, incursos ellos en el delito de rebelión y conexos. Es un acto que, llevando consigo la carga simbólica que representa el reconocimiento del carácter político de la lucha armada, reviste así mismo una connotación práctica, la de brindar protección jurídica a los antiguos combatientes; pues de esa forma sus delitos serán olvidados o desaparecerán al golpe de una ficción jurídica, de la más rancia tradición liberal.
El segundo reto inmediato es la seguridad, ya no jurídica sino material, de los guerrilleros, protegidos por el escudo de 12.000 hombres armados del Estado, distribuidos en círculos alrededor de cada zona campamentaria; algo que no evita por sí mismo el riesgo posterior en los territorios que fueron epicentro del conflicto, en los cuales puede arreciar un plan de asesinatos y agresiones, del que ya hoy son víctimas los reclamantes de tierras, los dirigentes agrarios y los activistas políticos.
El tercero reto emerge en el campo técnico. Tiene que ver con la logística para las 27 zonas de ubicación. En entrevista que yo mismo le hiciera a Matías Aldecoa, hombre del Estado Mayor Central y miembro de la comisión de monitoreo y verificación, me ofrecía el testimonio de que las instalaciones no se han levantado aún en algunas de las zonas de concentración; zonas cuyo número por cierto no se ha completado, dadas las obvias dificultades en las transacciones que exige su compra o arrendamiento, según lo reconociera la Oficina de la Consejería de Paz.
El reto grande y la justicia transicional
El reto mayor, sin embargo, está constituido por la implementación. Su punto crítico radica en la validación del fast track. Con razón, el presidente Santos y sus negociadores no han ahorrado palabras y llamados para destacar su importancia y su urgencia. Con ese mecanismo, se acelerarían los trámites en la aprobación de las leyes y los actos legislativos, indispensables para edificar el armazón institucional con el cual se dará vida al Acuerdo.
Muy seguramente, la Corte lo validará. Sólo que no basta con resucitarlo. Tendría que “des – sujetarlo”, para utilizar la expresión de un spot publicitario, con el que una empresa comercial promueve un plan de minutos para sus aparatos celulares. Tendría que disociarlo de un condicionante, al que quedó amarrado con muchas vueltas de lazo, el de la refrendación popular; por otra parte, no consagrado constitucionalmente como una obligación.
La suerte de la implementación está por lo pronto en manos de la Constitucional. Sus magistrados terminaron por encarnar un decisivo factor de poder, en los pasos que definen el futuro del proceso. Enfrentan el siguiente dilema: si permiten el fast track, pero no eliminan el escollo de la refrendación popular, la primera determinación, yendo en la buena dirección, resultaría inocua. La implementación se retardaría, lo cual rodearía de peligros el cumplimiento del Acuerdo en algunos de sus capítulos medulares.
Aún así, la Corte podría; o bien, recomendar, al tiempo que aprueba el fast track, una figura que facilite al gobierno y al Congreso “des – sujetarse” efectivamente del plebiscito; lo que en todo caso sería asumido por muchos como algo, de verás, forzado; o bien, podría abordar el tema de la refrendación, de una manera autónoma, aprovechando la respuesta a otra demanda, para pronunciarse en favor de su abandono, dadas las nuevas circunstancias de renegociación y de refrendación hecha por el poder legislativo. Razones de peso no faltarán; muy próximas por cierto a las que viabilicen el famoso fast track. Al fin de cuentas, se trata de las urgencias de la paz; un interés superior que admite procedimientos extraordinarios, respaldados estos por los principios de la Constitución; aunque ofendan la sensibilidad fetichista de algunos ex – constituyentes.
Viscisitudes y carácter del Acuerdo
Por cierto, hablando del Acuerdo y sus contingencias; sobre todo, aquellas que pueden afectar la operación implicada en la existencia de la justicia transicional, la misma que pone en el centro a la verdad y a las víctimas; no hay que olvidar que un traspiés en su construcción, desdibujaría el sentido mismo del proceso.
Si, por ejemplo, la reforma agraria integral da cuerpo a la dimensión transformadora de la Paz, algo que conlleva repercusiones en el orden social; la Justicia Especial patentiza el carácter innovador de la propia negociación. Dicha justicia no deja a un lado la responsabilidad penal de los agentes sociales que sean sindicables de delitos atroces y crímenes de guerra. Eso sí, inscribe sus enjuiciamientos en un esquema de justicia transicional; esa que, condenando a los inculpados, no malogra, sin embargo, la Paz.
El proceso tropieza ahora con el nudo gordiano de un fast track atado a la refrendación popular. La Corte Constitucional ha prometido ofrecer su veredicto el 12 de diciembre. Si existieran las energías mentales, habría que concentrar sus flujos en la dirección de una fallo del alto tribunal constitucional, en el sentido de que despeje el panorama; y en todo caso, no a medias.
Ricardo García Duarte
Exrector de la Universidad Distrital
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