Desde el punto de vista del derecho internacional, la legitimidad del embargo ha sido objeto de cuestionamientos reiterados. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado de manera casi unánime esta medida durante décadas, señalando su carácter extraterritorial y su impacto desproporcionado sobre la población civil. Este consenso no implica una defensa acrítica del sistema político cubano, sino más bien un reconocimiento de que las sanciones económicas amplias tienden a afectar, en primer lugar, a quienes menos capacidad tienen de resistirlas: los ciudadanos comunes.
El embargo no opera en el vacío. Su eficacia depende de un entramado más amplio de relaciones internacionales en el que las asimetrías de poder son determinantes. Estados Unidos, como actor imperialista hegemónico, no solo limita sus propias relaciones con Cuba, sino que también condiciona las de terceros países mediante sanciones secundarias, restricciones financieras y presiones diplomáticas. En ese sentido, el embargo no es solo una política hacia Cuba, sino un mensaje hacia el conjunto del sistema internacional sobre los costos de la disidencia.
A ello se suma una dimensión ética que con frecuencia queda relegada en los análisis geopolíticos más fríos: resulta profundamente injusto someter a una nación a los efectos nefastos de un embargo cuando esa misma nación ha demostrado, en múltiples momentos históricos, una vocación activa de solidaridad internacional. Cuba ha enviado brigadas médicas a diversos países en situaciones de crisis, incluyendo durante la pandemia de COVID-19, cuando sistemas sanitarios colapsaban incluso en Estados con mayores recursos. De igual forma, su participación en procesos históricos como la lucha contra el apartheid en África austral ha sido reconocida por diversos actores como un aporte significativo en favor de la justicia global. Esta tensión entre la solidaridad ejercida y el castigo recibido introduce una dimensión moral que no puede ser ignorada.
Crisis energética, vulnerabilidad social y responsabilidad internacional
La crisis energética que atraviesa Cuba en la actualidad permite observar con especial nitidez los efectos de esta arquitectura de sanciones. La generación eléctrica, profundamente dependiente de combustibles importados y de una infraestructura envejecida, se ha vuelto un punto crítico donde convergen factores internos y externos. Las dificultades para asegurar el suministro de petróleo no son únicamente el resultado de decisiones domésticas; están también condicionadas por un entorno internacional en el que las transacciones energéticas se ven obstaculizadas por sanciones, restricciones financieras y presiones diplomáticas.
Las consecuencias de esta situación trascienden el ámbito económico y se instalan en el terreno de los derechos humanos. La electricidad no es un lujo en las sociedades contemporáneas; es un requisito básico para el funcionamiento de servicios esenciales. El sector de la salud ilustra con especial claridad esta tensión. Los hospitales, en particular, se convierten en espacios donde esta vulnerabilidad se hace dramáticamente visible, se convierte en una cuestión de vida o muerte. Equipos de soporte vital, sistemas de refrigeración para medicamentos, laboratorios clínicos: todos dependen de una infraestructura energética estable. Cuando esta falla, las consecuencias recaen sobre pacientes que, en muchos casos, no tienen ninguna relación con las disputas geopolíticas que originan estas condiciones.
Es en este punto donde la discusión adquiere una dimensión ética ineludible. Las sanciones económicas amplias, al no distinguir entre estructuras gubernamentales y población civil, generan efectos que pueden ser caracterizados como formas de castigo colectivo. Este concepto, desarrollado en el derecho internacional humanitario, alude a medidas que afectan indiscriminadamente a una población como consecuencia de decisiones políticas. Aunque el embargo a Cuba no se inscribe formalmente en un contexto de conflicto armado, sus efectos prácticos invitan a reflexionar sobre la pertinencia de este marco analítico.
En el contexto regional, las tensiones entre Estados Unidos, Cuba y Venezuela han añadido una capa adicional de complejidad. Las dinámicas energéticas entre estos países han sido históricamente relevantes, y cualquier alteración en ese equilibrio repercute en la estabilidad interna de la isla. La operación mediante la cual fuerzas estadounidenses agredieron militarmente a un Estado soberano, en este caso Venezuela, sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vulnera principios fundamentales del derecho internacional, como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía estatal consagrados en la Carta de la ONU. La llamada “captura” ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas y seguida de su traslado a territorio estadounidense para ser juzgado, fue en realidad un secuestro y se constituye en una agresión ilegal. Más allá de las justificaciones penales esgrimidas por Washington, este tipo de acciones unilaterales destruyen el orden jurídico internacional, y abren la puerta a prácticas de intervención que erosionan el principio de igualdad soberana entre Estados.
Al mismo tiempo, sería intelectualmente insuficiente atribuir la totalidad de la crisis a factores externos. Cuba enfrenta también desafíos internos significativos: rigideces institucionales, limitaciones en la capacidad de innovación económica, problemas de gestión y planificación. Reconocer estos elementos no implica relativizar el impacto del embargo, sino situarlo en una red de causalidades más compleja. La vulnerabilidad actual es el resultado de una interacción entre presiones externas y limitaciones internas, pero esa interacción no es simétrica. El peso de las sanciones en la configuración de las restricciones estructurales es innegable.
Hegemonía, narrativas y la ética de la solidaridad
El caso cubano invita a reflexionar sobre algo más profundo que una política específica: la forma en que se construyen y legitiman las relaciones de poder en el sistema internacional. El embargo puede leerse como una manifestación de una lógica histórica en la que ciertos Estados se arrogan el derecho de intervenir, directa o indirectamente, en los destinos de otros. Esta lógica no siempre adopta formas militares; a menudo se expresa a través de instrumentos económicos que, aunque menos visibles, pueden ser igualmente coercitivos.
La narrativa dominante tiende a presentar estas medidas como herramientas legítimas de promoción de la democracia o los derechos humanos. Sin embargo, esta justificación merece ser examinada críticamente. ¿Puede una política que contribuye al deterioro de las condiciones de vida de una población civil considerarse coherente con la defensa de esos mismos derechos? La pregunta no admite respuestas simples, pero obliga a confrontar las contradicciones inherentes a ciertas prácticas internacionales.
Durante la administración de Donald Trump, la política hacia Cuba experimenta un endurecimiento significativo. Se refuerzan restricciones, se amplían listas de sanciones y se intensifica la presión económica. Estas decisiones no pueden entenderse únicamente como parte de una estrategia bilateral; forman parte de una visión más amplia de las relaciones internacionales, en la que el uso de sanciones y la coerción económica se presentan como herramientas legítimas de política exterior. Sin embargo, sus efectos concretos sobre la población cubana plantean interrogantes serios sobre su coherencia con los principios de derechos humanos que Estados Unidos afirma defender en otros contextos.
Hablar de solidaridad con Cuba implica, entonces, algo más que un ejercicio retórico o una toma de posición emocional. Supone reconocer la dignidad de una población que enfrenta condiciones adversas y cuestionar las estructuras que contribuyen a perpetuarlas. Es también un llamado a la coherencia: no se puede invocar la defensa de los derechos humanos mientras se sostienen políticas que, en la práctica, contribuyen a su vulneración.
Existe un consenso creciente en amplios sectores de la comunidad internacional sobre la necesidad de revisar el régimen de sanciones. Este consenso no se basa únicamente en consideraciones políticas, sino en una evaluación pragmática de su eficacia. Tras más de seis décadas, el embargo no ha logrado los objetivos imperiales declarados por Estados Unidos de cambio de régimen en Cuba. En cambio, ha contribuido a consolidar un estado de excepción económica que afecta de manera persistente a la población.
Resulta difícil permanecer indiferente ante las historias concretas que emergen de este contexto: familias que enfrentan apagones prolongados, pacientes que dependen de sistemas eléctricos inestables, jóvenes que ven limitado su horizonte de oportunidades. Estas experiencias no son abstracciones; son la manifestación tangible de decisiones políticas tomadas a miles de kilómetros de distancia.
El llamado a la solidaridad con Cuba no es un gesto retórico o una concesión política, sino una necesidad ética y jurídica. Es una invitación a repensar las formas en que se ejerce el poder en el ámbito internacional y a exigir coherencia entre los principios que se proclaman y las políticas que se implementan. Se trata de reconocer que ninguna población debería ser sometida a condiciones de vida deterioradas como resultado de estrategias de presión internacional. La autodeterminación de los pueblos no puede ser un principio selectivo; debe aplicarse de manera consistente, incluso cuando los resultados políticos no coinciden con las preferencias de las potencias imperiales. La conclusión entonces es evidente: el embargo y las agresiones de Estados Unidos hacia Cuba deben terminar ya.
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: France 24
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