Incluso, las familias ondean trapos blancos en una especie de clamor para que los ataques no afecten sus viviendas, como lo informa Valentina Parada Lugo en el País-América [1].
El 16 de enero pasado se ha cumplido un año sin que se haya logrado desescalar la conflagración, con la consiguiente afectación de las comunidades, pese a los esfuerzos gubernamentales y al papel mediador de los organismos humanitarios nacionales e internacionales.
Así lo establece la Defensoría del Pueblo en dos Informes sobre la situación de los derechos humanos en la región del Catatumbo, a un año del inicio del pico de violencia [2].
Como es de público conocimiento, la región del Catatumbo ha estado afectada por el conflicto armado desde los años 80. Sin embargo, los hechos luctuosos del 16 de enero del 2025 marcaron un punto de inflexión a partir de la disputa por el control territorial desatado por el ELN y el frente 33.
A raíz del repudiable asesinato de una familia compuesta por la madre, el padre y un infante, más las heridas provocadas a otro niño, presuntamente, a manos de integrantes de las Disidencias y la falsa acusación al ELN, según comunicado de Pablo Beltrán en nota que recoge Jeremy McDermott en InSight Crime [3], se da inicio público, como detonante, a una confrontación que llevaba meses de preparación, por parte del ELN, con la finalidad de garantizar su control hegemónico del territorio.
En los días posteriores al asesinato de la familia y la publicación del comunicado, el ELN incendió casas, confinó y desplazó población, provocó la muerte de civiles y de excombatientes de las FARC, con la finalidad de expulsar al frente 33 de la región. El resultado fue el copamiento del 90% del territorio, antes controlado por la disidencia pos FARC y la persecución de líderes sociales, con saldo de 117 personas asesinadas y la ruptura de su proceso de negociación con el Gobierno Petro, cuyos diálogos ya venían congelados a partir de las negociaciones gubernamentales con la Disidencia del ELN, Comuneros del Sur, del departamento de Nariño.
El desalojo del frente 33 se extendió a sectores campesinos, a partir de la presunción, incluso no verificada, de su relacionamiento con dicho grupo armado. El resultado constituye un profundo daño en el tejido social, en el derecho a la vida y al territorio, lo que se evidencia en familias rotas, antagonismo entre viejos vecinos, enemistad, desconfianza y fragmentación organizativa en la base campesina.
Los datos de la Defensoría del Pueblo muestran que entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025 debieron incluirse 101.203 personas en el Registro Único de Víctimas; de ellas, 101.587, por motivos de desplazamiento forzado; 7.777, por amenazas; 3.772, por confinamiento y 2.498, por abandono o despojo forzado.
El reclutamiento forzado de menores de edad, según datos del ICBF fue de 49 menores en diversos municipios de la región. Para recuperarlos, se ha requerido de la intervención de la Defensoría del Pueblo, con apoyo de la Iglesia Católica, para que se les permita abandonar las filas, tanto del ELN, como del frente 33.
El uso de drones y de minas antipersonales, prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, impide la actividad agrícola de las familias campesinas; afecta a la comunidad Indígena Barí, así como las actividades culturales y provoca daño emocional en la población.
Entre enero y diciembre de 2025 fueron reportados 20 eventos relacionados con el impacto de artefactos explosivos, con saldo de 22 víctimas.
Mientras tanto, el secuestro sigue siendo una práctica habitual de los grupos armados ilegales. En 2025 se logró la liberación de 121 personas secuestradas, pero al cierre del año continuaban 59 en poder de sus captores. A esto se agrega el caso de los cinco policías que retornaban de sus vacaciones y fueron secuestrados por el ELN en un bus que recorría una vía del municipio de Tibú, a comienzos de enero. Afortunadamente, ya fueron liberados el 19 de enero, gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
En lo relacionado con la violencia de género, fueron documentados 634 casos en 2025 en Norte de Santander. Esto incluye la trata de personas, violencia sexual, embarazos no deseados y explotación sexual.
Así mismo, los cultivos de uso ilícito continúan fortaleciendo las rentas criminales, lo que se suma a la extorsión, al contrabando, a la trata de personas, al control del paso de migrantes y a la minería ilegal centrada en la explotación del carbón, que constituye fuente de financiación para el ELN y las disidencias pos FARC.
Antonio García, el Comandante del ELN niega los vínculos de esa guerrilla con el narcotráfico mientras omite sus responsabilidades en la captación de rentas ilegales mediante los diversos mecanismos anotados [4].
Así mismo, el Catatumbo y el departamento del Cesar son regiones de importancia para el narcocultivo, el procesamiento y el transporte de cocaína, aparte de otras regiones colombianas donde opera el ELN, como el Pacífico, Amazonas, Antioquia, Caquetá, Putumayo y el Sur de Bolívar.
Más allá del cobro del gramaje, el tema de los cultivos de uso ilícito ha involucrado a los diferentes actores del conflicto, estatales y no estatales. Se ha internacionalizado y merece un abordaje integral, capaz de involucrar los procesos de transformación productiva territorial y de salud pública en el país, en beneficio de la calidad de vida, de la autonomía, dignificación de las comunidades y de la desnarcotización de las relaciones de país con Estados Unidos.
Pero, es ahí donde el discurso de promoción del multilateralismo, de defensa de la soberanía y de valoración de la participación social, por parte de los voceros del ELN entra en inconsistencia. La dirección del ELN no asume la responsabilidad por el daño al tejido social en los territorios; tampoco asume las afectaciones al derecho internacional humanitario; no da muestras de plantear soluciones proactivas para la transformación productiva de las comunidades de los territorios; en particular, para el caso del Catatumbo, mientras sus acciones empobrecen y profundizan la desigualdad social.
Nunca se estableció el Observatorio del Paramilitarismo y tampoco funcionó el sistema de seguimiento, monitoreo y verificación del cumplimiento de los Acuerdos. Así, el ELN se autoerigió en instancia determinante para establecer, definir y tomar medidas por fuera de la Mesa de Negociación y de los instrumentos creados para avanzar en la implementación.
Paralelamente, los grandes medios de comunicación difunden los pronunciamientos de los voceros de la dirección del ELN y sus propuestas de diálogo nacional, sin digerir sus dificultades de implementación, sin comprender sus carencias programáticas y sin establecer los vacíos de responsabilidad política y social en su proceder.
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[1] Parada Lugo Valentina. El Catatumbo entra a su segundo año de crisis humanitaria sin señales de alivio. El País-América. Bogotá. Enero 18 de 2026. [2] Defensoría del Pueblo. Sala de Prensa. A un año de la escalada violenta en el Catatumbo, persisten la guerra y los anhelos de paz. Defensoría del Pueblo. Enero 16 de 2026.https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/catatumbo-persistencia-de-la-guerra-y-anhelos-de-paz
[3] McDermott Jeremy. Guerras fronterizas: el ELN y la toma del Catatumbo. InSight Crime. Diciembre 8 de 2025. [4] Redacción Colombia +20. ELN le insiste a Petro en hacer un “acuerdo nacional” y niega vínculos con el narcotráfico. Colombia +20. El Espectador. Enero 20 de 2026.Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Alcaldía de Cúcuta
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