El próximo 12 de febrero termina el periodo constitucional del fiscal Barbosa. Su gestión, lejos de corresponder a la de la persona “más preparada de su generación”, ha estado signada por la politiquería, la estigmatización del movimiento social, y la impunidad de los que allí lo pusieron.
Barbosa, en su afán opositor, pretende hacer trizas los esfuerzos por la Paz Total y, de paso, al Gobierno. Sus malintencionadas declaraciones (p. ej. comparar al presidente Petro con Pablo Escobar) buscan sembrar la narrativa de que el gobierno cohonesta con el narcotráfico. Pero las graves denuncias contra la vicefiscal Mancera, próxima Fiscal General si la Corte no elige pronto a la sucesora, revelan que, por el contrario, la Fiscalía protege el narcotráfico. Según la Revista Raya, Mancera encubrió denuncias contra el director del CTI de Buenaventura, acusado de ser parte de una estructura criminal, bajo el alias “Pacho Malo”, dedicada a traficar cocaína por el puerto de Buenaventura[1].
Barbosa, por otra parte, criminalizó la protesta social: no solo imputó el delito de terrorismo a diestra y siniestra, violando cualquier análisis sobre la proporcionalidad de la pena, sino que adelantó numerosos ‘falsos positivos’ judiciales para incriminar las manifestaciones del estallido social.
Por último, y no menos importante, Barbosa se dedicó a cubrir en la impunidad al expresidente Uribe. Ya son dos (2) intentos fallidos por precluir la investigación en su contra. Que se sepa, eso no había ocurrido antes. Y, sin embargo, la Fiscalía de Barbosa aún no acusa al expresidente, y no va a hacerlo, pues la estrategia es clara: la prescripción de la acción penal.
Que esta nefasta administración termine depende de la Corte Suprema. La Corte no puede dilatar más la elección. Desde el 26 de septiembre de 2023 el presidente Petro presentó la terna definitiva. El 23 de noviembre se realizó audiencia pública para la entrevista de las candidatas. Desde entonces, salvo por la vacancia judicial, la Corte ha podido deliberar y tomar una decisión. Ya a pocos días del final del periodo del Fiscal Barbosa se vislumbra la vacancia del cargo y el reemplazo del mismo por la cuestionada vicefiscal Mancera.
Por supuesto que la Corte Suprema tiene en sus manos una decisión trascendental para el país. Sin embargo, la probidad y las credenciales de las candidatas facilitan la tarea. Las hojas de vida de las tres (3) candidatas son intachables: además de no presentar cuestionamientos, todas cuentan con formación académica y experiencia en la investigación penal. Distinto a lo que ocurrió en la pasada elección donde ninguno de los candidatos tenía experticia en las cuestiones penales, y Barbosa fue elegido rápidamente y por unanimidad.
En el pasado la Corte ha dado mucho de qué hablar en tratándose de la elección del Fiscal General. Para no ir tan lejos en el tiempo, la elección del fiscal Néstor Humberto Martínez levantó un manto de sospecha sobre la Corte, puesto que, en pleno de escándalo de Odebrecht, eligió al abogado del Grupo Aval, cuyo encubrimiento del entramado criminal fue ampliamente denunciado. A su vez, las cuotas burocráticas de los magistrados en los organismos del Estado ponen en entredicho los móviles de las elecciones. Hace poco la Nueva prensa denunció que alrededor del 20% de los magistrados de la Corte Suprema tienen a un pariente cercano trabajando en la Fiscalía. Sin presumir la mala fe, cabe, por lo menos, cuestionarnos si estas y otras circunstancias no ameritan un debate nacional sobre las facultades electorales de altas cortes colombianas.
Finalmente, valdría la pena que, si se dilata la elección más allá del 12 de febrero, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigue a los magistrados de la Corte Suprema. La Constitución les ordena elegir al Fiscal General de la terna enviada por el presidente. La terna ya está y la misma Corte certificó que las candidatas cumplen los requisitos para desempeñar el cargo. No queda otra opción, entonces, que elegir a la próxima Fiscal General, antes de que termine el periodo del actual, so pena de que el cargo quede vacante, lo asuma ilegítimamente la cuestionada vicefiscal Mancera, y la Corte quede en mora de cumplir sus funciones constitucionales.
Los servidores públicos, en virtud del principio de legalidad, están obligados a lo que ordena la Constitución y las leyes. Cuando pierden los linderos de sus competencias pueden cometer delitos, entre esos el prevaricato, que castiga, entre otras, al servidor público que omita o retarde el cumplimiento de sus funciones. Los magistrados de la Corte Suprema no pueden, por tanto, retardar más allá del 12 de febrero la elección del Fiscal General. Estarían, en mi opinión, prevaricando. Y la ciudadanía los está observando.
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[1] Disponible en: https://revistaraya.com/vicefiscal-marta-mancera-si-encubre-a-directivo-del-cti-senalado-de-narco-y-estas-son-las-pruebas.html
Juan Pablo Alvis Andrade
Foto tomada de: Corporación Excelencia en la Justicia
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