Una síntesis del objetivo general de sendos Acuerdos, consiste en el establecimiento de compromisos, en el marco de la Ley 2272 de 2022 y del Decreto 0665 de 2024, para el desmantelamiento del grupo armado ilegal; su sometimiento a la justicia, el desescalamiento de violencias, el fortalecimiento del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario; especialmente, en lo relacionado con la protección de la población civil; en particular, en lo referente a los niños, niñas y adolescentes y la promoción de transformaciones orientadas a la construcción de paz territorial, con énfasis en los municipios de Dibulla en el departamento de la Guajira, así como de Ciénaga y Santa Marta, en el departamento del Magdalena.
Este espacio de conversación sociojuridico con el Grupo ACSN cuenta con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia – MAPP/OEA.
El núcleo problemático que envuelve la existencia del Grupo ACSN, también conocido hasta 2019 como “los Pachenca” y sus perspectivas de integración a la vida ciudadana en condiciones de convivencia pacífica, tiene que ver con sus orígenes y evolución desde los años setenta, a partir del surgimiento de una compleja red de control territorial. Su génesis parte del entrelazamiento de clanes cuyo factor determinante se deriva de procesos patriarcales, de agresión sexual e instrumentalización de lazos familiares, personales y emocionales.
Su entorno característico es la ausencia del Estado, la sucesión de grupos paramilitares, redes de narcotráfico, extorsión, coacción en la venta de tierras, manipulación de la Ley de víctimas, en los últimos tiempos, para dejar a los campesinos en riesgo como “segundos ocupantes” y la autodenominación como “protectores del turismo” en el Parque Tayrona.
Como plantean Badillo, Trejos y Rodríguez [2], el Grupo ACSN debe su capacidad de supervivencia, en lo fundamental, a su articulación “a través de la figura de Hernán Giraldo y muchos de sus familiares”, lo que le ha permitido “modificar patrones electorales, regular la vida en comunidad y garantizar su propia supervivencia”.
Los embriones de la ACSN vienen del proceso de colonización de la vertiente norte de la Sierra Nevada, en medio de la bonanza marimbera, por parte de Hernán Giraldo y su familia proveniente del departamento de Caldas. Allí, este hombre, también conocido como el Viejo, el Patrón y, después, como “Taladro”, por su carácter de depredador sexual de niñas menores de 14 años, mayoritariamente, blancas y rubias, se convirtió en líder de colonos y, luego, en jefe paramilitar.
En 1977, integró el grupo de “limpieza social, Los Chamizos” con epicentro de actividad ilegal en el mercado público de Santa Marta, con apoyo de miembros de la Policía Nacional. De allí, se convirtió en líder sociopolítico e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Machete Pelao de Santa Marta.
Hacia mediados de los años 80, en su lucha contra las guerrillas de las FARC y del ELN, los Chamizos pasaron a llamarse Autodefensas El Mamey, con incidencia en la regulación de la vida comunitaria y colaboración con la fuerza pública, lo que les permitió adquirir armas con salvoconducto del Batallón Córdoba de Santa Marta. En este contexto establecieron relaciones con hacendados para proteger sus plantaciones.
En dicha trayectoria de influencia, Giraldo incursionó en la entrega de ganado a familias campesinas, mejoró fincas, exigió la entrega de cerca de 200 niñas para violarlas y, muchas de ellas pasaron a ser sus esposas, madres de sus cerca de 70 hijos; se volvió compadre de sus vecinos, mediante el apadrinamiento de sus niños y varios jóvenes se convirtieron en sus yernos, como símbolo de “estatus”. Así, se fue configurado un entramado de relacionamiento comunitario. Algunos de sus descendientes pasaron a ser comandantes de cerca de 12 frentes de su grupo armado.
A mediados de los años 80, con base en el Decreto Ley 356 de 1994, Hernán Giraldo legalizó su estructura armada al inscribirla como empresa de vigilancia y seguridad privada en la Cámara de Comercio de Santa Marta. La Corte Constitucional declaró ilegales las Convivir en 1997.
Posteriormente, se relacionó con los hermanos Castaño. Su grupo pasó a llamarse Autodefensas del Magdalena y La Guajira, recibió formación de comandantes en contrainsurgencia en Urabá. Se relacionó con el Clan Gnecco en actividades electorales y ante el asesinato de tres agentes de la DEA y tres policías antinarcóticos, se desató una guerra con los Castaño. En este contexto, perdió el control territorial con el Bloque Norte de las AUC comandado por Jorge 40. Sin embargo, ante su incidencia política pudo mantener un control simbólico, como comandante político de la fusión con el Bloque Norte y el grupo pasó a llamarse Resistencia Tayrona. Esta denominación se extendió hasta febrero de 2006, cuando Giraldo fue recluido en la Cárcel de Itagüí y en 2008 fue extraditado a Estados Unidos.
El grupo de los Giraldo tuvo dinámicas de cogobierno en la Sierra Nevada con el Ejército Gaitanista – EGC hasta el año 2012. El territorio lo controlaba el EGC, pero el control social lo mantenían los Giraldo. No obstante, por un tiempo, el comandante del EGC fue Daniel Giraldo, hijo de Hernán Giraldo y el encargado de las extorsiones fue el segundo al mando: Jesús María Aguirre, alias Chucho Pachenca, quien inició su trayectoria delictiva en Los Chamizos.
Cuando le declararon la guerra al EGC pasaron a llamarse Oficina Caribe o los Pachenca. Dicha confrontación dejó un saldo de 150 muertes. A finales de 2013, pactaron que las ACSN monitorearan la región, hicieran control social, administraran extorsiones al turismo y a la industria bananera y palmera y garantizaran al EGC los corredores de narcotráfico hacia los puertos.
En 2019, con la captura y muerte de Chucho Pachenca volvió la confrontación entre ambos grupos. No obstante, el retorno de Hernán Giraldo al país en 2021 para responder por sus más de 800 crímenes y su reclusión, nuevamente, en la Cárcel “La Paz” de Itagüí, donde permanece y el control social por parte de su grupo, fueron factores que permitieron neutralizar la confrontación.
Las ACSN mantienen en lo corrido de la segunda década del siglo XXI su control territorial en la Sierra Nevada, departamento del Magdalena y zonas circundantes que se extienden hasta Barranquilla, sur de Bolívar, Riohacha, sur del Cesar, Magdalena Medio y el Catatumbo. Sus finanzas articulan economías ilegales que pasan por el narcotráfico mediante control de rutas y contaminación de carga de buques carboneros de la Drummond, con presunta participación de integrantes de la fuerza pública, la extorsión a comerciantes, el despojo de tierras, economías informales y articulación con economías ligadas a la industria turística y sus “servicios de seguridad”, como lo muestra el Informe de Unodc Rocol [3].
A finales de 2022, como muestra InSight Crime [4], las ACSN solicitaron su inclusión en el proceso de “Paz Total” del Gobierno Petro. El Grupo aceptó entrar en el cese al fuego bilateral y comenzar negociaciones en enero de 2023. No obstante, no se logró avanzar más allá de las conversaciones informales. Al expirar el plazo de seis meses de cese bilateral, en junio de 2023, el Grupo propuso mantenerse en esta dinámica, pero el gobierno hizo oídos sordos. Luego, en agosto de 2024, el Gobierno Petro anunció mediante resolución oficial la instalación de conversaciones sociojurídicas con las ACSN. En dicho contexto, el grupo armado no tiene reconocimiento político.
Existen diversas versiones acerca del número de integrantes de dicha organización: según ellos, son 1.110 miembros. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, son 800 y según la inteligencia militar, son 250.
Una investigación exhaustiva, en el marco del funcionamiento del Acuerdo Marco de Implementación del Diálogo Sociojurídico, así como del relacionado con el desescalamiento de las violencias, también implica esclarecer el entramado de redes de sicarios, de extorsión, de despojadores de tierras, de captación de otras formas de rentas ilegales, de redes sociales, familiares y comunitarias que han permitido al grupo sobrevivir, en medio de la confrontación con bandas rivales y con la fuerza pública.
En este marco, adquiere relevancia, como está plasmado en el inciso 3.1 de Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC EP, así como el Decreto 0665 de 2024, relacionado con el desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. En este caso, se trata de un grupo armado ilegal de carácter regional, con fuerte arraigo y tradición en una región nodal del país, como es la Sierra Nevada de Santa Marta y su entorno social y territorial. Ello requiere de acciones integrales, coordinadas y priorizadas para desarticular de la manera más efectiva al grupo armado ilegal, mediante estrategias lo más incruentas posible, a través de la transformación del territorio y del sometimiento a la justicia.
El objeto del Espacio de Conversación Sociojurídico, así como de las acciones de desescalamiento busca salvaguardar la vida de la población civil; proteger a la niñez; garantizar la no injerencia del grupo armado ilegal en el proceso electoral, así como la no realización de acciones ofensivas, en contra la Fuerza Pública.
Esto hace importante evidenciar, mediante monitoreo constante en los territorios señalados, la reducción de las múltiples acciones de violencia, en especial, mediante la reducción de los asesinatos, de la extorsión, del desplazamiento forzado y del confinamiento de población, del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como del desminado. Por supuesto, también es relevante verificar que el grupo armado ilegal no incursione en otras regiones ni desarrolle actividades por encargo, con otras expresiones o denominaciones.
También, dado el entramado de incidencia social, familiar, económica y cultural de las ACSN en el tejido comunitario, es pertinente realizar un abordaje psicosocial del proceso de interlocución con las comunidades. Esto tiene sentido, en el marco de la continuidad de los procesos de reconstrucción de la memoria, del esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y la voluntad de no repetición, como elemento central del proceso de reparación colectiva de una comunidad afectada en alto grado por el conflicto y dentro de una óptica de valoración colectiva, tanto de la reparación como del sometimiento a la justicia de las ACSN, sin detrimento de las valoraciones, roles y responsabilidades individuales.
Al respecto, es importante considerar que el Espacio de Conversación sociojuridico con la ACSN se sustenta en la Ley 2272 del 2022, que constituye una actualización de la Ley 418 de 1997 y requiere de una Ley específica de sometimiento a la justica, según sentencia de la Corte Constitucional. No obstante, este ha sido uno de los elementos que ha contado con el bloqueo a las iniciativas gubernamentales, por parte de las mayorías de ultraderecha, en el Congreso de la República.
Este aspecto adquiere total relevancia, en medio de la coyuntura electoral. Como se ha podido observar en los debates de candidatos al Congreso de la República y, por parte de diversas precandidaturas presidenciales, los distintos exponentes de partidos contrarios al Gobierno Petro esgrimen valoraciones centradas en el populismo punitivo, en el cierre a los canales de diálogo y negociación con los diversos grupos. Esto los lleva a pretender posicionar en el electorado posturas guerreristas, que no dan cuenta de la complejidad de contextos y realidades como las que evidencia la historia de las ACSN. La pobreza argumentativa fundamentada en el desconocimiento de los contextos territoriales, en la negación de la complejidad de la dinámica comunitaria y en el desinterés por el esclarecimiento de la verdad opacan la reflexión, en detrimento de la construcción de tejidos sociales sanos en territorios como la Sierra Nevada de Santa Marta y su entorno inmediato y mediato circundante.
Fuentes:
[1] Bernal Jhon. Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro. Infobae. Febrero 22 de 2026. [2] Badillo Sarmiento Reynell, Trejos Rosero Luis Fernando, Rodríguez Rodríguez Angélica. “El territorio es tuyo, pero la gente es nuestra”: los vínculos familiares y emocionales en la guerra por la Sierra Nevada de Santa Marta. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales. colomb.int. no.122 Bogotá Apr./June 2025 Epub Apr 29, 2025 https://doi.org/10.7440/colombiaint122.2025.07 o https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/colombia-int/article/view/10582/10717 [3] UNODC ROCOL – Área de Corrupción y Delitos Económicos. Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada: tensiones entre el desarrollo turístico y la gobernanza criminal. Sistema de Análisis de Grupos Armados-SAGA. 2023. https://saga.unodc.org.co/es/autodefensas-conquistadores-de-la-sierra-nevada [4] InSight Crime. Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Oct 11 2024https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/los-pachenca/
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: RTVC Noticias
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