Lo curioso de la conversación fue la alerta de voceros de las cooperativas de caficultores del sur del Cauca sobre las graves consecuencias que tiene el uso de glifosato y el abuso de agrotóxicos por parte de los cultivadores de coca.
En todos esos municipios y en otros más, los caficultores han hecho un extraordinario esfuerzo para producir café de alta calidad para el mercado nacional y en especial para exportarlo a países de Europa, a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia y a otros en los cuales se promueve el “comercio justo” y el consumo de café orgánico. En el Cauca hay más 90.000 familias que producen café y en la última década ha crecido la exportación de café orgánico y especial, mostrando amplias posibilidades como alternativa y freno a la expansión de la coca. Esa
producción cafetera representa 17% del total nacional. También en Nariño y Huila
se ha ampliado la caficultura y exportaciones que desde el suroccidente superan los USD 3.500 millones de dólares al año.
El problema se presenta cuando se rechazan containers de café por no pasar el control de calidad que establece contenidos máximos de agrotóxicos y en especial de glifosato. Según las normas europeas, ese límite es de 0,01 miligramos de glifosato por kilo de café, o su equivalente en análisis foliar. Conocimos ejemplos de análisis de química analítica que llevaron al rechazo por superar el límite en 0,001 miligramo. Como afirma Rene Ausecha “La valoración de 0,01Mg/Kg es el máximo permitido, y deja en el limbo el negocio, dado que si al recibir el café en puerto de destino el índice aumenta, pierde el estatus ecológico y con ello las primas de agricultura ecológica” (COSURCA, 2026).
El uso de glifosato mediante aspersión terrestre lo hacen los cocaleros para controlar malezas y también usan en abundancia otros agrotóxicos que contaminan los suelos, aguas y que son dispersados por el viento aún después de haber sido colocados en el suelo y en el follaje a destruir. Con esta forma de deriva el glifosato impacta los cultivos vecinos y obliga a descartar filas y hasta fincas cafeteras que no logran pasar los controles así sea por diezmilésimos. Lo mismo ocurre con el cacao, plátano y frutales.
La aspersión con glifosato para la erradicación forzada de cultivos de coca se sumaría al impacto negativo que tienen para estos caficultores las prácticas de los cocaleros.
El efecto con el bombeo del agrotóxico por parte de los erradicadores, desde el dron o el tanque de fumigación a la espalda, recae no sólo en el café sino en todos los demás cultivos y en la biodiversidad. Está probado el efecto negativo en las abejas, mariposas y muchos otros polinizadores. Los microorganismos y nutrientes de los
suelos se degradan y, como denunciaron miles de familias del sur del Cauca, son frecuentes los impactos negativos en la maternidad, vías respiratorias y enfermedades en la piel (Acción Popular, 2006).
Los códigos sanitarios que controlan la presencia de agrotóxicos y en particular de glifosato son cada día más estrictos en Europa. Así lo dispone el Pacto Verde y programas como el de La granja a la mesa. (Orozco. Uniandes, 2022). En 27 países se han adoptado medidas de restricciones radicales y muchos ponen fechas en esta
década para el glifosato sea retirado del mercado y del uso en cualquier actividad, incluida la jardinería.
Los fabricantes se defienden promoviendo estudios que muestran que, por ejemplo, no son concluyentes las investigaciones sobre los efectos cancerígenos en humanos por exposición esporádica al glifosato y por impacto recurrente. Pero las autoridades de todos esos países no solo atienden a los estudios sobre cáncer. En este caso aplican el principio de precaución que indica abstenerse del uso ante la duda y a falta de pruebas suficientes, “incontrovertibles”, de la inocuidad. Al mismo tiempo no se olvida el conjunto de impactos ambientales, a la biodiversidad y a la salud humana y de los animales domésticos.
¿De nuevo la guerra química?
Según información del ministerio de Defensa y de la Policía antinarcóticos, en el primer semestre de 2026 se tiene programado hacer aspersión de glifosato en 12 municipios del Cauca comenzando por Argelia y Patía. Se habla del uso de drones a baja altura que llaman “terrestres”. Desde los experimentos realizados durante la administración de Iván Duque, se ha dicho que con aspersión a menos de 10 metros se reduce al mínimo la deriva de una mezcla de glifosato y coadyuvantes como el cosmoFlux que ofrecen peso de las gotas y mayor adherencia a las plantas para
que sean quemadas con mayor eficacia. Esas pruebas han sido realizadas en condiciones normales, sin interferencia de armados o de cocaleros y sin medición específica de impacto.
Lo que se anuncia, con reuniones como la de cerca de 5.000 cocaleros en Patía, son una serie de confrontaciones, marchas y bloqueos. Hacer erradicación forzada con aspersión de químicos defoliantes o por medios mecánicos requiere una gran operación militar en estas zonas con presencia de grupos armados que controlan el territorio y la seguridad del negocio de la cocaína del cual son socios.
Los campesinos han hecho un largo aprendizaje de resistencia a la erradicación forzada y se cuentan por miles los casos de movilización contra las cuadrillas erradicadoras y de cerco a unidades policiales o militares de respaldo.
También los armados tienen un repertorio de oposición a que se les dañen sus ingresos ilegales que va desde la presión a los campesinos, recolectores y comerciantes para que bloqueen la acción oficial, hasta hostilidades directas con atentados, uso de drones y ataques a las aeronaves de apoyo. Eso ya debe estar en los cálculos, como también que se presenten desplazamientos, algunas muertes, problemas de abastecimiento y también asfixia a la producción de coca, pasta y cocaína.
Lo más probable es que a corto o mediano plazo se constate el fracaso de esa estrategia de fumigación terrestre desde drones tal como ha ocurrido en el pasado con toda erradicación forzada. A la larga ya se sabe que esas estrategias de guerra, cuando son aparentemente exitosas, conducen a la resiembra en otras zonas y hasta aumento de producción en otros países. En lo inmediato el balance costo- beneficio muestra que es más la suma de daño ambiental, a la salud, a las cosechas de productos legales, con desplazamiento y empobrecimiento de miles de familias.
¿En dónde están los planes de manejo ambiental y los planes post erradicación?
Hoy como hace 9 años, estos planes de erradicación forzada se hacen más para acomodarse a la presión de los Estados Unidos que para garantizar resultados sostenibles de sustitución de las economías cocaleras y de la cadena de la cocaína. En 2017, cuando apenas comenzaba el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, se inscribieron cerca de 100.000 familias campesinas al primer plan y otras 150.000 se pronunciaron en asambleas para compromisos colectivos. En Argelia acudieron más de 13.000 familias que se quedaron ensayadas.
En ese proceso se atravesó la exigencia del gobierno de los Estados Unidos y el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a erradicar por la fuerza 50.000 hectáreas de coca en 12 meses. En medio de lo que llamé un Tsunami cocalero hacia la legalidad, tomó mayor velocidad la respuesta a la demanda estadounidense y se iniciaron acciones de erradicación forzada sin los debidos planes de manejo y sin atender a la necesidad de planes de atención a las familias que serían impactadas por la acción de fuerza y llevadas a la desposesión y al hambre.
No se ofreció a los campesinos un plan de urgencia post erradicación. Y así ocurrió desde entonces en cada operación de erradicación forzada. Los campesinos quedan a merced de las mafias y de grupos armados que los someten y esclavizan en enclaves al servicio de la cadena de la cocaína y de los grandes beneficiarios en
el comercio en el Norte, en los circuitos financieros y del lavado de activos.
Hoy parece que estamos en las mismas. No se conoce el plan de manejo ambiental ni los planes post erradicación para atender a los campesinos del sur y occidente del departamento del Cauca. Esos planes deben dar respuesta a las exigencias que hizo la Corte Constitucional sobre garantía de no daño a la gente, a sus bienes ni al ambiente. Además, deben ser específicos para cada área, atendiendo a sus particularidades socioeconómicas y ecológicas. Y en todo caso debe primar el principio de precaución.
Eso de lanzar agroquímicos desde drones o desde “cacorros” (como se llama a los tanques de espalda en algunas regiones), no es asunto fácil y es más difícil si durante varios gobiernos no se han mostrado salidas a los campesinos.
Entre tanto los cultivadores de café, cacao o de otros productos que se destinan a la exportación sufren el doble impacto, el de la aspersión forzada y el de la depredación que acompaña el uso de agrotóxicos en el cultivo de hoja de coca, las toneladas de residuos químicos de los laboratorios de pasta básica o de los cristalizaderos de cocaína. El extraño mundo de Subuso, se llamaba una tira cómica en los años del humo: veneno para el remedio y veneno para la enfermedad.
Camilo González Posso, Presidente de Indepaz
Foto tomada de: CAMBIO Colombia
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