En medio de la incertidumbre y la tristeza, que los resultados del plebiscito han generado a Colombia, una de las agendas más importantes que el legislativo tendrá a partir de octubre es la propuesta de reforma tributaria. Al menos cuatro urgencias tiene la aprobación de la reforma:

La primera, como lo expresó el Presidente de la República en su mensaje al Congreso al presentar el presupuesto del año 2017: dos iniciativas independientes pero muy complementarias van a permitir que Colombia acelere su desarrollo económico y reduzca las desigualdades sociales: la paz y el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- en 2017, se espera que en la próxima reunión del Consejo de Ministros de esta organización, se confirme el ingreso del país. De un total de 23 comités, ha sido aprobado el ingreso de Colombia en 17 comités. No obstante uno (entre muchos) de los requisitos para su ingreso es reformar su estructura tributaria: “El recorte anunciado del gasto público es adecuado para contener el déficit fiscal nominal, aunque se requiere una reforma fiscal exhaustiva para aumentar la progresividad, impulsar los ingresos y reducir las grandes desigualdades en los ingresos”. Así lo expresó la OCDE, en su más reciente informe de Perspectivas Económicas.

La Segunda, la generación de mayores ingresos. La reducción del precio del petróleo entre 2013 y 2016 ha provocado una contracción en los ingresos que recibe la Nación del sector de hidrocarburos por más de $23 billones. El monto de los recursos pasó de ser el 3,3% del PIB en 2013 a 1,2% en 2015 y para 2016 se calculan ingresos petroleros negativos del orden del -0,1% del PIB. Si bien, la aplicación de las reformas tributarias de 2012 y 2014 ha permitido reducir la dependencia de ingresos asociados al sector minero-energético, al sustituirlos por fuentes alternas, diferentes a endeudamiento, y la implementación del Plan de Gestión y Antievasión a cargo de la DIAN ha contribuido a aumentarlos, se requiere una reforma tributaria estructural, para incrementar los recaudos no sólo nacionales, sino departamentales y municipales.

La tercera, y expuesta más contundentemente por la Comisión de Expertos, tiene que ver con la modernización, eficiencia y aumento de recaudo que requieren las finanzas departamentales y municipales.
La cuarta y más equivocadamente debatida en las últimas semanas, tiene que ver con los mensajes de urgencia en materia de salud pública que diversas organizaciones internacionales, nacionales y del gobierno nacional, a través del ministerio de salud, han puesto al país y la propuesta de un paquete de impuestos saludables para frenar el incremento de enfermedades no transmisibles relacionadas con el tabaquismo, el cáncer, la diabetes y la obesidad.

La propuesta de impuestos saludables que ha realizado no sólo el gobierno sino también la comisión de expertos, es incrementar gradualmente el impuesto al tabaco hasta en un 500% y gravar las bebidas azucaradas y edulcoradas con una tasa del 20%. Ambos impuestos tienen como objetivo desestimular el consumo de ambos productos por sus graves consecuencias en la salud humana.

A nivel internacional, la ONU desde 2012, ha hecho llamados a los gobiernos para que adopten unas “acciones prioritarias” y urgentes, teniendo en cuenta que el 65% de la población mundial vive en países donde la obesidad “mata a más personas que la falta de peso”. Y un dato más: un aumento del 10% en las enfermedades ligadas a las dietas poco saludables provoca la caída en un 0,5% del producto interno bruto (PIB) mundial , principalmente por los mayores gastos de los sistemas de salud. Desde el Ministerio de Salud, la alarmante realidad es que en Colombia, 26.460 muertes por tabaquismo y según datos del DANE, en el país la obesidad y al diabetes se encuentran dentro de las primeras 10 causas de muerte, incluso por encima de la tasa de muertes violentas.

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