Conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es sin duda una de las Políticas Públicas más ambiciosas del Estado Colombiano y una de las apuestas para materializar el Estado Social de Derecho definido en la Constitución Política de 1991, pues el Estado debe restituir los derechos que, por comisión del mismo Estado, le fueron arrebatados a más de nueve millones de Colombianos.

La “Ley de Víctimas”, es fruto de años de disputas, debates y trabas legislativas que la engavetaron por varios años en el Congreso de la República, en los que se aseguraba que en Colombiano no existían desplazados ni conflicto armado, sino por el contrario se trataban de migrantes económicos y el desplazamiento forzado era una forma de ejercer presión política por los grupos terroristas al margen de la Ley, esto sin olvidar que se decía en su momento que el país no tenía presupuesto para financiar la Ley, y por el contrario el esfuerzo presupuestal se enfocaba en combatir el terror y la barbarie, es decir, más guerra.

A su vez, las víctimas ante una falta de respuesta institucional a las necesidades más elementales por parte del Estado, se veían en la obligación de realizar protestas y tomas pacificas de Entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la extinta Acción Social en la Presidencia de la República, o de espacios como la Plaza de Bolívar o el Parque Tercer Milenio en el Centro de Bogotá, entre otras.

Es por ello por lo que, en el año 2011, cuando se expide la Ley de Víctimas se da un avance importante al reconocer que en Colombia realmente si existían víctimas, y víctimas de un conflicto armado interno, lo que implicó reconocer que, en el marco de la confrontación del Estado con grupos al margen de la Ley, llámese guerrilla y paramilitarismo, en el medio de ello estaba la sociedad, por cierto, vulnerable e indefensa ante el Conflicto Armado y donde la Fuerza Púbica, incluso, era un actor más.

El reconocer que en Colombia existía un Conflicto Armado y que ello producía víctimas, fue una de las llaves que permitió abrir la puerta del Proceso de Paz y la firma del acuerdo final entre el Estado Colombiano y las FARC – EP, en La Habana – Cuba, en donde nuevamente las víctimas fueron un actor central como eje transversal a lo acordado.

A más de diez años de promulgada la Ley de Víctimas y casi seis de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC – EP, los avances en la atención a víctimas son importantes e indiscutiblemente han contribuido a la superación de la vulnerabilidad de muchas personas y hogares, sin desconocer que hoy existe un Registro Único que permite identificar e individualizar a cada uno de los hogares, focalizar su oferta e insumo para la construcción de soluciones, a su vez la Ley determina la responsabilidad del Estado en su conjunto de cara a la atención desde lo municipal, departamental y a las Entidades del orden Nacional, así como la visibilización de las víctimas como un actor político que tiene la capacidad de incidir en todas las política públicas, basta con mirar hacia la Vicepresidencia de la República en donde Francia Márquez, nuestra Vicepresidenta es víctima y electa como la segunda al mando del Gobierno que inicia.

La Ley de Víctimas trajo consigo los Decretos Ley que reconocen a las comunidades étnicas como parte de este proceso para resarcir y reparar el daño producto del conflicto armado, reparación colectiva que debe ser conforme sus usos y costumbres, enmendando años de abandono Estatal hacia las comunidades ancestrales y el daño ocasionado en el marco del conflicto, lo cual debe partir de sus costumbres propias y de ejercicios participativos como la Consulta Previa.

Sin embargo y a pesar de los avances en materia asistencia y atención, e incluso en la fase de reparación y en la Superación del Estado de Cosas Inconstitucionales respecto del Registro Único de Víctimas y en materia de Participación Efectiva, los esfuerzos deben ser mayores ante el reto inmenso de cumplir, y más, si queremos dejar atrás los horrores de la guerra y dar tránsito a una “Paz Total”, pues esto debe suponer que a los más afectados por años de guerra deben ser resarcidos, que en torno a ellos se perciba que hubo justicia y que los responsables de lo que se ha vivido aporten a la verdad total y que contribuyan con la reparación.

Esto a su vez implica poner atención y compromiso mayor a la fase de reparación integral y realizar los ajustes técnicos y presupuestales que permitan indemnizar con más agilidad a los hoy beneficiaros de la Ley, pues al paso que vamos se tardaría más de tres décadas en reparar a más de seis millones de colombianos pendiente a que se le materialice su derecho, en términos de la Contraloría General de la República, las medidas adelantadas a la fecha no superan el 13 % de los beneficiarios y se requieren de aproximadamente 65 billones para cumplir con la tarea.

Lo anterior, sin revisar todo el capítulo de Restitución de Tierras, también parte de la Ley de Víctimas y sobre el cual existen intereses y derechos en colisión, por no ir muy lejos la discusión respecto de los segundos ocupantes y la efectiva restitución de los predios despojados a víctimas, tema de profundo calado que debe resolver uno de los problemas más estructurales que ha tenido nuestro país.

Así las cosas, el nuevo Gobierno Nacional en cabeza de Gustavo Petro y de una Víctima directa del desplazamiento forzado, como nuestra Vicepresidenta Francia Márquez, quienes se han propuesto hacer una “Paz Total” con todos los grupos al margen de la Ley, necesariamente deben poner total atención a la reparación integral a las víctimas, y por ende colocar en práctica las instancias definidas en la Ley como el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en donde el mismo Presidente la República define y da las instrucciones propias a sus Ministros para crear programas y soluciones definitivas a las víctimas desde sus carteras, ejemplo, la necesidad de crear una Política Pública de empleo exclusiva para los beneficiarios de la Ley 1448 de 2011, soluciones definitivas a una Vivienda Digna, así como la necesidad de la protección a sus líderes y lideresas a quienes en palabras de la Corte Constitucional tiene presunción constitucional del riesgo.

El tema presupuestal no puede seguir siendo una excusa, y por el contrario, el Gobierno podrá hacer uso de los instrumentos Constitucionales y legales que le permitan orientar mas recursos en cumplimiento de la Ley de Víctimas, reparar con mayor agilidad y satisfacer los demás derechos, incluso, bajo criterios de igualdad y equidad, los derechos de las víctimas deben ser los primeros en la agenda del actual gobierno.

Así las cosas, el conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, tanto individuales y colectivas que es la apuesta de la Ley e ilusión para las personas más afectadas como consecuencia de violaciones a sus derechos, es a su vez necesaria para avanzar en la anhelada Paz, en la cual sin las víctimas realmente reparadas para seguir en su proyecto de vida con dignidad y cerrar las heridas del conflicto, será muy difícil que la sociedad colombiana pueda dejar atrás los horrores de la guerra.

Camilo Andrés Escobar G

Foto tomada de: Plaza de Bolivar

Ultimos articulos

Etiquetas

Apoyo SUR

Buscar