Hay que decir que la mayoría de dicho comunicado se dedica es a tres aspectos:
1) ampliar de cinco a quince municipios -en el departamento de Córdoba, Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta, en Antioquia, Cáceres, El Bagre y Nechi y en Bolívar, El Carmen de Bolívar y San Jacinto- donde se sigue adelantando la etapa de ‘consolidación de confianza’ -adicionales, recordemos a los cinco municipios de Antioquia y Chocó, Mutatá, Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía- en los cuales se pretende continuar con los objetivos planteados en el primer comunicado.
2) Establecer tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía en el departamento de Chocó y Tierralta en el departamento de Córdoba, a partir del 1 de marzo de 2026, para la ubicación de combatientes del (a) EGC en cada una de ellas. El gobierno expedirá el acto administrativo para definir la ubicación precisa y los límites de éstas, las garantías de seguridad y demás aspectos de funcionamiento y el grupo (a) EGC entregará a la oficina del comisionado consejero de Paz la lista de quienes estarán en cada una de ellas y este listado se incrementará progresivamente, así como el número de ZUT si las partes así lo consideran.
3) Asignarle a la MAPP/OEA la tarea de conformar un mecanismo municipal y tripartito, con presencia de delegados del gobierno y del (a) EGC, este mecanismo tendrá presencia nacional y como función verificar el cumplimiento de lo acordado -como una claridad para el funcionamiento de esta tarea de monitoría es que se aprobó y publicó el ‘Protocolo para el Seguimiento, Monitoreo y Verificación de los Compromisos de Paz de Doha’-. En lo inmediato una primera tarea que se explicita en el Comunicado es revisar las condiciones de salud de los miembros del (a) EGC que están en condición de detenidos o condenados, en prisión.
Es importante señalar que estos acuerdos son todos de tipo procedimental, para crear confianza entre las partes, en las regiones, para ir creando unas zonas de ubicación con algunos miembros del (a) EGC, para verificar las condiciones de cómo funcionarían las mismas, porque en ninguna parte se dice que vayan a ser todos sus integrantes quienes se vayan a ubicar allí, por lo menos inicialmente.
Todo lo anterior, porque en dos líneas del penúltimo párrafo de dicho Comunicado está la esencia para entender lo anterior, cuando señala: “Tanto las agendas, como las fechas y la composición de las delegaciones permanecerán confidenciales, garantizando la integridad del proceso de paz.”
Es decir, por el momento no conocemos la agenda, fechas de las próximas reuniones, ni la composición de las delegaciones -especialmente la del (a) EGC-, lo cual es entendible en un proceso de conversaciones, pero es por lo menos sugerente formularse algunas preguntas derivadas de esas dos líneas. Se habla por primera vez de ‘proceso de paz’ y no de ‘conversaciones socio jurídicas’ como se había dicho en los comunicados públicos; entonces ¿sí se trata de un proceso de paz con una organización a la cual se le va a reconocer o ya se le reconoció su carácter político, o fue un ‘lapsus’ en la elaboración del Comunicado?, que no es descartable, pero parece improbable. La segunda pregunta se referiría al contenido de la agenda, porque todo indica y es lo que informalmente comentan personas en los territorios, uno o el punto más importante de esa agenda se trata de definir cuanto es el porcentaje de los bienes de dichas organizaciones -por supuesto de origen ilegal- que podrían quedarse los miembros de dichos grupos -en lo que se escucha se dice que la diferencia estaría entre una oferta del lado del gobierno cercana al 14% y una demanda del lado del (a) EGC del 22% del total de los bienes-; y efectivamente eso es un punto central de esa agenda por cuanto se trata de organizaciones que no tienen precisamente motivaciones exclusivamente políticas, sino básicamente económicas -orientadas por ‘la codicia’ diría el presidente Petro-. Este sin duda es uno de los puntos centrales para este tipo de organizaciones, pero a su vez coloca un interrogante, si se puede hablar de ‘procesos de paz’ como lo menciona este segundo Comunicado. Y no hay duda de que, aunque no conozcamos la agenda, por el momento e insisto, eso es entendible, el otro punto tiene que ver con las salidas jurídicas, igualmente difíciles cuando no existe un marco normativo aprobado por el Congreso y por supuesto los demás puntos de dicha agenda.
Lo que permite deducir, igualmente, es que no hay duda que tanto el gobierno como el (a) EGC han sido audaces empezando a conversar y a tratar de avanzar, sin la existencia de esos aspectos centrales para orientar una negociación de unas ‘conversaciones socio jurídicas’ como las han denominado en los dos Comunicados públicos conocidos; porque evidentemente pareciera que la apuesta es a que el Congreso en las sesiones que iniciarán en marzo de 2026 pueda aprobar ese marco legal -en lo cual incidiría mucho, a su favor o en contra, los resultados electorales del nuevo Congreso que se elija y se posesioné el 20 de julio de 2026- y claro el nuevo Presidente que se elija el próximo año.
Pareciera que esa es la apuesta a la cual las dos partes decidieron acogerse y avanzar, en lo que se pudiera, con esos limitantes. Una decisión audaz y entendible, pero cargada de mucha incertidumbre acerca de los resultados finales, aunque puede producir, en algunos territorios, por lo menos en los municipios pilotos, una disminución de niveles de violencia en el corto plazo, así sea transitoria.
Ya veremos cuál es el desarrollo de este esfuerzo de las dos partes y ojalá el resultado no vaya a ser decepcionante para la sociedad y para los territorios, porque debemos tener claro que si no hay definiciones sobre los aspectos centrales de la agenda -que por el momento no conocemos, pero podemos suponer- no va a existir una desmovilización de esos grupos.
Alejo Vargas Velásquez, Analista Político en Paz, Seguridad y Defensa, Profesor Titular Universidad Nacional – Investigador Emérito de Min Ciencias
Foto tomada de: El Colombiano
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