En dichos audios, Leyva se refiere a las personas y sectores que participarían en “un acuerdo nacional en el que tienen que estar el ELN y el Clan del Golfo” para sacar a Petro; menciona a la vicepresidenta Francia Márquez; de quien afirma que “está de acuerdo” y que la veía como parte del plan para una transición presidencial, a Vicky Dávila, afirmando que ella “está lista para jugar su parte”, a Miguel Uribe Turbay, sobre quien aseveró que “Ese pelado es clave. Con él el Centro Democrático nos da vía libre, aunque no he hablado con él aún”. También fueron nombrados Humberto de la Calle, Álvaro Uribe, Gustavo Bolívar, Susana Muhammad y Juan Manuel Galán, como posibles piezas para “sumar respaldo político nacional”.
Francia Márquez, en comunicado público y carta dirigida a la fiscal general, negó estar comprometida en tal plan, ratificó su compromiso y respeto al período constitucional en el cargo para el cual fue elegida y pidió a la Fiscalía iniciar las investigaciones correspondientes. Además, el exministro refiere que estuvo en los EE. UU, en comunicación con el senador republicano, Mario Díaz Balart, personaje cercano al secretario de Estado, Marcos Rubio, con la intención de pedir ayuda al gobierno y al congreso gringo en pro de su designio “institucional”.
En las cartas, ampliamente difundidas por los medios corporativos, Leyva acusa a Gustavo Petro de drogadicto, de tener “comportamientos que dan señales de confusión personal y conductas erráticas, actuaciones fuera de lo común en viajes diplomáticos”; como, desaparición en Paris durante dos días, olvido de compromisos en Italia, Alemania, Chile y China; lo acusa de haber incurrido en falsedad ideológica, de padecer un estado de enajenación mental, de hacer uso del lenguaje inadecuado, que “impulsa un autogolpe” para derribar instituciones y “disfrazar su inhabilidad”, conductas que, “están minando la gobernabilidad nacional”. Conjeturas sin pruebas, utilizadas para demeritar y aniquilar moralmente a Gustavo Petro y deslegitimarlo como persona apta para continuar ejerciendo la presidencia de la República. Una de sus cartas termina con un campanudo llamado a la renuncia: “Ya no más presidente Petro. Hora de irse. Esto porque en sus manos, en su situación, el país se hunde. El alma de la nación está en pena”.
Finalmente, en entrevista concedida a la revista Semana, el excanciller, presenta su propuesta para reemplazar a Petro “de manera legal y democrática”; dijo que no se trata de un golpe de estado sino de una salida mediante un “acuerdo nacional dentro de la legalidad” basado en un “diálogo entre poderes del Estado para persuadir al presidente a dimitir legalmente”, dentro de un marco constitucional para su remoción. Según su criterio, existen mecanismos previstos en la Constitución para remover “al mandatario inhabilitado”, puesto que, aparentemente, Petro presenta riesgos de salud mental o física, que “debe ser evaluado por un siquiatra”; lo cual justificaría su remplazo.
De concretarse la “salida legal” del presidente, Leyva señala que debe ser remplazado por la vicepresidenta Francia Márquez y enfatiza en que “no habría necesidad de golpes de estado”. Para reforzar su argumento, hace referencia al derecho internacional, la Convención de Viena y el Acuerdo de paz, como bases jurídicas para concretar una salida figuradamente constitucional.
Pero su invitación al ELN y al Clan del Golfo a “formar parte del acuerdo nacional”, desvirtúa su propuesta de “diálogo entre poderes del Estado”. Dichos grupos no hacen parte de los “poderes del Estado”; mucho menos después del, fracaso de “la paz total”, reconocido por el presidente, con el consecuente recrudecimiento de la violencia y el terrorismo en amplias zonas del país. Además, es claramente improbable que los posibles invitados del establecimiento acepten, sin sustento legal, sentarse a la mesa, de los acuerdos con paramilitares y guerrilleros con el único fin de presionar la renuncia, sin golpe de estado, del presidente constitucional y legítimo de Colombia.
Es verdad que ni en los audios, ni en las cartas el señor Leyva Durán promueve de manera abierta un golpe de estado para derrocar al presidente Petro; pero, “Desconfía de todo el mundo. Piensa mal y acertarás” aconseja el refranero popular español; lo evidente es que el plan de Leyva era incitar la salida consentida del presidente Petro mediante un inverosímil acuerdo entre poderes del Estado, incluidas las guerrillas y los paramilitares. Lo innegable es que las acciones de Leyva contribuyen al golpe de estado en cámara lenta, fraguado por la alianza del poder y las mafias y ejecutado meticulosa y paulatinamente, a partir del 7 de agosto de 2022 para impedir que el presidente termine su mandato en 2026, o para derrocarlo, o en últimas, asesinarlo.
En este plan golpista se inscriben incontables acciones conspirativas realizadas progresivamente; sobresalen, entre otras las siguientes: Guerra mediática ejecutada, de manera sincronizada y sistemática, por los medios prepago de comunicación masiva, redes sociales y bodegas virtuales, dirigida a desprestigiar, tergiversar y difundir Fake News sobre acciones del gobierno y sobre la vida privada del presidente, siembra de odio e irrespeto a la dignidad presidencial; difusión masiva de todo tipo de vejámenes, insultos, ofensas, calumnias, tanto al presidente, como a su familia; invisibilización de sus logros y amplificación de sus errores; violación y despojo de su fuero constitucional por parte del CNE, con el aval del Consejo de Estado, para investigarlo por presunta transgresión de los topes electorales e ingreso de dineros ilícitos a su campaña, para viabilizar un golpe de Estado parlamentario y judicial, vía Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Así mismo, redujeron a la mitad el presupuesto del Plan de Desarrollo aprobado en el Congreso, hicieron uso y abuso de la alianza mayoritaria de las bancadas neoliberales para bloquear o reducir a su mínima expresión los proyectos de ley sobre reformas sociales y democráticas, de la salud, laboral y las pensiones; las dos últimas aprobadas, pero con drásticos recortes negociados con el gobierno, luego de la aguda crisis institucional y política, causada por el abrupto archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, la negativa fraudulenta de las consultas populares, las multitudinarias movilizaciones convocadas por Petro y apoyadas por las centrales sindicales y el movimiento popular y la fugaz huelga parlamentaria decretada por la coalición de nueve jefes de los partidos de la oposición neoliberal; viaje de 11 congresistas de la oposición, encabezados por Efraín Cepeda, a los Estados Unidos a entrevistarse con los congresistas republicanos, Diaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez para “pedirles ayuda” contra Petro, con el mismo propósito viajó el matarife a Washington. Congresistas que, luego de las entrevistas con sus visitantes, se pronunciaron en términos desobligantes, agresivos, amenazantes e injerencistas para calificar al presidente de drogadicto, guerrillero, narcotraficante, terrorista y socialista, que quiere volver a Colombia otra Venezuela.
Forma parte del golpe de Estado en curso la conspiración y los fallidos operativos para matar al presidente, presuntamente financiados por la “nueva junta internacional del narcotráfico” residenciada en Dubái, integrada, según denuncias del presidente, ratificadas por la DEA y el Departamento de Estado de USA, por el narco-esmeraldero Julio Lozano Pirateque, alias “Patricia”, alias “Burger King” jefe paramilitar del Clan del Golfo y el Zar del contrabando Diego Marín Buitrago alias “Papá Pitufo”, junto al capos uruguayo, mexicanos, albaneses y españoles. Una presunta alianza internacional de las mafias con el poder para, no solo derrocar a Petro, sino asesinarlo.
Finalmente, en este entramado golpista, nacional e internacional, se inscriben las recientes denuncias penales incoadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el exministro de Justicia de Duque, Wilson Ruiz, basada en las cartas de Leyva para exigir que se ordene examen farmacológico al presidente en el que se dictamine “su estado mental y grado de drogadicción”, con fines de destitución y, la interpuesta por el abogado de la Familia Uribe Turbay, Víctor Mosquera, basada en que presuntos “discursos de odio” y “señalamientos infundados” del presidente Petro contra Uribe Turbay, que pudieron haber inducido el atentado contra el precandidato uribista. Hasta ahora las hipótesis de la Fiscalía y otros organismos de investigación, apuntan en otra dirección y desvirtúan las temerarias acusaciones; pero, ni los medios, ni el uribismo desisten de dichos señalamientos, que buscan réditos políticos, electorales y golpistas.
Es obvio que hasta ahora las intentonas golpistas han fracasado; pero, sin duda alguna, la amenaza de golpe irá hasta el 6 de agosto de 2026, solo esperan que se den la condiciones para proceder. Son varios los factores que han frustrado las avanzadas golpistas; entre ellos se destacan dos por su máxima importancia: El primero, es el respaldo de la clase trabajadora, el campesinado pobre y los sectores populares en pueblos y ciudades a sus propuestas de reformas democráticas y sociales, expresado de manera creciente en el curso de sus tres años de gobierno, en multitudinarias movilizaciones convocadas por Petro, apoyadas por los movimientos, sindical, campesino, comunal, comunitario y popular. La más simbólica la del primero de mayo, que movilizó millones de personas en las capitales y más de 150 ciudades y pueblos de Colombia y las subsiguientes, realizadas en mayo y junio en respaldo a la consulta popular.
Y, el segundo, el liderazgo internacional ganado por el presidente en la lucha contra el cambio climático y la transición energética; así como en la condena al genocidio ejecutado por el régimen Nazi-sionista contra el pueblo Palestino; gestas que le han permitido a Colombia ocupar cargos relevantes en organismos internacionales, como, la Secretaría General Adjunta de la OEA, Secretaría General de la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica), membresía no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, la presidencia pro témpore de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y, la resiente realización de la Primera Cumbre Ministerial de Emergencia, del grupo de La Haya, realizada en Bogotá los días 15 y 16 de julio/2025, conformada por ocho países del Sur Global, para coordinar una respuesta conjunta frente al genocidio del pueblo de Gaza. Éxitos y eventos que han logrado importante posicionamiento internacional de Colombia y reconocimiento democrático internacional al señor presidente. Barreras democráticas contra las que chocan las acciones golpistas que vive Colombia.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y fiscal de ANEP.
Foto tomada de: Agencia de Periodismo Investigativo
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