Es cierto que muchos fueron eliminados por falta de credibilidad, de visibilidad pública, o por carecer de financiación; y que los mecanismos políticos terminaron corrigiendo el brote contagioso de “ofertas” presidenciales, sin ocuparse de las causas que provocan el comportamiento irresponsable. Pues es irresponsable que en un país con 34 partidos y movimientos con personería jurídica reconocida a la fecha, aparezcan tres veces más de personas creyéndose capacitadas para gobernarlo.
En esa explosión de postulaciones sin respaldo de las organizaciones políticas veo una atrofia de la democracia, un abuso del derecho a elegir y ser elegido, una epidemia de “pluralismo democrático” que hace daño; porque, cuando cualquier individuo ejerce por su propia cuenta el derecho de postulación política, socaba la legitimidad de los partidos y movimientos políticos que, se supone, agencian el sistema democrático liberal con la atribución de postular.
La mayor parte de aspirantes no representaba a nadie diferente a sí mismos, aunque hubiesen sido gobernadores, alcaldes o ministros; otros, con su reconocimiento y liderazgo apenas hubiesen logrado la presidencia del Club Rotario de su ciudad, o fracasado intentando un escaño en el concejo de un municipio de tercera categoría. Hicieron el ridículo aunque causaran risa o dieran pena. Comieron morcillas con el gesto de ser algo asqueroso; una habló con un soldado de guardia dulcemente y agarró su mano – igual que una pobre buscona –; hablaron en mercados con vendedores de líchigo – ¿qué asco es eso? –, y hubo quien en su avanzada vejez se tendió en un pastal hablando desde su cámara conmigo, contigo… con el resto. Ella, una buena persona.
Luego de que la mayoría abandonara la carrera, dieciséis se sometieran al cedazo de consultas interpartidistas, y los últimos declinaran después del 8 de marzo, en el tarjetón del 31 de mayo figuran catorce candidatos. Sólo cuatro provienen de un proceso de selección interno en sus partidos, o de consultas interpartidistas; uno, que se dice “independiente”, está justificado por el alto favoritismo de las encuestas; pero el resto está allí con el respaldo precario de los movimientos temporales que fundaron, de las firmas recolectadas, o por su capricho soberano protegido en un aval promiscuo: una malformación de la libertad y la pluralidad.
Pues existe toda clase de organizaciones étnicas, comunales, sociales, identitarias, religiosas o políticas que otorgan avales a quien lo busque y “al mejor precio”, sin importar de dónde venga ni a dónde vaya el sujeto. Reconocidos ex ministros y ex gobernadores aprovecharon la anemia electoral y los vicios de la dirigencia liberal y conservadora para inscribirse como “independientes” por el sistema de las firmas. Es el ardid de moda. De hecho, los partidos preexistentes a la constituyente del 91 no contaron en la selección de candidaturas presidenciales, y las formaciones aparecidas después del 2000 les disputan la representación política y el control del Estado.
Porque, digámoslo de una vez, la causa del caos político actual tiene su etiología en el orden jurídico nacional, que autoriza a los grupos significativos de ciudadanos y a las organizaciones sociales, a presentar candidatos sin tomar las previsiones que evitaran la maleza electoral que presenciamos.
Y corregirlos es tarea de la ley. Aconsejaría, por ejemplo: impedir la recolección de firmas a quienes hayan sido candidatos por partidos o movimientos políticos, ocupado cargos directivos en ellos, o desempeñado en su nombre cargos públicos de responsabilidad superior; prohibir a los ciudadanos apoyar con su firma varios candidatos para una misma circunscripción electoral, o nominación; anular los avales que expidan los partidos, movimientos políticos y organizaciones sociales a candidatos que no formen parte de la organización, con una antelación menor a un año. Quizás de este modo se detenga el negocio en que devino la recolección de firmas, y la entrega de avales a candidatos extraños a la formación que los otorga.
Pero es en la disputa por el control del Congreso donde se manifiesta la endemia que afecta la representación política. Allí, el peso del dinero permite a unos individuos imponer sus aspiraciones en las listas abiertas con voto preferencial, e incrementa la dificultad para alcanzar consensos. Es una tendencia que sólo las listas cerradas pueden revertir, alentando el respaldo al proyecto de la marca política en lugar de votar por el prestigio o el dinero de un candidato.
Cuando el dinero privado – así sea legal – decide quién representará al pueblo en las urnas, a través del marketing pagado saca ventaja y prolonga el dominio que el capital ha ejercido en las urnas, sin mencionar la compra de dirigentes locales y de votos. Para conservar esa ventaja, el uribismo y sus socios se oponen a la financiación total de las campañas con dineros públicos que situaría todos los candidatos en igualdad inicial, pues odian la igualdad en todas las formas.
Las aventuras electorales individuales – rezago de la intromisión mafiosa iniciada en la política hace cuatro décadas –, son una aberración del “propósito común” que inspira o debe inspirar la política, dado que la transformaron en el “proyecto de vida” de algunos individuos o clanes que se apropiaron del privilegio de representación en provecho propio, al punto que lo trasmiten por herencia en las urnas. Y corresponde a los partidos – mientras se reforman en la Constitución y en las Leyes –, reversar la tendencia de tal apropiación. Es lo revolucionario, de momento, porque cuestiona con eficacia el poder del dinero en la política.
Creo que para ordenar la participación en política, es condición fortalecer los partidos y movimientos políticos, como exigir responsabilidades máximas a los grupos significativos de ciudadanos y a las organizaciones sociales a la hora de postular. Y porque es ilusorio crear condiciones de igualdad y “limpiar” la política sin excluir el peso del dinero en ella, debe consagrarse la financiación estatal de las campañas. Con actores ordenados y formaciones políticas y sociales mejoradas, el gasto público en elecciones será más responsable.
Para conseguirlo, debe rechazarse la fiebre de auto postulaciones con la idea demagoga de que así se desarrolla la “pluralidad democrática” predicada como principio en la Constitución de 1991. Es una endemia, un canto al individualismo y al dinero, una aberración de la representación delegada que debemos enmendar.
Aunque hallándose tan arraigada aquella idea simplista, no sería exótico que alguien solicitara por vía de tutela amparo a su derecho de hacer su propia lista o escoger su lugar en la que el partido o movimiento decida, invocando el mismo principio, además del “desarrollo de la personalidad”. Y no me sorprendería que un juez de base le concediera amparo. Sería un gran error, pues sucede que la política hay que tomársela en serio, porque en ella nos va el bienestar y la paz de todos.
Álvaro Hernández V
Foto tomada de: Pacto Histórico Oficial en X
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