“Yo conocí el desarrollo hace 20 años un día que un sacerdote de apellido Betancur,
nos dijo que sino aceptábamos la construcción de la represa (Urrá) nos íbamos pa´el infierno”
Kimy Pernía Domico, Líder Emberá Katió desaparecido y asesinado por paramilitares
Las recientes inundaciones catastróficas en Córdoba y Sucre -que han dejado más de 100.000 hectáreas inundadas y, a su paso arrasaron viviendas, cosechas, animales, carreteras e infraestructura social y productiva- son la consecuencia no solo de la intensificación de las lluvias que trajo consigo un nuevo frente frio, sino también de la pérdida de la capacidad de adaptación de la Mojana a los efectos del cambio climático.
Mientras tanto, miles de personas desplazadas de sus hogares y despojadas de sus enseres y medios de subsistencia buscan afanosamente las ayudas que les puedan ofrecer las autoridades nacionales, regionales y locales o la solidaridad de los colombianos para mitigar las pérdidas y sobrevivir en medio del desastre.
Mapa de la región de la Mojana, tomado de Plazas et al. La sociedad hidraúlica Zenú.
A primera vista el aumento de la vulnerabilidad de los habitantes de esta región costera parece ser la consecuencia inevitable de los eventos climáticos. Sin embargo, una mirada a la historia socioambiental de la Mojana nos permite comprender que ni la vulnerabilidad, ni las inundaciones, ni las crisis social, económica y ambiental asociadas a estos fenómenos climáticos se explican exclusivamente con la aceleración de los eventos climáticos extremos.
Desafortunadamente en Colombia tenemos una memoria muy frágil y solo adquirimos conciencia de nuestra vulnerabilidad cuando las consecuencias -previsibles e imprevisibles- son devastadoras, pero luego las olvidamos rápidamente.
Así nos currió en la década pasada, cuando las lluvias torrenciales derivadas de la intensificación del fenómeno de La Niña (2010) causaron lo que el presidente de la época, Juan Manuel Santos, denominó una “verdadera tragedia nacional”.
En esta ocasión, los efectos catastróficos -miles de familias campesinas perdieron sus cultivos (30.113 has), animales (más de 500.000 bovinos) y sus hogares (27.000 predios abnegados)- son un episodio más en la larga historia de transformaciones de las relaciones entre los pobladores, el agua y la gestión de los ecosistemas estratégicos en el marco de los ideales y los paradigmas del desarrollo económico contemporáneo.
En el pasado, los Gran Zenú lograron establecer sus asentamientos en las zonas inundables del bajo Sinú y el bajo San Jorge y permanecieron allí por más de dos mil años (entre los siglos IX a.C. y el siglo XII d.C.). De acuerdo con las investigaciones y hallazgos arqueológicos (Dolmatoff G.R. y Parson J., 1956)[1], se tiene conocimiento de la existencia de la Gran civilización Zenú que, conformada por aproximadamente un millón de habitantes, logró establecer sus asentamientos gracias a la disponibilidad de un sistema agroalimentario sostenible y a la construcción de un sofisticado y extenso sistema hidráulico de canales, diques, terraplenes y camellones que les sirvieron para regular y controlar las inundaciones estacionales -características de la región conocida como “Depresión Momposina”- y establecer allí una de las civilizaciones ancestrales más desarrolladas de Sur América.
Según Parson y Devan (1992) la sofisticada infraestructura hidráulica, con una extensión de 500.000 hectáreas, constituye el testimonio más elaborado del uso sostenible del agua y del manejo de los humedades en las Américas, que permaneció por más de 20 siglos, proporcionando el sustento agroalimentario de aproximadamente 160 habitantes por Km2 y, especialmente, permitiendo un manejo y aprovechamiento sostenible de las dinámicas hídricas propias de los ecosistemas anfibios tropicales.
Un aspecto clave que contribuyó a la sostenibilidad de la civilización Zenú fue la diversificación de sus actividades productivas que combinaban la producción agrícola con la pesca y la orfebrería[2]. Igualmente, importante fue la gran transformación socio-cultural que trajo consigo el cambio de la agricultura de subsistencia a una agricultura de mayor escala con el cultivo del maíz. La revolución económica y nutricional que se produjo con las plantaciones de maíz se vieron reflejados en el uso más intensivo del suelo, la diversificación productiva, el cambio de las costumbres alimenticias, el uso de instrumentos y utensilios para el procesamiento y la conservación del maíz, su almacenamiento y facilidades de transporte y comercialización. Todo esto facilitó el incremento de la productividad, la división y especialización de los oficios y la generación de excedentes agrícolas.
De acuerdo con Fals Borda (1979)[3] la agricultura diversificada realizada cerca de las viviendas en los playones, terraplenes, ciénagas, caños y bosques de uso comunal, favoreció el desarrollo de un sistema productivo colectivo más armónico a las fluctuaciones de las condiciones hidrológicas y la alternancia entre las zonas altas e inundables de la Mojana.
Los Conflictos ambientales y la degradación de los ecosistemas de la Mojana.
Estos equilibrios socioambientales comenzaron a degradarse con motivo de la aparición de los primeros eventos climáticos ocurridos entre los siglos XII y XIV en lo que se conoce como la Pequeña Edad de Hielo (PEH)[4], cuando se alternaron enfriamientos y seguías provocadas por glaciaciones, una intensa actividad volcánica y alteraciones en el ciclo solar. Sin embargo, estas alteraciones fueron producto de eventos climáticos muy específicos y localizados geográficamente.
Los conflictos socioambientales y la degradación de los recursos biofísicos de la Mojana comenzaron con la llegada de los españoles y la introducción del modelo de la “gran hacienda” colonial. La colonización española significó una fractura de la organización social y la rápida disminución de la población de los indígenas Zenú. Los conquistadores españoles trajeron consigo nuevas enfermedades, desconocidas en el nuevo continente americano, como la viruela, el sarampión y la sífilis, matando miles de indígenas y los pocos sobrevivientes se refugiaron en las zonas altas de la región Mojana, en lo que hoy se conoce como el Resguardo de San Andrés de Sotavento.
Para contrarrestar el despoblamiento en esta región, los encomenderos[5] establecieron el modelo de la Gran Hacienda Colonial. Posteriormente, la encomendera Juana Bautista de Bohórquez fundo la hacienda Bersástegui, en el municipio de Ciénaga de Oro, donde se introdujo el sistema de pasturas y se llevaron los primeros esclavos negros para adelantar las labores de la hacienda ganadera. Añós más tarde se abrió la “trocha ganadera” trashumante entre Ayapel y Medellín para llevar a la capital Antioqueña el ganado de carne.
Entrado el siglo XX solamente se conservaban algunos ecosistemas frágiles de Zapales y selvas pantanosas, aunque su progresiva y acumulativa depredación ya era irreversible, por efectos del acelerado y expansivo proceso de la ganadería extensiva, la desecación de las ciénagas y humedades, y la construcción de la infraestructura de vías y proyectos agro-extractivos.
La expansión del modelo de ocupación territorial de la ganadería extensiva fue catastrófica para la red de caños, ciénagas y humedales ya que la ganadería requiere de tierras bien drenadas y secas. Así mismo, la construcción de caminos, carreteras y chorros implicaban el abandono del transporte fluvial, existente a lo largo de los ríos Sinú, Cauca y San Jorge, incluidas la Ciénaga Grande de Lorica, Ayapel y el Brazo de Loba.
El taponamiento de las bocas de comunicación de los caños con los ríos, para impedir la entrada de las aguas a las haciendas ganaderas, trajo consigo la reducción de las capacidades de amortiguamiento de las inundaciones en toda la región de La Mojana. Con el paso del tiempo y de la erosión de los valles interandinos, el impacto de las lluvias y las inundaciones cada vez más intensas en la zona han hecho que sea imposible contralar las inundaciones, aumentando la vulnerabilidad de los agricultores y comunidades de la Mojana.
Cada hacendado hoy está más preocupado por proteger sus fincas de las inundaciones, perdiendo la visión de conjunto del territorio, fragmentando la región en una multitud de islas, terrenos no inundables donde pastan sus ganados.
Se abandonó la dinámica hídrica que habían establecido los Zenú, el manejo y ordenamiento del territorio se dislocó y se desconecto con relación a las dinámicas naturales.
En la actualidad los derechos de uso y control del territorio que ejercen los campesinos y pescadores de la Mojana, chocan con los intereses de los grandes propietarios y ganaderos y se convierten en el epicentro de los conflictos que desembocan en la debacle ambiental y el tierrero social e institucional que hoy existe en la Mojana.
¿La trampa del progreso o el progreso de la trampa?
En particular, en Colombia la introducción de las teorías y paradigmas del desarrollo económico comenzaron a hacer presencia a mediados del siglo XX, cuando las Misiones de ayuda para el desarrollo del BIRF y el Banco Mundial[6] esbozaron una agenda para el desarrollo de los países llamados “en vía de desarrollo”, para que pudieran escapar de la pobreza y enfilarse en los circuitos del progreso económico que auguraban un “reino de prosperidad y abundancia” (Escobar A., 1998).
En los años 1949 – 1954 llegó a nuestro país la Misión denominada “Misión BIRF Colombia”, encabezada por el economista planificador y asesor del BIRF-BM, Lauchin Currie. La Misión diagnóstico a Colombia como una nación pobre con gran abundancia de recursos naturales subexplotados, atrapada en un “circulo vicioso de pobreza, ignorancia, malas administraciones y baja productividad”.
Para Currie, las sábanas y llanura del Caribe eran una “frontera virgen” subexplotadas y disponibles para el desarrollo. Expresó Currie que “los pobladores de estas sabanas y llanuras inundables han desarrollado formas primitivas de cultivo y pesca estacional, a pesar de la vulnerabilidad que implica vivir en un ambiente que cambia tan abruptamente”. Y dictaminó que “el exceso de agua en estas sabanas limita las posibilidades del progreso y el crecimiento económico”.
Para Currie y sus colegas de la Misión BIRF, la configuración socioambiental de la Mojana era un obstáculo para el desarrollo y la productividad agrícola a gran escala. Y, por eso recomendó un cambio tecnológico, impuesto desde afuera, para transformar los paisajes inundables y domesticar las corrientes de agua. Según Currie el desarrollo es “un mejor control o dominio del entorno físico, social, político, económico y demográfico”.
Por eso, la Misión Currie-BIRF propuso drenar 600.000 hectáreas de esta zona húmeda para convertir a la región en el más grande “emporio agrícola” del Caribe colombiano. (Sic!)
El resquebrajamiento de la estructura institucional
En la región de La Mojana, la agudización de los conflictos socioambientales y el quebrantamiento de la estructura institucional se iniciaron cuando los patrones de la organización social de la propiedad, el acceso a los recursos de uso común (RUC) y la ocupación del territorio fueron alterados por la dominación de las élites latifundistas y extractivistas de Córdoba y Antioquía.
La debacle ambiental generada por el modelo hacendatario de la ganadería extensiva conllevo al incremento de la presión sobre el uso y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la región. Dos factores fueron determinantes del escalamiento de los conflictos socioambientales: la construcción de grandes obras de infraestructura y la agudización de los conflictos sociales de propiedad de la tierra.
Adiós al río. La disputa por la tierra, el agua y los derechos de las comunidades campesinas e indígenas en la Mojana.
La apertura de las principales vías de comunicación terrestres (Troncal de Occidente y las vías Cereté-Lorica, Cereté- La Ye, y Montería-Arboletes) aumentaron la presión sobre la Ciénaga Grande del Bajo Sinú y las Ciénagas de Ayapel y del bajo San Jorge. Lo cual contribuyó a desestabilizar la regulación de las dinámicas hídricas y al empobrecimiento de los pequeños productores rurales y pescadores artesanales.
La construcción de la represa de Urrá (1995), en el bajo Sinú, implicó el desvió del río Sinú y la inundación de más de 20.000 has de la región del bajo Sinú. Desde entonces la situación de las comunidades campesinas e indígenas cambió radicalmente. Más de 2.400 familias campesinas e indígenas (450) y de 30.000 habitantes fueron desalojados violentamente. De acuerdo con las declaraciones del líder Emberá, Kimi Pernía[7], Urrá que es una palabra Émbèra que significa ‘Abeja pequeña’, hizo que se secaran los humedales y las ciénagas para que, los grandes terratenientes y ganaderos de Córdoba corrieran sus cercas, convirtieran las tierras baldías en un gran negocio clientelista y especulativo.
La ocupación ilegal de los baldíos -que son tierras de la Nación- generó nuevos conflictos al impedir el acceso de los campesinos, comunidades indígenas y pescadores artesanales a los recursos de uso común (RUC). La mayoría de los hacendados ganaderos poseen tierras tanto en las sabanas altas, como en las ciénagas bajas. Mientras que otros ganaderos hacen uso indebido de los playones y ciénagas desecadas, generando graves conflictos de tenencia, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos.
A la agudización de conflictos socioambientales, que causa una estructura de la propiedad inequitativa, se suma la utilización de actividades extractivas en ecosistemas frágiles, tales como la ganadería trashumante en zonas de humedales y ciénagas, actividades agrícolas intensivas y la minería en estas zonas. Acelerando le desecación de miles de hectáreas de ciénagas. La contaminación de suelos por el uso intensivo de agroquímicos y la sedimentación de los canales y cuerpos de agua, que se incrementada con la deforestación y la colmatación de caños y ciénagas.
La mayoría de los suelos de la Mojana, hoy en día, están dedicados a la ganadería extensiva. Allí los daños ambientales se han intensificado. Aupados por los marcos institucionales y normativos que se han venido imponiendo (Mearns, 1997).
El estudio citado (Ortiz, Pérez y Muñoz, 2004)[8] se calcula una disminución del 38% del área inundable, entre 1996 y 2000. Una reducción del 80% de los espejos de agua. Un aumento de la concentración de la propiedad y un incremento de 78% las actividades ganaderas y una disminución (16%) de las actividades agrícolas.
El Pacto de Ralito: a las puertas del Ubérrimo.
Las bases materiales del proyecto extractivista y ganadero de Córdoba resultaron ser muy porosas, inestables y frágiles. Después de un largo y prolongado periodo de crecimiento del hato ganadero (1960-1980), se pasó primero al estancamiento[9] y luego a una fuerte depresión que sacudieron el modelo ganadero Cordobés.
La depresión regional que se registró en estos años (1980-1992) coincidió con el auge del movimiento campesino y la intensificación de la violencia guerrillera. Aunque los movimientos campesinos (1960-1980) nunca fueron una amenaza real a la ganadería extensiva, su caída si fue acelerada. La trashumancia y la movilidad de los activos ganaderos -denominados “semovientes”- hacen que los inventarios ganaderos sean muy volátiles y las inversiones puedan desplazarse con facilidad hacia otros usos; configurando lo que la economía institucional denomina “comportamientos oportunistas” (Williamson, 1989).
La volatibilidad de las inversiones en la ganadería, unida al incremento de la violencia en la región trajo consigo el debilitamiento de los sistemas agroalimentarios de la Mojana. Los ganaderos cordobeses, con alta aversión al riesgo y temerosos de las amenazas de perder el control territorial de sus inmensas propiedades, los arrojó en los brazos de los grupos de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU), que se venían armando bajo la figura permisiva de las CONVIVIR y con el auspicio de los gobiernos, nacional y regional.
Bajo la egida de los hermanos Castaño y del poderoso hacendado Salvatore Mancuso, con el apoyo de la clase política regional y nacional, se reconfiguro un nuevo poder paramilitar estrechamente vinculado a la gran propiedad territorial y al clientelismo. Esta alianza de las élites regionales y nacionales, que contó con la bendición del gobierno del presidente Uribe que ya tenía en el Ubérrimo su base de operaciones en Córdoba, permitió la conformación del nuevo modelo de gobernanza paramilitar.
Esta alianza se formalizó mediante un acuerdo, conocido como el “Pacto de Ralito” que fue suscrito por más de 60 políticos y funcionarios de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena que acudieron a la cita el 23 de julio de 2001 en el corregimiento de Santa Fe de Ralito en Tierralta.
Mediante este Pacto se acordó que el acceso a cargos de representación y elección popular sería apoyado por las AUC a cambio de la expansión de los grupos paramilitares en el territorio.
De está manera, el Departamento de Córdoba se convirtió en el laboratorio por excelencia del nuevo modelo de “gobernanza paramilitar”. Doce congresistas cordobeses (56%)[10], más de 10 mandatarios locales y la mayoría de los hacendados y ganaderos del Departamento se avinieron a este modelo. Muchos de ellos temeros de la violencia paramilitar, que se expandió como una mancha aceite por toda la región.
El impacto socioambiental de este modelo de gobernanza paramilitar fue colosal. El desplazamiento forzado de más de 30.000 habitantes; el despojo y acaparamiento de aproximadamente 45.000 has, localizadas principalmente en las ciénagas, playones y sabanas comunales consideradas como “baldíos de la Nación”; el asesinato y desaparición de decenas de líderes campesinos e indígenas; y la ocurrencia de 22 masacres.
Igualmente, el impacto sobre la tenencia y uso de la tierra y los recursos naturales fue tremendo. El índice de concentración de la propiedad se incrementó (Gini = 0,87), superando el promedio de la región Caribe. La desecación de ciénagas y la destrucción de camellones y terraplenes que antes permitían regular las inundaciones, impidiendo el acceso de campesinos y pescadores a las tradicionales fuentes agroalimentarias de estas comunidades.
La fragmentación del poder del Estado o los desequilibrios entre las élites territoriales y el poder central
De acuerdo con el S.J. Fernán González[11] el impacto de las guerras internas y los conflictos armados regionales han conducido a la conformación de distintos tipos de arreglos institucionales entre los poderes centrales y las élites territoriales que determinan el grado de cohesión del poder estatal o la fragmentación y desequilibrios entre las élites regionales y el poder central.
En el reciente y alambicado libro del premio nobel de economía (2024), profesor James Robinson[12], destacó que en Colombia con motivo del prolongado conflicto interno se estableció un acuerdo implícito entre la élite nacional y las élites regionales, que buscaban garantizar la gobernanza interna, a partir de una gran laxitud del poder central con las alianzas de las élites regionales con los paramilitares y narcotraficantes para combatir a la guerrilla a costa de la apropiación delictiva de los recursos del Estado a nivel regional (Robinson, 2013).
Esta fragmentación del poder del Estado, tanto en los territorios como en el nivel central, condujo al aumento de los delitos fiscales como la evasión y la elusión tributaria, y al incremento del robo de los recursos públicos, que sumarían entre 120 y 150 billones de pesos cada año, equivalentes a 10 reformas tributarias.
Frente a esta encrucijada el Progresismo debe buscar una Alternativa
En esta coyuntura de transición sociopolítica y democrática, el modelo Referencial de Política Pública que ha ven ido construyendo el Grupo RAET[13] ofrece un instrumento analítico y normativo para el diseño de una alternativa de desarrollo sostenible para regiones y municipios donde prevalecen los sistemas agroalimentarios territoriales.
El modelo de desarrollo territorial se basa en un tríptico de ejes que se interrelacionan y se articulan en una poderosa alternativa para el desarrollo sostenible: i.) un sistema agroalimentario y nutricional; ii.) un modelo de aprovechamiento y conservación de sus recursos de naturaleza; y iii.) un modelo de distribución de los ingresos y acumulación de la riqueza material en el territorio.
Los sistemas agroalimentarios y nutricionales constituyen la base y la fuente de generación de riqueza y bienestar para toda la población que habita en un determinado territorio. Allí las actividades agrícolas son una parte fundamental para la generación de bienes y servicios ecosistémicos que determinan la vocación y la oferta alimentaria para satisfacer las necesidades materiales y nutricionales de la población. Pero deben estar vinculadas a las cadenas de valor globales que permiten la articulación del territorio con los mercados locales, regionales y globales, a partir de los activos específicos y el patrimonio socioambiental y cultural propio del territorio.
Las prácticas agrícolas y productivas deben realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; es decir, deben adelantar un aprovechamiento agroecológico de los recursos naturales disponibles en el territorio, pero a su vez diseñar las mejores formas de articulación entre los recursos disponibles en el territorio y los requerimientos y oportunidades de las cadenas de valor globales.
Finalmente, los ingresos que se generen en los agronegocios regionales y su participación en el valor agregado deben distribuirse equitativamente entre todos los actores que participan en las cadenas de valor y permitir la acumulación y la re-producción de los recursos de uso común, para irrigar los beneficios y dinamizar las actividades económicas, sociales y ambientales en todo el territorio.
Solo de está manera podremos garantizar que las aspiraciones de los pueblos Zenú y Emberá Katió de lograr que las tierras de la Mojana vuelvan a ser la “dayi ebera driza de dianita”, por lo cual tanto lucharon.
Luis Alfredo Muñoz Wilches, Economista y MSc en Análisis de problemas económicos, políticos e internacionales
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[1] Referenciados en el libro “La Sociedad Hidráulica Zenú (1.993), estudio arqueológico de 2.000 años de historia en las llanuras del Caribe colombiano, de Clemencia Plazas y Ana María Falchetti.
[2] De acuerdo con las investigaciones adelantadas por Ortiz C.E., Pérez M.E. y Muñoz L.A. (2004), “Informe Final del Proyecto: Cambios Institucionales y Conflicto Ambiental en la Mojana Colombiana”, el territorio de La Mojana estaba dividido en tres sectores: el Finzenú, ubicado en el valle del bajo Sinú, de carácter religioso; el Panzenú, localizado en los valles del río San Jorge y bajo Cauca, cuya actividad principal era el suministro agroalimentario; y, finalmente el Zenúfano, ubicado más al sur del bajo Cauca, cuyas actividades principales eran la minería y la orfebrería.
[3] Fals Borda O., (1979). Historia Doble de la Costa, Mompox y Loba Tomo I, Universidad Nacional de Colombia.
[4] La Pequeña Edad de Hielo (PEH) fue un período de enfriamiento climático regional, que afectó notablemente el Atlántico Norte, Europa y partes de Asía y América, ocurrido aproximadamente entre 1450 y 1850. Caracterizado por la alternancia de inviernos extremadamente rigurosos, veranos intensos, avance de glaciares y, en general, un clima muy inestable que provocó hambrunas y crisis sociales.
[5] La encomienda fue un institución colonial impuesta en América por la Corona Española durante los siglos XVI y XVIII, mediante la cual se les permitía a los nuevos colonos españoles, que se asentaran en estos territorios, recibir tributos y beneficiarse del trabajo de los indígenas que hacían parte del territorio encomendado. A cambio de ello, el encomendero debía proteger y prodigar instrucción y evangelización a los nativos en la fé católica.
[6] El Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRF, 1954), entró a formar parte de lo que hoy conocemos como el Banco Mundial.
[7] Kimy Pernía, líder indígena Emberá Katió del Alto Sinú (Córdoba), fue desaparecido, torturado y asesinado por los grupos de Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUCC) en 2001, lideró la defensa del Sinú y la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá I.
[8] Muñoz, Óp. Cit.
[9] De acuerdo con las investigadoras Rúgeles L. y Delegado C. (2000), “La especificidad de los activos en palma africana (Cesar) y ganadería (Córdoba): un análisis regional comparado.” Centro de Investigaciones CINAP-ESAP, Revista Instituciones y Desarrollo N.º 14-15 (2003).
[10] La mayoría de los políticos pertenecían a los clanes familiares de los Guerra Tulena, López Cabrales, de La Espriella, Manzur Abdala, Musa Besaile, Montes, García, Pineda y Jaquin.
[11] González Fernán S.J., et al. (2024). Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado. CINEP, Bogotá
[12] Robinson J. et al. (2024). ¿Por qué fracasan los países?
[13] El Grupo de investigadores conformado por Redes Agroempresariales y Territorio, RAET.
Luis Alfredo Muñoz Wilches
Foto tomada de: RTVC Noticias
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