Las Víctimas como centro de un acuerdo de paz implica el reconocimiento de las consecuencias que tiene la guerra, en tanto victimiza, genera un daño individual y colectivo, desestructura el tejido social, implica la ruptura de contratos, supuestos implícitos frente al Estado, las instituciones y la convivencia con los semejantes, en donde se instalan formas de relación signadas por la guerra, la desconfianza y la desesperanza.
En Colombia, en el momento en que se hace este escrito conforme a la información de la Unidad de Víctimas, se registran 7.900.102 víctimas del Conflicto Armado, de las cuales 6.937.205 son Víctimas de desplazamiento forzado, 11.062 de minas antipersonales, 8.022 son niños y adolescentes y 16.794 reportan haber sido afectadas en su integridad sexual. Teniendo en cuenta el subregistro se podría establecer que casi una cuarta parte de la población colombiana ha sido víctima directa o indirecta y ha sufrido las consecuencias del conflicto, lo que significa que existe un registro en la biografía personal de un hecho violento, y en más de seis millones una vivencia de desarraigo por la condición de desplazamiento.
Lo anterior supone el mayor reto de las políticas sociales del posacuerdo por la magnitud de la población afectada, por el horizonte ético y político que implica como parte de la reparación integral de las víctimas, la atención psicosocial de esta población, en la consolidación de una paz estable y duradera. En este sentido, existen unos antecedentes en la política pública para el abordaje de esta población, que se sitúa en las ordenes emitidas por la Corte Constitucional al Estado Colombiano a través de la sentencia T -025 de 2004 que declaró el Estado de Cosa Inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos de la población desplazada, que devino en la promulgación por parte del Gobierno
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