Es el dilema entre el proyecto político y el apego a las formas del Estado de derecho. Mejor dicho, entre el cambio y la democracia, algo que se concreta en la contradicción entre la Consulta Popular y el trámite parlamentario habitual en las decisiones del órgano legislativo; o, dicho de otro modo, entre la convocatoria de una consulta popular, mediante un decreto presidencial; y el acatamiento de la negativa que le opuso el Senado a la aplicación en esta ocasión de tal mecanismo, una negación explícita, que no concede el aval legal con el que el presidente queda facultado para llamar institucionalmente a la ciudadanía para que con sus votos le dé vida a este mecanismo de la democracia participativa.
Sistema de preferencias normativas
Entre la Consulta Popular, el instrumento preferido por el gobierno para sacar adelante la reforma laboral; y, por otro lado, los procesos legislativos , tanto para confirmar el uso de este mecanismo, como para aprobar finalmente la propia reforma, con el que están conformes algunas bancadas; esto es, entre la democracia participativa y la representativa; en esa alternativa forzada ha quedado atrapado el “gobierno del cambio”, un dilema por cierto en el que hace presencia problemática el orden de las preferencias normativas, sostén del sistema democrático.
Para diversos autores, especializados en teoría democrática y en las transiciones entre democracia y autoritarismo, tales preferencias – mezcla de razones de interés y de motivos ideológicos- desempeñan un papel importante en el sostenimiento de las instituciones democráticas y en el vigor del sistema; por momentos, hasta resulta decisivo el juego de las llamadas preferencias normativas, esas que profesan los principales actores, los de mayor fuerza e influencia, una especie de catálogo de inclinaciones axiológicas, apropiación de valores, un fenómeno que caracteriza a los partidos, a los dirigentes y a las masas.
Autores que van desde Linz y Dahl hasta Mainwaring y Pérez-Liñán, pasando por O´Donnell y Schmitter; son los mismos que, con distinto énfasis, remarcan la importancia de estas preferencias normativas en el mantenimiento de la democracia o, al contrario, en su debilitamiento; incluso, en su quiebra. De modo que, si los actores con mayor impacto en el escenario político tienen muy poco apego a los valores democráticos, pueden desencadenar en cualquier momento, en medio de una coyuntura crítica, la ruptura en el orden democrático. Las preferencias normativas no constituyen un factor único, pero cuentan mucho en la solidez del sistema democrático.
Tensiones en el orden de las preferencias normativas
Estas últimas, o lo que Gramsci habría denominado un cuerpo de ideas con vocación de hegemonía, conforman ciclos culturales largos y sedimentados. Sin embargo, no están blindadas contra influencias de diversa naturaleza; además tropiezan con otros factores exógenos, el principal de los cuales está conformado por los objetivos políticos de los nuevos actores, portadores de agendas de cambio; independientemente de que sean oportunas o no.
Es la contradicción entre los objetivos políticos de unos actores y las preferencias normativas; una contradicción que llega a ser rampante; mejor dicho, aguda; si uno de los agentes del cambio tiende a radicalizarse, al mismo tiempo.
Es lo que acontece con el programa de reformas sociales de Petro, particularmente con la reforma laboral, cuyo proyecto fue bloqueado por la mayoría en la Comisión VII, razón por la cual, el gobierno optó esperanzado por la Consulta Popular, derrotada a su turno por la plenaria del Senado, ciertamente por estrechísimo margen.
En la circunstancia, hacen presencia, de una parte, un objetivo empujado por el gobierno interesado en la agenda de un cambio; y al frente, unas normas establecidas en el proceso legislativo para la aprobación o desaprobación de las propuestas de ley. Es el proyecto político del gobernante versus las reglas que surgen de las normas institucionales; o, lo que es lo mismo: las preferencias políticas enfrentadas a las preferencias normativas, un choque que en otras circunstancias históricas ha dado lugar, al entrar en una fase de mayor polarización, a una crisis mayor del sistema democrático, en caso de que lleguen a quebrarse las preferencias normativas, aquellas que expresan la adhesión a la democracia.
El caso concreto
Negada la Consulta por el Senado, el gobierno de Gustavo Petro tiene por delante varios caminos, todos ellos culebreros. Podría ceder ante las preferencias normativas que sostienen el Estado de derecho (o sea ceder ante la negativa del órgano legislativo ), hacer entonces concesiones y admitir lo que apruebe el Congreso en materia laboral; podría también confiar en las demandas contra la decisión del Senado; es decir irse por la vía judicial y esperar a que sea anulada la votación que le fuera desfavorable, en razón de posibles irregularidades no subsanables; o finalmente, decidirse por la radicalización y convocar mediante decreto la Consulta, con lo cual provocaría un impasse institucional, con pronunciamientos negativos del Consejo de Estado; y por qué no , con medidas cautelares de la propia Corte Constitucional. Además, tropezaría probablemente con una desobediencia de parte de la Registraduría Civil, la que invocaría la excepción de inconstitucionalidad. Por cierto, el presidente y los ministros, muy seguramente serían denunciados por prevaricato o violación consciente de la ley, en tanto funcionarios que lo son efectivamente.
Sería un auténtico trilema, que no excluiría el hecho de que el presidente juegue simultáneamente las tres cartas, a saber: la aceptación de la reforma, vía legislativa; en segundo término, el proceso judicial en busca de la nulidad de la votación en el Senado; y en tercer lugar, la convocatoria de la Consulta.
Solo que en el momento en que ésta se materialice, paralizará las otras alternativas; incluso gran parte del proceso político, una situación que inmediatamente será seguida por una decisión adversa del Consejo de Estado, con el efecto práctico de que no habría Consulta, quizá tampoco reforma; tanto más si a esa confusión, se le añade el terrible atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, suceso violento que desgarra el tejido de la representación política, además de llenar de inseguridad el debate político. Está claro que por encima de todas estas aguas enrarecidas, sobrevuela la sombra de una crisis institucional.
Eso sí, no habrá quiebra del sistema democrático; está claro que ciertos niveles mínimos de las preferencias normativas favorables al orden democrático son compartidas por el “gobierno del cambio”, por las élites tradicionales y por las Fuerzas Armadas, algo que por otra parte no impedirá un último año de desgaste político y de improductividad gubernamental. Salvo que … sobreviniera un giro brusco y virtuoso en la creación de consensos y en la gestión de una coyuntura crítica.
Ricardo García Duarte
Foto tomada de: El País
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