La propuesta de Petro – que sigue sin materializarse en un acto jurídico – ha sido fuertemente cuestionada por algunos juristas y destacadas figuras políticas como Efraín Cepeda, presidente del Congreso, y el exconstituyente Humberto de la Calle quienes la han considerado, inclusive, como un virtual golpe de Estado.
El anuncio de una posible convocatoria a consulta popular se da en paralelo a la afirmación de que el Gobierno seguirá atento a los debates de la reforma laboral la cual está pendiente de surtir su último debate en la plenaria del Senado y de la reforma a la salud que será citada para tercer debate en la Comisión Séptima de la misma corporación. Ante esta circunstancia, así como el ministro Benedetti afirmó en su cuenta de X que “el Congreso no se pronunció sobre la consulta popular por la cantidad de irregularidades, los fraudes, las trampas y las jugaditas”, ciertos analistas han considerado que el anuncio de Petro es también una jugadita que tiene poco piso jurídico dado que no ha habido ninguna decisión judicial que haya anulado una votación que se puede discutir en los tribunales.
Más allá del debate jurídico, la discusión política se ha centrado en la posibilidad de que la decisión del Gobierno termine rompiendo el equilibrio constitucional y la separación de poderes que estableció la Constitución de 1991 con los riesgos que ello implica en un año preelectoral como el actual. En efecto, volver a presentar el proyecto de consulta popular sería desconocer la decisión final del Legislativo, pero también pasar por alto que cuando la consulta tiene origen en el presidente, la Constitución establece que debe ser aprobada por el Senado; sin su concepto favorable el presidente no puede convocarla.
El lío jurídico que anima las discusiones políticas en el país es un ingrediente más que agobia a grandes grupos de ciudadanos hartos de que sus esperanzas se desvanezcan ante la ausencia de unos cambios que no se sienten; de una corrupción que adquiere dimensiones insospechadas y de un ambiente tenso lleno de incertidumbres. En este panorama se destacan las expresiones grotescas, descalificatorias o estigmatizantes que descalifican al adversario. Del lado de la oposición el presidente y sus altos funcionarios no son sino guerrilleros ineptos mientras para Petro todo aquel que no comulgue con sus puntos de vista es un oligarca despreciable, un esclavista o un nazi.
El espectáculo que se ofrece a la población colombiana es la de supuestos dirigentes que eluden responsabilidades y recurren a manipulaciones lingüísticas para crear un mundo virtual. Un lavado lingüístico generador de conciencia y circunscrito en un marco de significados que da lugar a herramientas cargadas en una ideología que clasifica conceptos de acuerdo a pautas políticas cerradas a la crítica, por lo tanto, impulsadoras de un sectarismo que divide a la ciudadanía en grupos opuestos. Todo indica que la proximidad de elecciones generales en 2026 incrementará el uso de términos generadores de disonancia cognitiva, envueltos en demagogia y promesas imposibles de mantener.
¿Dónde quedó el acuerdo nacional del que tanto se habló al comienzo del gobierno? ¿Dónde el respeto por las instituciones y la sumisión a las normas que hacen posible la vida en sociedad?
Democracia no es sinónimo de Estado de derecho, pero no existe democracia liberal – que es la nuestra – sin Estado de derecho; es decir, de un Estado sometido a mecanismos jurídicos concretos que aseguren la sumisión del Estado al derecho, a normas que controlen la actividad de los órganos del Estado. La sumisión del Estado a las leyes permite que la práctica política – esencialmente emotiva – no elimine la racionalidad, elemento clave de un buen gobierno. El mismo principio se aplica al Estado social de derecho que reconoce el pluralismo como elemento consustancial de una sociedad de hombres libres y habilitados para participar en el gobierno, pero igualmente sujetos al derecho, a la regulación de la conducta de los hombres en sociedad.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: El País
La pregunta de fondo es : estamos en un Estado de derecho ? , o estamos en un Estado de DERECHA ?