Así como en su momento hundieron la reforma a la salud, en 2024, a pesar de los consensos construidos en la Cámara de Representantes y con los diversos sectores gremiales y sociales, esta vez sabotearon la propuesta de reforma laboral, mediante flojos sofismas estadísticos.
La aplicación de una aplanadora de mayoría de voceros y voceras de los partidos, Mira (Ana Paola Agudelo), ASI (Sor Berenice Bedoya), Colombia Justa libres (Beatriz Lorena Ríos), Liberal (Miguel Ángel Pinto), Conservador (Nadia Blel Scaff y Esperanza Andrade), Centro Democrático (Honorio Henríquez y Alirio Barrera) implicó que fueran 8 votos a favor del archivo de la reforma, contra 6 a favor de continuar el debate. Es un botón de muestra del bloqueo sistemático encaminado a sabotear las reformas, mediante la aplicación de mayorías que no deliberan, que rompen el quórum, que demandan ante las cortes los logros legislativos de la bancada progresista y del Gobierno.
Esta parálisis contrasta radicalmente con el espíritu de la Constitución Política de 1991. En sus principios, la Constituyente estableció, de manera formal, que Colombia es una república unitaria, democrática, participativa y pluralista.
La Constitución habla de dignidad humana, de solidaridad y prevalencia del interés general. Se asume como carta de derechos y deberes, para promover la prosperidad general, para facilitar la participación del conglomerado social en las decisiones que les afectan y resalta que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.
Nada más lejos de la realidad cuando semejante cúmulo de virtudes contrasta con las condiciones sociales de segregación social y política, que lo llevan a ser el tercer país más desigual de Suramérica, con un índice Gini de 54,8, con 36,6% de hogares en situación de pobreza y 13,9% en condición de pobreza extrema, como muestra Humanitarian Action [1].
Colombia es un país con problemas de precariedad social en la agricultura, con una informalidad del 84% en las áreas rurales y más del 56,8% de informalidad del empleo urbano, desindustrializado, con alta incidencia del extractivismo, predominio del manejo especulativo del capital financiero y un crecimiento significativo del sector servicios, que emplea a más de 16 millones de trabajadores, según datos de ANIF de 2024 [2], y a 1.339.597 personas como servidoras públicas (de ellas, el 52% son mujeres), según datos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Dicho contexto necesita de reformas estructurales y en sus políticas sociales, para cimentar procesos de equidad sostenible y afianzar procesos de transformación económica, de reindustrialización acorde con los desafíos y retos del siglo XXI, como propone el gobierno progresista de Petro.
Sin embargo, a las élites del país las inspira el enfoque especulativo, la visión del negocio de corto plazo, la apropiación de rentas, la codicia depredadora y el manejo de recetas fundamentadas en el Consenso de Washington, con o sin crisis, donde predominan las políticas de ajuste y de precarización a través de los procesos de desregulación, privatización y liberalización económica que frustra proyectos de calidad de vida social, al quebrantar derechos, en detrimento del bienestar para la mayoría de la población.
Ante la iniciativa gubernamental de apelar a la consulta popular, los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador y los partidos cristianos, Mira y Justa y Libres tienden a cerrar filas por el No. En esta esquina tienden a alinderarse César Gaviria, representantes del Partido de la U y del Nuevo Liberalismo. Además, como lo informa Jhon Bernal de infobae [3], se apunta a formar una coalición para las elecciones de 2026.
El plan para el trámite de la iniciativa, que plantea el Presidente del Congreso, Efraín Cepeda, incluye reuniones de bancadas de partidos durante la presente semana se inicia la discusión y hacia el 14 de mayo se pretende iniciar la votación.
El Gobierno, a partir de contar con 32 votos fijos en el Senado, calcula que puede asegurar 48 y llegar a 53 para lograr la aprobación.
Sin embargo, se requiere de la movilización social. En ese otro escenario del pronunciamiento social, en la calle, en los medios, en las redes, se vuelve relevante el papel del sindicalismo, de las organizaciones del campesinado, de los comunales, de los indígenas, de las negritudes, de las organizaciones de mujeres, de la economía popular, de los pequeños y medianos empresarios, de los aprendices del SENA y de los grupos sociales precarizados a través de los modelos de rappitenderos y de la uberización del trabajo.
Al respecto, la movilización del primero de mayo en Bogotá y en 184 municipios del país, mostró el amplio respaldo popular a las reformas, en particular, a la consulta en pro de defender la dignificación de la contratación laboral, de la inclusión social y del fortalecimiento de la economía popular.
Es claro que el movimiento sindical representado en la CUT, CTC y CGT, están comprometidas con el respaldo a la consulta popular, al igual que los aprendices del SENA, quienes han realizado una concentración de respaldo con presencia del Presidente Petro y parte del Gabinete Ministerial, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.
También, la Minga Indígena expresa su pleno respaldo a la iniciativa gubernamental y lo complementa con los avances en reconocimiento de sus propios derechos en materia de Sistema de Salud Propia Intercultural, Sispi [4]. Este proceso se complementa con la expedición del decreto 0462 de 2025 para la implementación del catastro multipropósito en los territorios y territorialidades indígenas, con miras a preservar el ordenamiento natural, proveer insumos para el ordenamiento territorial propio y brindar seguridad jurídica, así como protección de su integridad física y cultural. Esto implica la actualización de 33 millones de hectáreas y permite avanzar en la actualización catastral del país [5].
En el mismo sentido de respaldo se expresa la Acción Comunal, con sus 64.000 juntas en todo el país [6]. El movimiento comunal es un puntal territorial estratégico para la conformación de los “Comités del sí”, los cuales ya superan los 750 y se aspira que lleguen a 25.000 en todo el país.
Así mismo, las organizaciones campesinas se pronuncian en respaldo a la consulta popular, como se refleja en el papel de la ANUC Nacional [7]. También, las organizaciones de Mujeres, como el sindicato de Mujeres Trabajadoras de Hogar.
El proceso de movilización popular en respaldo a la consulta se convierte en un valioso ejercicio pedagógico social. Aporta vivencia, experiencia, sensibilización y desarrollo de la capacidad de reflexión acerca del contraste entre los intereses del gran capital y del nefasto papel de los partidos de ultraderecha, de la manipulación de la democracia representativa y del cierre de canales de la democracia participativa.
Los grandes medios tienden a reducir el proceso a intereses de campaña electoral. Procuran desconocer el papel que está llamado a jugar el movimiento social en la apertura de espacios sociales y políticos, en pro del goce efectivo de derechos, a través del ejercicio de la democracia directa y del ejercicio de la soberanía popular.
Al movimiento social no le queda otro camino que desencantarse y desintoxicarse de los antivalores elitistas, así como de los políticos arribistas, al servicio de causas individualistas de distinto color. A menudo, en las dinámicas de auge de la movilización social aparecen sujetos disfrazados de progresistas, de humanistas o de “sensatos centristas”, que terminan rompiendo los lazos de solidaridad, de cohesión y de unidad de acción mediante maniobras y cálculos individualistas.
La coyuntura social y política está mostrando la importancia de la iniciativa social para desbloquear la democracia, tanto la representativa como la participativa. La coyuntura se presenta favorable para avanzar hacia la construcción más coherente y complementaria entre los roles y alcances que están llamadas a cumplir la democracia representativa, a través de las instituciones y la democracia popular, a través del papel de las organizaciones y movimientos sociales, así como para la formación de una ciudadanía proactiva y madura, más consciente y convencida de sus intereses y derechos y más atenta para monitorear y controlar la fidelidad y lealtad de sus propios voceros y representantes.
Fuentes:
[1] Humanitarian Action. Plan de Respuesta a Prioridades Comunitarias Colombia 2025. Colombia HNRP 2025. Enero 22 de 2025. [2] Ámbito Jurídico. Sector servicios lidera el crecimiento económico en 2025: Anif. Marzo 27 de 2025. [3] Bernal Jhon. Partidos de oposición harán ‘cónclave’ para definir su estrategia ante la consulta popular de Gustavo Petro: cuáles son los movimientos que buscan unirse. Infobae. Mayo 7 de 2025. [4] Quintero Herrera Edgar. Petro arrincona al Senado con una consulta que “el pueblo” ya aprobó. La silla Vacía. Mayo 1 de 2025. [5] gov.co. El Gobierno Nacional le cumple a los pueblos indígenas con la expedición del decreto para la gestión catastral multipropósito en sus territorios. Departamento Nacional de Planeación. Abril 29 de 2025. [6] gv.co. “Confederación Nacional de Acción Comunal dice sí a la Consulta Popular”: Armando Benedetti, ministro del Interior. Mininterior. Abril 4 de 2025. [7] ANUC Nacional. #ConsultaPopular | Desde la ANUC Nacional, este 1º de mayo salimos a las calles a marchar. Apoyamos la consulta popular del Gobierno del Cambio liderado por el presidente Gustavo Petro, porque creemos en un país más justo, más equitativo y con dignidad para el campesinado.Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Radio Nacional
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