Muchas instituciones del Estado colombiano han desnaturalizado esta figura legal, que originalmente debía ser excepcional, convirtiéndola en una práctica recurrente. Un análisis detallado del número de contratistas[i] en comparación con el personal de planta en las entidades estatales revela la magnitud de este problema.
El uso de contratos de prestación de servicios para cubrir funciones misionales no solo es ilegal, sino que también genera inestabilidad laboral. Los trabajadores bajo esta modalidad enfrentan periodos sin remuneración para garantizar la renovación de su contrato, lo que constituye un abuso por parte del Estado, que se aprovecha de la necesidad de las personas para precarizar las condiciones laborales de gran parte del personal que cumple funciones misionales. Además, esta inestabilidad restringe el ejercicio de los derechos de libertad sindical debido a la constante incertidumbre y la coacción que sufren los trabajadores. Esta situación impide, a su vez, la construcción de proyectos de vida sostenibles, pues la inestabilidad impide a un trabajador proyectar un futuro en el largo plazo.
Es fundamental adoptar medidas para frenar el uso inadecuado de esta contratación y garantizar vínculos laborales directos para la mayor cantidad posible de trabajadores, evitando que el empleo precario continúe proliferando. Pese a los reiterados llamados de las altas cortes y al acuerdo colectivo marco que llevó a la expedición del Decreto 1800 de 2019 sobre la ampliación de plantas de personal, no se ha logrado reducir significativamente la contratación precaria ni se han ampliado de manera efectiva las plantas de personal en el gobierno central nacional, y las diversas entidades públicas y territoriales.
De aquí se desprende que otro problema que enfrentan los sindicatos de empleados de la administración pública es el incumplimiento de los acuerdos colectivos, debido a la fragmentación y a las deficiencias en el funcionamiento de las comisiones bipartitas de seguimiento a los acuerdos. Estas comisiones suelen operar con redacciones abiertas que impiden un seguimiento riguroso de la implementación de los acuerdos, al punto de que muchos de los pliegos de solicitudes simplemente reiteran el cumplimiento de compromisos previos.
Para fortalecer su capacidad de negociación y presión, el sindicalismo del sector público debe, en primer lugar, superar la fragmentación. Solo así será posible avanzar en la formalización laboral de los contratistas y asegurar un mayor cumplimiento por parte del Estado de los acuerdos colectivos suscritos.
Además de las demandas laborales tradicionales, los sindicatos de empleados públicos deben construir una agenda política para influir en debates nacionales y aportar propuestas en áreas clave como energía, finanzas, educación, salud y justicia. En el contexto actual, la crisis fiscal, exacerbada por la alta deuda pública y la corrupción estatal, exige una atención prioritaria.
Es crucial que los sindicatos participen en el debate sobre las funciones y la financiación del Estado. Se requieren propuestas para orientar la economía hacia el pleno empleo, ofreciendo alternativas laborales sostenibles. Esto evitaría la dependencia de empleos precarios en el sector público, que a menudo sirven a intereses electorales partidistas
Redefinir el rol del Estado
Siguiendo modelos internacionales exitosos, el Estado debe controlar sectores estratégicos y garantizar servicios esenciales fuera de la lógica del mercado. Las funciones del Estado en las sociedades que han alcanzado los más altos niveles de desarrollo suelen incluir, entre otras, las siguientes:
- Una política de seguridad interna y externa con monopolio estatal de las armas.
- Un sistema jurídico equitativo y estable.
- Sistema financiero regulado y moneda única respaldada por el Estado.
- Seguridad social pública universal.
- Infraestructura básica (transporte, energía, agua) gestionada por el Estado.
- Educación pública gratuita prioritaria
- Una base productiva mixta (pública-privada).
- Unas instituciones de investigación e innovación científica que funcionen.
- Una estrategia económica del gobierno a largo plazo que cuente con instrumentos esenciales para implementar las decisiones económicas.
Una vez se definan las áreas estratégicas y las funciones esenciales del Estado, se debe determinar técnicamente la planta de personal necesaria. Posteriormente, y de acuerdo con este análisis, se procederá a vincular a los contratistas mediante relaciones laborales directas con el Estado. Finalmente, la carrera administrativa deberá ser la regla en los vínculos laborales del empleo público, garantizando su provisión a través de concursos de mérito.
Contexto político adverso para la formalización del empleo público
Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un bloqueo institucional que dificulta la materialización de las reformas sociales propuestas en su programa de gobierno, y en ese sentido debe contar con nuestro respaldo, es importante señalar que, en materia de formalización del empleo público —un ámbito bajo su competencia directa—, no se han logrado avances concretos. Este incumplimiento resulta paradójico, pues la regularización de las relaciones laborales en el Estado no depende de la aprobación del Congreso, sino de voluntad política para cumplir la ley. Dentro de las incoherencias de la política laboral gubernamental en el sector público, se señalan las siguientes:
- El presidente Petro ha emitido declaraciones ambiguas sobre la carrera administrativa, cuestionando su supuesto clientelismo, a pesar de que este sistema se fundamenta en criterios meritocráticos[ii].
- Durante su mandato, el número de contratistas ha aumentado significativamente, alcanzando cerca de un millón de personas, lo que contradice los discursos en favor del trabajo decente.
- La falta de liderazgo institucional agrava el problema: la dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), ente rector del empleo público, permanece vacante, debilitando la implementación de políticas de formalización[iii].
El empleo público en Colombia tiene una baja participación en relación con el empleo total del país como se evidencia en el grafico que sigue[iv], pero si sumamos los contratistas el porcentaje se ubica en el 10,5% que sigue siendo un porcentaje razonable frente al contexto de la OCDE.
El Decreto 1800 de 2019 estableció que la formalización laboral debía realizarse sin generar costos fiscales adicionales, redirigiendo los recursos ya asignados a contratistas hacia la vinculación directa de personal, preferiblemente a través de la carrera administrativa. Sin embargo, este compromiso quedó en letra muerta, sin avances significativos en la ampliación de las plantas de personal acorde con las necesidades sociales y las funciones del Estado.
Las centrales obreras y federaciones de empleados públicos enfrentan un dilema: si bien han respaldado de manera acertada las agendas sociales del gobierno, también deben exigir coherencia en la promoción del trabajo decente en el sector público. Para ello, es fundamental que impulsen el cumplimiento de los acuerdos de formalización laboral y denuncien públicamente las contradicciones entre el discurso oficial y la persistente precarización del empleo en el Estado.
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[i] El número de contratistas en las diversas entidades y niveles del Estado se aproxima al millón de trabajadores.
[ii] https://www.infobae.com/colombia/2025/03/31/al-parecer-petro-esta-en-contra-de-los-tecnicos-del-gobierno-funcionarios-denuncian-presiones-y-despidos-arbitrarios/
[iii] https://www.infobae.com/colombia/2025/01/31/petro-nombro-a-la-ministra-de-trabajo-gloria-ramirez-como-nueva-directora-encargada-del-dafp/#:~:text=Colombia-,Petro%20nombr%C3%B3%20a%20la%20ministra%20de%20Trabajo%2C%20Gloria%20Ram%C3%ADrez%2C%20como,nueva%20directora%20encargada%20del%20Dafp
[iv] https://img.lalr.co/cms/2021/07/09203157/Primera_Colombia_lunes-web.jpg?size=xl
Carlos Julio Diaz Lotero
Foto tomada de: AP News
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