La propuesta de impulsar una Consulta Popular para obtener apoyo ciudadano para la reforma laboral bloqueada por una minoría de parlamentarios de la Comisión 7ª del Senado, es un hecho concreto y real. Es un acontecimiento político. Ha logrado impactar en la vida política del país.
Pero, además, es una oportunidad no solo para el gobierno y el Pacto Histórico sino, en general, para el pueblo colombiano y para los más avanzado de nuestras fuerzas sociales y políticas. ¡Vamos a ver si somos capaces de aprovechar este momento!
Y en verdad, la casta dominante y sus sirvientes de turno, están nerviosos con esa iniciativa. Si se obtiene una votación contundente, se le dejaría pavimentado el camino a un “gobierno de continuidad progresista y de izquierda” para impulsar transformaciones profundas en la sociedad y el Estado colombiano en el próximo período de gobierno, pero también, para fortalecer formas de organización “propia” y autónoma de diversos sectores sociales.
Por ello, es necesario que todas las fuerzas democráticas de nuestro país nos pongamos en tensión y acción colectiva. Se trata de lograr que este ejercicio de democracia participativa y plebiscitaria supere en resultados a las anteriores experiencias (referendo de Uribe en 2003, el de la Paz en 2016 y el anticorrupción en 2018). También, se deben tener en cuenta las consultas populares que se han realizado en diversos municipios; unas exitosas y otras fracasadas.
Para entender la importancia del momento es necesario volver la mirada atrás para “colocar el pasado adelante o al frente” como hacen todavía algunos pueblos indígenas. Ello nos permite liberarnos de culpas, comprender nuestras limitaciones y aligerar nuestro espíritu para afrontar con claridad, convicción y decisión las tareas que tenemos en este momento crucial.
Partimos de plantear que dos (2) miradas sobre la democracia conviven y compiten dentro del Pacto Histórico y demás fuerzas políticas de origen popular que hacen parte del llamado “proceso de cambio”, que están integradas formalmente a esas estructuras políticas, o que actúan por fuera desde el movimiento popular u otras estructuras paralelas. Una visión, privilegia y gira alrededor de la democracia representativa; la otra, intenta avizorar y construir “otras” formas de democracia como la directa, deliberativa, participativa y plebiscitaria.
Antecedentes a tener en cuenta
Es importante recordar que en los años 60s, luego de la guerra fratricida de los años 50s entre liberales y conservadores, surgen nuevas expresiones políticas, casi todas vinculadas a la insurgencia armada, y el movimiento popular, especialmente, los indígenas y campesinos, que se organizan alrededor de la consigna de “tierra para el que la trabaja”.
Así, en 1967 surge la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y en 1971 se funda oficialmente el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. En la década de los años 80s, aparecen nuevas expresiones de lucha popular en todo el país con los llamados “paros cívicos” en donde las reivindicaciones se centraban en la demanda de servicios públicos (agua potable, electrificación, educación, salud, etc.) y en la construcción de carreteras y otras obras.
En esos procesos de lucha fueron surgiendo formas organizativas nuevas. Los pueblos indígenas reconstruían sus cabildos y formas de autoridad propia, a medida que iban recuperando territorio y tierras. Los campesinos les seguían los pasos, pero al no tener esa herencia ancestral originaria, una vez lograban un pedazo de tierra concedida por el INCORA, sus organizaciones se diluían en las Juntas de Acción Comunal creadas por la iglesia y el Estado en décadas anteriores.
A finales de los años 80s, en algunas regiones de Colombia aparecieron formas más amplias y transversales de organización campesina y popular. Fueron fruto de los “paros cívicos” y de procesos de agrupación e integración de comités y otras formas de organización de varios municipios como el caso del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) en el Cauca, la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra en el Magdalena Medio, el proceso organizativo del Nororiente Antioqueño y amplios procesos de organización popular en la Costa Caribe, especialmente en Barranquilla y Santa Marta.
Todo este proceso se fue gestando en paralelo a la acción de las insurgencias armadas (FARC, ELN, EPL, M19, etc.). En algunos casos, algunos de los integrantes de las guerrillas impulsaron y colaboraron con esos procesos organizativos, pero a la vez, como se imponía la visión “estatista” de la “toma del poder” ‒seguramente sin querer‒ “desangraban” a esas organizaciones sociales llevándose para la lucha armada a sus mejores dirigentes.
Al no saber combinar el “trabajo legal e ilegal”, los colocaban en riesgo frente a las fuerzas represivas del gobierno y grupos paramilitares que la oligarquía promovió y organizó en esos años. Muchos dirigentes sociales fueron asesinados y otros, se vieron obligados a “enmontarse” para salvar sus vidas. Las guerrillas nunca entendieron la potencialidad de esos procesos sociales para construir verdadero y autónomo Poder Popular o formas de “democracia directa”.
La Asamblea Constituyente de 1991, el movimiento popular y la participación ciudadana
En 1991 se impulsa por parte de la oligarquía la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Las clases dominantes sienten la presión popular por una mayor democratización de la nación, incluyendo la descentralización política y administrativa, lo que los obligaba a buscar una salida. Pero, además, el proceso de paz con el M19 y otras guerrillas menores, exigía ese tipo de iniciativas. Claro, ellos tenían sus propios planes neoliberales por debajo de la manga.
Es así que parte del movimiento popular colombiano se involucra en esa dinámica, especialmente, el movimiento indígena. Es elegido Lorenzo Muelas del pueblo Misak (guambiano) y Alfonso Peña Chepe del pueblo Nasa obtiene una curul en representación del Movimiento Armado Quintín Lame, que se había desmovilizado. El resto del movimiento popular se ve representado en constituyentes que llegaron en representación de partidos o movimientos políticos como la UP y el M19.
En la Constitución de 1991 se aprueba el artículo 103 que define “los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”. Incluso, en el artículo 1° se plantea que Colombia “es una república participativa”. Mas adelante, se reglamenta ese artículo mediante la Ley 134 de 1994, que regula los distintos instrumentos participativos.
Sin embargo, en la realidad y en la práctica, desde el primer momento era claro que para las clases dominantes esas definiciones legales eran puramente formales y retóricas. En la reglamentación de esos mecanismos se plasmó la visión que eran instrumentos ocasionales y excepcionales para dirimir problemas y conflictos importantes para la sociedad en momentos y circunstancias especiales. La Corte Constitucional lo plantea en los siguientes términos en la Sentencia C-150/15:
Los instrumentos participativos no tienen un poder absoluto capaz de sustituir el modelo de gobierno esencialmente representativo en nombre de la voluntad popular, porque “el pueblo tiene límites para su pronunciamiento dado que la agenda la fija un grupo de ciudadanos que no actúa como poder constituyente o el Gobierno Nacional” (Corte Constitucional, 2015).
Además, en el proceso de reglamentación la ley aprobó una serie de requisitos formales que obstaculizan la participación amplia de las comunidades y de la población, además de los elevados porcentajes que se requieren para que estos instrumentos lleguen a buen término hacen muy difícil que, en un país con tasas de participación política tan bajas, un referendo, plebiscito, revocatoria o cualquier otro mecanismo participativo, supere los requisitos exigidos.
De acuerdo a lo anterior, lo que ha ocurrido es que ante la dificultad de hacer realidad un verdadero proceso de participación popular y ciudadano, las gentes escogieron el camino aparentemente más fácil y lógico que fue, o elegir a sus propios representantes en los concejos, asambleas y congreso, y en los ejecutivos locales y regionales (alcaldes, gobernadores), o delegar sus causas en supuestos aliados políticos. Así, la fuerza de la organización popular que iba en ascenso se subordinó y entregó a la democracia representativa.
De esa manera, los procesos de organización popular autónoma e independiente que durante tres (3) décadas se habían construido en muchas regiones y ciudades de Colombia, fueron cooptados y “domesticados”, canalizándolos hacia la democracia representativa. Y, lo grave es que ésta “democracia” en nuestro país es una herencia de la Colonia y de la república oligárquica, clasista, racista y burocrática que convirtió las elecciones en un negocio de clientelismo y politiquería que se basa en el poder del dinero y de quien tiene el control del Estado.
La particularidad del momento
A pesar de lo anterior, debemos ser conscientes que la realización de una Consulta Popular en este momento de la vida colombiana, en donde por primera vez llegó a la presidencia un líder popular, progresista y de izquierda, tiene unas connotaciones particulares y especiales. Además, ese ejercicio de democracia participativa y plebiscitaria se va a utilizar para derrotar el bloqueo institucional y el cerco mediático que ha sufrido a lo largo de este período el presidente Petro y el Pacto Histórico, que ha impedido que sus principales reformas salgan adelante.
Pero, también, esa iniciativa política nos sirve para hacer consciencia de las limitaciones de la democracia representativa, en donde el pueblo delega y entrega su fuerza y poder constituyente a unos elegidos, que se enfrentan en el terreno de una “institucionalidad heredada” que no es completamente soberana sino que está supeditada al poder económico de la oligarquía financiera y a unas redes burocráticas incrustadas en la estructura del Estado, que impiden que la voluntad popular se materialice plenamente en las decisiones y acciones de gobierno.
Teniendo en cuenta lo anterior, lo que planteamos con toda claridad es organizarnos e impulsar la Consulta Popular convocada por el presidente Petro y su gobierno, para fortalecer nuevas formas de democracia directa que se conviertan en “formas organizativas permanentes”, en un efectivo “control ciudadano activo y creativo”, que no delegue su poder a una institucionalidad que no está interesada en materializar los cambios profundos que requiere nuestro país.
Que cada comité de impulso que se organice en barrios y veredas, en municipios, departamentos y regiones, luego de las elecciones de la Consulta Popular, no solo se mantenga activo sino que se convierta en el germen de “gobiernos autónomos”, que actúen como un poder paralelo frente a todos los problemas que vive la comunidad y participen plenamente en la ejecución de los proyectos y programas que el Estado y el gobierno esté desarrollando en esas jurisdicciones. Es la única forma de derrotar la corrupción y de hacer eficiente la administración pública.
En muchas regiones de Colombia tenemos experiencias de ese tipo. Si logramos desarrollar una verdadera fuerza organizada que sea capaz de ganar ampliamente y con contundencia la Consulta Popular, no sólo allanaremos el camino para ganar las elecciones en 2026 con un Pacto Histórico fortalecido con fuerza popular organizada, sino que estaríamos dando un salto cualitativo con respecto a las experiencias de 1991 y a lo que ha sucedido en países hermanos como Ecuador y Bolivia.
Para lograrlo se plantean las siguientes tareas que se deben empezar a realizar “desde abajo”, por iniciativa de líderes populares de los barrios y veredas, sin darles un perfil partidista y menos electorero, y sin limitarnos a lo estrictamente “técnico laboral” de la reforma en cuestión, aunque ese tema debe ser muy bien trabajado. Esas tareas son:
- Evaluar críticamente lo ocurrido con la asamblea constituyente de 1991 y el movimiento popular.
- Analizar y elaborar lecciones de las experiencias de los referendos nacionales (el de Uribe en 2003, el de la Paz en 2018 y el anticorrupción en 2018.
- Impulsar y organizar comités de impulso de la Consulta Popular en barrios y veredas, localidades y comunas, municipios y departamentos, lo más amplios posibles tratando de construir la más fuerte unidad “por las bases”.
- Apropiación general de esa propuesta sin distingos de grupo o partidos, o de sector social u organización gremial o política, centrados en el contenido de la Consulta y en la potencialidad de la misma.
Algunas consideraciones iniciales sobre la Consulta Popular (reforma laboral)
Esta consulta popular tiene algunas similitudes con los anteriores referendos e importantes diferencias. La principal diferencia es que su temática es relativamente sectorial y concreta (por eso es “consulta”), dado que “técnicamente” su impacto directo recae sobre los trabajadores “formales” que son aproximadamente 11 millones de personas (43,7%) frente a 14 millones que son informales o están desempleados (56,3%). En marzo de 2024, según el DANE, la población económicamente activa (PEA) en Colombia era de 25,52 millones de personas.
No obstante, la realidad es que la problemática del trabajo y de los derechos de los trabajadores interesa a toda la sociedad. Todo depende de la forma como se presente la reforma a aquellos sectores como los campesinos y trabajadores rurales, a los pequeños y microempresarios de las ciudades y áreas urbanas, a los profesionales precariados y emprendedores diversos, e incluso a los mismos empresarios grandes y medianos, para lograr una votación que debe contar con la participación de más de 13.654.457 ciudadanos.
En cuanto a las similitudes se debe destacar que tanto el referendo de Uribe en 2003 como el impulsado por Santos en 2016 contaban con el respaldo del aparato de gobierno y la militancia de sus partidos o aliados de esas causas, como lo va a tener la consulta popular impulsada por el gobierno progresista. En el caso de Uribe fue derrotado por la oposición que promovió la “abstención activa” mientras que Santos fue vencido por el voto por el “No”.
Esas experiencias, incluyendo el “referendo anticorrupción” deben evaluarse a fondo para no caer en los errores que sus promotores cometieron. Uribe quiso abarcar más de la cuenta. Las 15 propuestas de reforma constitucional y legal hicieron complejo el ejercicio y generaron confusión entre los votantes. Santos se extralimitó en promesas demagógicas y se apoyó exclusivamente en la dirigencia politiquera y clientelista de las regiones que se sumó al voto por el “Si” con criterios oportunistas y electoreros. Ambos cayeron en el triunfalismo.
Conclusión en desarrollo
A pesar del bloqueo institucional y el cerco mediático que ha enfrentado el gobierno progresista, el presidente Petro mantiene el apoyo de gran parte de su electorado y parece ampliar su base social entre diferentes sectores populares (entre 33 y 37% según las encuestas). No obstante, la apuesta de convocar una Consulta Popular para respaldar la reforma laboral va más allá de la propia reforma y tiene como objetivo demostrar que “no lo han dejado gobernar” y por ello no ha podido concretar muchas de sus propuestas de “cambio en beneficio de las mayorías”.
Para que la consulta popular se convierta en verdad en un “acontecimiento” se requiere mucho más que la maquinaria estatal y el esfuerzo de las organizaciones políticas y sociales que respaldan al gobierno progresista. El momento requiere de gran creatividad a la hora de realizar la campaña pro-Consulta Popular, mucha amplitud y generosidad política, no instrumentalizar el ejercicio con base en intereses grupistas y partidistas, y nada de triunfalismo y sobradez.
Fernando Dorado
Foto tomada de: RFI
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