Primero, el gobierno dijo que su único objetivo era compensar los faltantes del presupuesto. Lejos de ser una norma coyuntural, es una reforma tributaria ambiciosa. El Congreso no se aceptó que se volviera a presentar una nueva tributaria, si ya había aprobado la de 2022.
Segundo, en su afán de avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, algunas medidas audaces no fueron bien vistas por el Congreso.
Por un lado, la tarifa marginal del impuesto a la renta, en el último rango de ingresos, sube al 41%. Este nivel es alto, y profundiza las medidas que ya se habían aprobado en la reforma tributaria del 2022.
Por otro lado, el proyecto de ley busca captar los ingresos no laborales de las personas más ricas. Con toda razón, la reforma advierte sobre la distorsión que existe en el país entre rentas laborales y no laborales. La tributación suele ser amable con las rentas no laborales, que aumentan de manera significativa a medida que crece el ingreso. Esta estructura hace que el mayor peso del impuesto recaiga sobre los hombros de los asalariados y, en general, de quienes reciben ingresos laborales. Para corregir este sesgo el proyecto de ley obliga a que se incluya dentro de la base gravable del impuesto a la renta los activos reales no productivos que no tienen relación de causalidad con la generación de renta de las personas jurídicas. A través de estas medidas las propiedades que disfrutan los grandes ricos y que están en cabeza de sus empresas, tendrían que incluirse en su renta personal.
Y, finalmente, amplía el umbral del impuesto al patrimonio. En la reforma anterior estaba en $3,3 miles de millones y se reduce a $1,8 miles de millones. La tarifa marginal oscila entre el 0,5% y 1,5%. Y para patrimonios muy altos, de $11,2 mm. en adelante, la tarifa sube a 2%.
Tercero, el presidente Petro se extraña porque los empresarios no apoyaron la reforma, que reduce la tarifa del impuesto a la renta de personas jurídicas de 35% a una ponderada de 27,3%. Estas reducciones no aplican ni para el sector financiero ni para los sectores extractivos (minas e hidrocarburos).
Para los empresarios esta disminución no es muy atractiva porque no se aplica de manera inmediata, y porque consideran que otras medidas impulsadas por el proyecto de ley, contrarrestan los beneficios derivados de la menor tarifa.
En este análisis se debe tener en cuenta la diferencia entre la tarifa efectiva y la nominal. La primera es del 24%-25%, que es muy inferior a la nominal del 35%. Si se tiene como referencia la tarifa efectiva, la disminución de la tarifa nominal no representaría una mejora para el empresario.
Cuarto, la reforma incentiva la descarbonización de la economía. El impuesto por tonelada de CO2 pasaría de $25,7 mil de hoy a $75 mil. El impuesto vigente es muy bajo, y no crea suficientes incentivos para que los empresarios modifiquen la tecnología. Desde esta perspectiva, es conveniente subir el impuesto.
En el proyecto también se incentiva la implementación de sistemas fotovoltaicos en hogares de estratos 1, 2 y 3.
Quinto, la ley flexibiliza la regla fiscal desde dos perspectivas. Por un lado, se propone adelantar el proceso de transición para cumplir con las metas de déficit y de deuda pública. Como los balances del 2023 y 2024 fueron muy positivos, se generó un margen que permite aumentar unos puntos del déficit para llegar a la meta de la regla fiscal en el 2025, sin necesidad de esperar al 2026. Este “adelanto” de la regla abre un espacio fiscal de $5 billones. Y, por el otro lado, se propone la regla fiscal verde. Ello significa que el monto de las inversiones destinadas a la conservación de activos ambientales, y que estén debidamente certificadas, no se incluye en la contabilidad del déficit fiscal primario.
Sin duda, la ley de financiamiento tiene elementos positivos, relacionados con una mayor progresividad y con la búsqueda de instrumentos que ayuden a financiar la transición energética y la economía verde. No obstante sus bondades, la norma se presentó en un momento que no era oportuno. Sobre todo, porque está muy reciente la aprobación de la anterior reforma tributaria. Además, las disputas recientes entre el Congreso y el Presidente han deteriorado el ánimo en el Congreso, y en estas condiciones adversas es muy difícil que se discuta un tema complejo, que va mucho más allá que la búsqueda de recursos para resolver un asunto meramente coyuntural. De nuevo, el proyecto de ley es una verdadera reforma tributaria con temas estructurales que requieren un debate tranquilo en el legislativo.
Jorge Iván González
Foto tomada de: El Colombiano
Muy enriquecedor el artículo; a pesar del ser un tema tan técnico o especializado, es de fácil comprensión general y de esta manera permite la vinculación de la ciudadanía al debate y la difusión política.