Aunque parece chapulinesco, esa es la tragicómica realidad del Estado colombiano. Desde su nacimiento como departamento, el pueblo chocoano lleva cincuenta años haciendo paros por agua, luz y otras necesidades vitales y los gobiernos de turno, otros cincuenta años, haciendo compromisos y firmando acuerdos como si se tratara de cantantes de reguetón firmando autógrafos.
En Colombia se ha vuelto normal y cotidiano hacer paros cívicos o laborales para exigir el cumplimiento de los acuerdos logrados en paros anteriores. El magisterio nacional, que inició un paro el pasado 16 de mayo, lo hace para reclamar del gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en mayo de 2015, es decir nivelación salarial y servicio de salud adecuado, entre otros puntos. Los empleados judiciales anuncian paro indefinido desde el mes de junio de 2017 para requerir el cumplimiento de lo pactado al final del paro de inicios de 2016. Y así ocurre con el paro de Buenaventura y con el paro de camioneros y con el paro de taxistas, etc.
En el caso del Chocó, el Acuerdo del 26 de mayo de 2017 para “dar cumplimiento al contenido del acuerdo firmado en agosto 24 de 2016”, sin el menor sonrojo, el gobierno nacional se volvió a comprometer a resolver la recurrente crisis del departamento. Se priorizan 4 de los 10 temas del acuerdo de 2016: vías, salud, publicación del mapa oficial del Chocó y reactivación de las Mesas.
En vías, se “declara de importancia estratégica el proyecto de las vías para Chocó: Transversal Quibdó-Medellín, y Transversal Central del Pacífico (La Virginia-Apia-Las Animas-Quibdó); cuya ejecución excede el período de gobierno actual”. La terminación de estas vías requiere unos 720.000 millones de pesos de los cuales se asignan inicialmente 420.000 millones de pesos para ser ejecutados durante la vigencia 2017-2022, suma que será adjudicada “en la primera quincena de septiembre”. Los 280.000 millones de pesos restantes “serán priorizados por el gobierno nacional en la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia 2018 […] de acuerdo con las disponibilidades fiscales del gobierno nacional central”. Continúa el centralismo.
En salud, se prometió invertir en los siguientes proyectos: Hospital de tercer nivel “mediante contrato adjudicado por valor de 2.602 millones de pesos” para su estructuración, y para su construcción y dotación 30.000 millones de pesos “financiados por el gobierno nacional”.
En esta materia, el compromiso incluye los hospitales de mediana complejidad en los municipios de Bahía Solano (3.000 millones), Riosucio (8.500 millones) e Istmina (10.000 millones), los cuales serán financiados respectivamente por el departamento (Sistema General de Regalías), Departamento Nacional de Planeación-departamento, y gobierno nacional y departamento.
La publicación del mapa oficial del Chocó “por la autoridad competente, se realizará el 12 de junio de 2017”; el Ministerio del Interior “se compromete a reactivar la Mesa Interinstitucional de Concertación con la comunidad de Belén de Bajirá el día 23 de junio de 2017”; y la Unidad Nacional de Protección “renueva el compromiso” de adoptar medidas eficaces para los líderes de Belén de Bajirá amenazados.
Sobre este punto, en el departamento de Antioquia, el gobernador y los medios de comunicación regionales no han cesado las críticas por considerar que el corregimiento de Belén de Bajirá, en límites de los dos departamentos, fue una concesión del gobierno nacional para conjurar el paro; el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto Escalante, expresó que el mapa que ubica a Belén de Bajirá en el departamento del Chocó se radicó en el Congreso desde febrero de 2016, antes del paro de agosto de ese año; además, así está señalado en la ley 13 de 1947 que crea el departamento del Chocó y fija sus límites.
Detrás de la disputa está la codicia por la riqueza minera y agroindustrial que albergan esas tierras: el mejor plátano de exportación, cultivos de palma de aceite; como también la expectativa de quedar en el corredor vial que uniría a las Américas.
La reactivación de las Mesas tiene que ver con las “mesas técnicas” cuyo propósito es “definir el plan de trabajo para el cumplimiento de los acuerdos, definir hoja de ruta (cronograma) y herramientas de seguimiento y evaluación”. Llama la atención que en la mesa encargada del tema de deportes, se contempla como requerimientos previos “inversiones que garanticen la culminación durante el año 2016, de toda la infraestructura deportiva prevista para los juegos nacionales 2015”.
Si bien este nuevo acuerdo aparece suscrito por el Defensor del Pueblo Regional del Chocó, el Obispo de Quibdó y el Procurador Regional, en calidad de “garantes”, la mejor y única garantía para obligar al gobierno a cumplir de una vez por todas, está en la movilización y vigilancia por parte de las propias comunidades, de manera organizada. Está visto que la inercia social no es el camino para alcanzar los derechos. ¿Qué pueden garantizar los garantes, cuando de ellos no depende para nada el tema de asignación y ejecución pulcra de los recursos? ¿Cómo podrían exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de lo pactado?
Según el acuerdo del 26 de mayo, “el comité cívico, el pueblo chocoano, las organizaciones y organismos de control harán el seguimiento, control y vigilancia de los recursos logrados en cada uno de los puntos logrados en el presente acuerdo”; tema sensible el de los dineros, cuando se sabe que los corruptos no duermen.
Antes que los organismos de control en la vigilancia de lo público, debe estar el control social de lo público, es decir el control que ejerzan las comunidades, la sociedad, sobre lo que es de todos – por lo menos en teoría – para evitar que unos pocos conviertan lo público en privado. La mejor garantía para lograr que el gobierno cumpla es la atención permanente, continua, meticulosa sobre cada uno de los actos de los servidores públicos, por parte de todos y cada uno de los ciudadanos; es la disposición a denunciar a los ineptos y a los corruptos; es la disposición a levantar la voz cuando haya la necesidad de levantarla; es la movilización social como camino para construir una sociedad participativa, colectiva, crítica, ética; contraria al modelo individualista, apático, narcisista que impera.
José Hilario López Rincón
31 de mayo de 2017
Deja un comentario