De hecho, a la reforma a la salud – principal apuesta del Ejecutivo – le hace falta superar con éxito los debates en la Comisión Séptima del Senado y después en la plenaria mientras los demás proyectos apenas inician su recorrido por el Legislativo. Esta circunstancia obligará al Gobierno a jugar sus cartas con habilidad sin perder de vista la fuerte oposición a su mandato por una masa importante de ciudadanos que se expresa tanto en medios de comunicación de vasta audiencia como en redes sociales que se han convertido en el principal medio de socialización en un mundo que se embota ante las pantallas de sus celulares, pierde de vista toda dimensión crítica y se convierte en seguidor de los agentes que controlan las maquinarias propagandísticas.
La fecha límite para que la reforma a la salud sea ley es el 20 de junio de este año. El documento aprobado que cambiaría el modelo de salud ha sido uno de los más polémicos en la opinión pública. De hecho, César Gaviria, director del Partido Liberal volvió a arremeter contra la reforma y publicó un documento en el que insiste que el proyecto tiene “enormes deficiencias”, tanto en contenido como de procedimiento por lo que considera que “difícilmente superará el eventual escrutinio de la Corte Constitucional”. Gaviria insiste en que el proyecto debió ser tramitado como una ley estatutaria, contrariamente a lo que sucedió pues se ha tramitado como una ley ordinaria. Según el expresidente, la iniciativa del Gobierno parece impulsada por una obsesión ideológica que busca destruir “un sistema que se construyó en 30 años”.
Este semestre también se reinician las discusiones de otros proyectos: la reforma pensional, la reforma laboral y, posiblemente, la reforma a la educación.
La reforma pensional, que cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, ha generado menos rechazo en los partidos y en la opinión pública, pero va con tiempos ajustados. En realidad, para no ser archivado, el proyecto debe superar tres debates antes del 20 de junio (uno en la plenaria del Senado y dos en la Cámara) con una dificultad adicional: en la plenaria del Senado es más difícil que en la Cámara de Representantes obtener el respaldo de los partidos Liberal, Conservador y de la U. De salir adelante en el Senado, donde el Gobierno no tiene la mayoría y ha sufrido varias derrotas, el proyecto debe pasar a la Comisión Séptima de la Cámara y después a la plenaria. Se esperaba que el debate comenzara en la semana del 16 de febrero, pero Iván Name, presidente del Senado, del partido Verde y crítico del presidente, anunció que se daría un plazo para buscar acuerdos antes de avanzar el trámite.
Con la reforma pensional el Gobierno busca poner fin a la competencia entre los dos regímenes vigentes: el de Colpensiones y el de las Administradoras de Fondos de Pensiones. En la actualidad, el proyecto de reforma cuenta con tres ponencias radicadas: una suscrita por los senadores gobiernistas y que encabeza Martha Peralta, presidenta de la Comisión Séptima; una ponencia alternativa, de la senadora Norma Hurtado del partido de la U, y otra que pide archivar la iniciativa, radicada por Lorena Ríos del partido Colombia Justa y Libres. Se ha anunciado que habrá mesas de negociación para contar con un texto que recoja las apreciaciones de todos los sectores. De esta manera se busca tener un texto más o menos acordado que ayude a consolidar mayorías y permita acelerar los debates.
La reforma más rezagada, pero que parece tener un camino más sencillo que las otras dos reformas, es la laboral. Después de hundirse en junio de 2023 en la Cámara, se aprobaron en diciembre 15 de sus artículos con los votos de representantes de la Alianza Verde, el Partido Conservador y de la U. Este proyecto apenas inicia su recorrido, pero el Gobierno puede contar con la mayoría en la Cámara, por lo que puede ser discutido hasta junio del año en curso. En todo caso, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no ceja en su empeño de fortalecer la protección laboral en temas clave como la formación para el trabajo y el desarrollo sostenible.
Tal como se vislumbra, el panorama es complejo, pero el Gobierno cuenta con dos elementos a favor. En primer lugar, los partidos están divididos y no siempre sus miembros respetan las órdenes de sus bancadas ni acatan los pronunciamientos públicos que hacen sus respectivas colectividades, de modo que el Ejecutivo podrá ganar adeptos negociando con cada congresista por separado, y el país ya sabe qué se negocia: burocracia, nombramientos y subsidios provenientes del erario. En segundo lugar, los congresistas también se juntan en bancadas regionales en las que comparten intereses comunes. La pérdida de los Juegos Panamericanos, por ejemplo, ha servido para que los políticos del Caribe hayan conformado un grupo muy unido y reclamen compensación. Ciertamente, los tiempos no están a favor del Gobierno que se juega buena parte de su capital político en esta justa. Sin embargo, apenas comienza el recorrido legislativo y por el momento es difícil hacer pronósticos.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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