La ciudadanía tiene total derecho a la protesta, lo curioso es que ellos siempre justificaron la represión criminal contra las manifestaciones amplias y masivas y estas siempre recibieron maltrato policial, judicialización de las mismas, dejando a su vez encarcelados, mutilados, muertos y desaparecidos. Los movimientos sociales indígenas, campesino, sindical, obrero, del magisterio y estudiantil, han sufrido a través de la historia colombiana la cruel represión de un Estado al servicio de la elite saqueadora de la nación.
Como lo han expresado en las redes sociales, lo primero que debemos resaltar es que, a la manifestación del lunes pasado, no le echaron el ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios) a masacrar la misma. Los insultos, amenazas y agresiones no faltaron de parte los marchantes quienes se autodenominan como “gente de bien”, mientras el gobierno del cambio está mostrando el deseo de construir una verdadera democracia, respetando y protegiendo las manifestaciones de la oposición, muy contrario a las prácticas del régimen del pasado.
Ahora bien, en esta por igual expresaron su odio visceral contra el Gobierno Democrático y cercano al querer de las mayorías. En un país con una de las mayores desigualdades sociales, con un sistema de salud privatizado a punto de colapsar, con desempleo en todas las profesiones y oficios, con un acceso restringido a la educación excluyente, con un conflicto armado sin resolver y que gracias al régimen anterior parece acrecentarse, con el desamparo de adultos mayores que no alcanzaron una pensión, con un sistema financiero al servicio de monopolios, con una industria raquítica, con la mayor informalidad en el empleo, con millones de desplazados, con ciento de miles de familias campesinas sin tierra y otras tantas sin títulos de las mismas, con una inmensa migración juvenil por falta de oportunidad en nuestro propio país, con un acceso a la vivienda digna sin resolver, con un robo continuado de las arcas del Estado, con la criminalidad acechando las calles, etc., etc.
En fin, con un país que es necesario reconstruir y ponerlo a disposición de “los nadies y las nadies”. Salen a protestar los pudientes y quienes sirven a la elite, para oponerse a las reformas necesarias en Colombia para que la nación sea profundamente democrática y ampliamente incluyente para el beneficio de las mayorías y no para unos pocos.
Pero por igual hay una oposición periodística que utilizan los micrófonos radiales, las pantallas y sus plumas, para atacar reiteradamente al gobierno que cada día gana más afectos en el seno de la sociedad. La doble moral defendida con la mentira y la distorsión de los acontecimientos, los ha llevado al periodismo que desde la jerga ciudadana los denominan como “prepagos”. El periodismo que debe ser totalmente ecuánime y verás, viene profundizando cada día más en la militancia al servicio del poder económico. En contraposición esto ha venido alentando una amplia y reiterada solicitud para que el Gobierno del Pacto Histórico, brinde los espacios para fortalecer las iniciativas de comunicación popular y alternativa, junto a los medios de comunicación oficiales que se muestran aún muy débiles, con programas repetitivos, poca audiencia y timoratos.
El protestar es y debe seguir siendo un derecho ciudadano que merece el respeto absoluto del Estado. Es más, debemos fomentar la movilización y la protesta que reivindique los reclamos y peticiones de las mayorías. Estas pueden ser manifestaciones públicas de inconformidad o inclusive de apoyo decido dado en determinado momento a la institucionalidad o a un gobierno en particular.
Como dijo el Presidente: “Lo que pasa es que no quieren ciertos sectores muy ricos de la sociedad colombiana que les pongan impuestos”. Y pensar que su fortuna se ha basado primordialmente en la depredación del suelo patrio, el desfalco del Estado y la explotación de los connacionales.
John Elvis Vera Suarez
Foto tomada de: El Colombiano
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