La teoría económica define los mercados competitivos como aquellos donde existen numerosos compradores y vendedores. Los bienes producidos son relativamente semejantes y fáciles de sustituir y las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado, es decir, no hay barreras de entrada, ni de salida. La información dentro de dicho mercado es plena para todos y circula rápidamente entre los actores participantes, lo que significa que compradores y vendedores conocen bien la información de precios, costos y sanciones para tomar decisiones. Esto es lo que se conoce como información simétrica o completa.
La Superintendencia de Industria y Comercio ―SIC― define un cartel como «grupos de empresas participantes en un mercado, que acuerdan precios, definen cuotas de producción o se reparten mercados. Los carteles permiten eliminar la presión ejercida por las empresas de la competencia, mantener precios fijos, más altos, menor variedad y calidad de los bienes y servicios, lo cual repercute negativamente en el consumidor.»
La mejor muestra de que no todos los mercados son competitivos está en el nivel de cartelización descubierto en el país. La economía ha funcionado ―y funciona― en un nivel inaceptable de poderes monopólicos, que además de leoninos, son vergonzosos para la supuesta libre competencia que se predica. La investigaciones y sanciones impuestas por la SIC en cuanto al azúcar, papel higiénico, pañales, cuadernos, hemofilia, chatarrización, ganado, cemento, tubos de concreto, seguridad privada, arroz, medicamentos y cloro y soda cáustica, entre otros; son sólo una pequeña muestra de que la economía está lejos de mercados competitivos y de libre competencia.
El nivel de cartelización al que ha llegado la economía colombiana, tras el supuesto de perseguir el libre mercado tiene que ser duramente criticado por ser una de las causas de la pobreza y la desigualdad. Los debates sobre estos fenómenos tienen que empezar a incorporar la cartelización, la concentración de mercados y el poder monopólico como uno de sus motivos. También vale señalar que las prácticas que conducen a la concentración de mercados contradicen la bandera de la responsabilidad social empresarial, la cual enarbolan algunas de las empresas que se han visto involucradas en dichos carteles.
Mercado laboral: ¿competitivo?
La concentración de mercados conjuga poderes monopólicos que afectan los ingresos de las personas, pero también lesionan derechos. Silva Colmenares (1977) en su libro Los verdaderos dueños del país, inicia diciendo que «mientras los monopolistas se unen sólidamente en sus asociaciones-cárteles y disponen de un poder casi de vida y muerte, los trabajadores despilfarran la potencia de su unidad en enclenques sindicatos de empresa o, peor aún, en suicidas posturas antisindicales.»
Diseñar política económica suponiendo mercados competitivos conduce a resultados sociales indeseables. Esto se aprecia fácilmente con lo que ha ocurrido con la política laboral en el país. Siempre que se ha legislado al respecto se ha supuesto que la oferta laboral y la demanda laboral son fuerzas que confluyen al mercado en igualdad de condiciones. ¡Nada más falso!
Todos saben que las empresas ―demanda laboral― tienen un poder mayor al de los aspirantes a ser trabajadores ―oferta laboral―. Será tanto el poder que en la mayoría de las convocatorias se detallan todas las condiciones laborales y requisitos para el cargo, pero se reservan el salario. La mayoría de los aspirantes asisten a complejos y largos procesos de selección de personal, asumiendo los costos que ello implica, sin saber cuánto les van a pagar en caso de ganar la vacante, y obviamente, no preguntan porque temen que su inquietud sea malinterpretada por la empresa.
Esta falta de claridades es lo que en economía se conoce como asimetría de información y los mercados competitivos se supone que nunca operan bajo esta situación, luego el mal llamado mercado laboral no funciona en condiciones competitivas, pero sí, con altísima posición dominante.
Implicaciones de concentración
Hay que tener en cuenta que la mayor concentración en un mercado les permite a las empresas incursionar en otros, especialmente relacionados a sus actividades. De esta manera configuran su propia cadena productiva, donde unas empresas del grupo son proveedoras, otras realizan la transformación de materias primas, otras se encargan de la logística y posiblemente otras les sirven como entidades de financiamiento. ¿Quién compite contra estos conglomerados?
Un desafío que enfrenta el país es la comprensión de las estructuras productivas en las que participan dichos conglomerados, pues la definición de los modos de producción, de las relaciones laborales y de los establecimientos de precios no pasan jamás por las razones teóricas de los mercados competitivos y en cambio sí se acercan bastante a condiciones monopólicas.
Por eso es que es importante no dejar de estudiar y advertir qué tipo de mercados existen en el país, pues de cara a la reforma tributaria no es posible seguir suponiendo competencia perfecta, ni libre mercado. Cuando las empresas tienen tanto poder de mercado y gozan de sólidas economías de escala, pueden asumir cierto tipo de impuestos para no afectar el precio del consumidor, pero sabiendo que sus competidores, que son más pequeños, no podrán hacerlo y que sin duda trasladarán el impuesto al precio. Por esta razón es que un impuesto al consumo, que en principio pareciera loable, tiene que ser analizado desde la perspectiva de la estructura del mercado en el que se fijaría, lo cual requiere que se conozca bien dicho mercado, pues la buena idea impositiva podría terminar afianzando las condiciones monopólicas de los conglomerados y reduciendo la participación de los más pequeños.
A manera de conclusión
En Colombia no existen mercados competitivos como se cree y se predica. Esta idea ha hecho que la instrumentalización de la política económica termine fortaleciendo los carteles o los conglomerados empresariales, entendiendo por instrumentalización, los cambios en materia de tasas de interés, impuestos, subsidios, beneficios tributarios, entre otras formas.
Las investigaciones y sanciones establecidas por la SIC reconocen prácticas indebidas que llevaron a la concentración de mercados y a poderes monopólicos, luego dicho reconocimiento significa aceptar procesos de acumulación de capital que tienen altísimos costos sociales que explican parte de la pobreza, la desigualdad, la baja calidad del empleo y la remuneración precaria. Dicha acumulación nunca se devuelve a la sociedad, ni siquiera en más empleo e inversión como se ha afirmado; sino que se concentra en pocas manos. He aquí que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo.
Finalmente, por muy eficiente que sea la SIC, es poco probable que dentro de sus investigaciones hayan quedado todos los carteles descubiertos, luego es fácil imaginar el tamaño de la cartelización que tiene la economía colombiana y la mentira que representa suponer mercados competitivos cada vez que se pretende aplicar política económica.
Jorge Coronel López, Economista, Profesor universitario, Columnista Diario Portafolio
Foto tomada de: https://artesaniasdecolombia.com.co/
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