La alcaldesa Claudia López propuso crear un cuerpo interinstitucional en el que participara la Policía y Migración Colombia, el cual ayudaría a combatir las “estructuras criminales” de población migrante, por medio de la identificación forzada de los miembros de este grupo social. Esto despertó toda una polémica en la opinión pública distrital y puso en la mira a la mandataria.
El contexto en el que se planteó dicha propuesta se encontraba marcado por dos realidades de la ciudad. Primero, el hecho de que Bogotá alberga a más de 340 mil migrantes venezolanos (cerca del 20 % de la población en el nivel nacional), de los cuales más de la mitad tienen un estatus migratorio irregular y son objeto de procesos de discriminación por sectores de la capital. Esto se suma a las dificultades que ha tenido la actual administración distrital en el manejo de la seguridad, teniendo una importante percepción en referencia a temáticas como el hurto y el homicidio.
Segundo, es importante resaltar que la seguridad se encuentra en una relación constate respecto al tema de la percepción. Por ello, cuando se produce un hecho delictivo que tenga impacto mediático, esto puede llevar a que afecte la agenda de seguridad. Eso fue lo ocurrido en las presentes circunstancias ante la muerte de un patrullero y la herida a mano armada de otro, en medio de hechos que involucraron a personas migrantes. Esto puede ser parte de la explicación para cambiar énfasis en la agenda de seguridad para mostrar resultados relacionados con aquello que la ciudadanía le da relevancia, antes que a las características objetivas de la seguridad.
Ambas circunstancias han sido correlacionadas pese a que las cifras apuntan a que la tasa de participación de la población migrante en los crímenes es de menos del 2%. Esto lleva a que se propongan soluciones equivocadas, o por desconocimiento o por presión social, llevando a vincular ambas realidades a nivel distrital (migración y aumento en percepción de inseguridad).
Es en este contexto que surge la propuesta dada por la burgomaestre de la capital colombiana, la cual, intenta hacer frente a dinámicas permanentes, entendiendo la necesidad de formalizar la identidad de la población migrante en el país para eventuales procesos judiciales (sin que con ello se entre a discriminar al migrante); y las situaciones coyunturales, en términos de la presión que se ejerce desde la ciudadanía y sectores de la institucionalidad para empeñar el uso de recursos en esas problemáticas. La pregunta es si esta era una medida adecuada para enfrentar las problemáticas de la criminalidad y sus impactos en la población migrante.
La propuesta y su posible desarrollo
La creación de un comando integrado por la Policía y por Migración Colombia puede resultar siendo una medida inconveniente en términos prácticos, por las siguientes razones:
- Se debe señalar que la Policía Nacional no es la institución adecuada para poder hacer el registro de la población migrante al interior del país, sus funciones corresponden a otros tipos de ámbitos y la institución no debe ser sobrecargada en tareas (específicamente la seguridad ciudadana y la ciudadanía).
- Este tipo de comando terminaría por otorgarle la mirada de un asunto de seguridad a toda la población migrante, lo cual podría llevar a un aumento de la xenofobia, de los tratos denigrantes y eventualmente un deterioro de las relaciones entre la sociedad migrante y la institucionalidad.
- Este es un trabajo que debe darse en el marco de la institucionalidad de Migración Colombia antes que de la Policía Nacional; sin embargo, la forma en que fue señalado daba a entender que el peso iba a recaer en la Policía.
- Se debe señalar que la Policía Nacional se encuentra sobredimensionada en sus funciones teniendo un déficit de personal. La Policía se ha convertido en la institución base por medio de la cual se enfrentan diversos problemas de la ciudadanía. Utilizarla para la creación de nuevas unidades que son innecesarias o que no responden a las realidades sociales objetivas llevaría a un cambio de los recursos institucionales, lo cual no termina por garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, sino dispersar los esfuerzos institucionales.
- Los resultados que se presentarían por este tipo de comando serían mínimos, dado que responden a las dinámicas de un grupo en específico, cuando en realidad los movimientos delincuenciales no entienden de nacionalidades y las trascienden. Se requieren para enfrentar esta problemática transformaciones profundas que involucren la manera cómo se dimensiona la realidad del migrante, su formalización y el sistema penitenciario en general.
Aquí se debe señalar que sí hay un problema en cuanto a los registros de los grupos migrantes en el país; no obstante, la manera cómo se mencionó la creación del grupo y su tarea final no es la adecuada ni es acorde con las necesidades para afrontarlas. Por el contrario, en un país que no se encuentra acostumbrado a las migraciones y tiene datos relevantes en cuando discriminación, deberían implementarse mecanismos que se planteen más allá de la fuerza o de una institución encargada de la regulación de esta.
La Policía y la migración, la preocupación por la predisposición institucional
Uno de los puntos relevantes que debe tener en cuenta la administración distrital es que el proceso de formalización no lo debe realizar la Policía Nacional por las implicaciones sociales que éste plantea. Ni siquiera como acompañamiento sería adecuada esa misión para esta institución dada la manera como se miran los procedimientos de esta agrupación, los cuales se han centrado en el uso de la fuerza y el enfrentamiento de la criminalidad.
Igualmente, los miembros de la Policía tienen sus propios sistemas de pensamiento, los cuales llevan a tener predisposiciones respecto a determinados grupos sociales. Esto ha sucedido de manera histórica con grupos afro, indígenas, de determinadas regiones del país, estudiantes universitarios, personas con inclinaciones políticas específicas, entre otras.
La llegada de una importante migración que se encuentra atravesada por dinámicas complejas conlleva el cambio de muchas de las percepciones sociales dentro de la Policía. A esto se agrega un relato que se crea a partir de las coyunturas que se tienen, tales como el asesinato de los patrulleros, lo cual lleva a que se construya una imagen institucional respecto al grupo social que se presta el servicio.
La Policía Nacional de Colombia es versátil y se encuentra preparada para hacer frente a diversos escenarios sociales. Sin embargo, teniendo en cuenta los pronunciamientos de las autoridades no uniformadas, es necesario que se de una preparación para el tema de migrantes, el cual vaya más allá de un enfoque represivo y se centre en el fin institucional preventivo y de convivencia. No se debe enviar el mensaje erróneo y estigmatizar a los migrantes, mucho menos generalizar su comportamiento o la necesidad de un registro basado en la fuerza.
El desacierto político de la propuesta
La propuesta fue ampliamente criticada por diferentes posturas del entorno político; el lenguaje tiene relevancia en la medida que se nombran las situaciones sociales. En este caso, se puede ver como la Alcaldesa cae en expresiones que generalizan y atañen responsabilidades hacia un determinado sector social. No existe un fenómeno estructurado de la “delincuencia migrante” en los modos como lo planteó la mandataría, por lo que es necesario hacer las respectivas precisiones para que no se refuerce la estigmatización.
Hay consenso en que la creación de dicho comando no era una solución a los hechos sociales ocurridos y que no hay razones de peso objetivas (más allá de la percepción) para evaluar el fenómeno de la criminalidad a partir de la nacionalidad. La medida fue rechazada desde diferentes ámbito: los partidos de oposición, de gobierno e independientes; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el mismo gobierno nacional, los cuales opinan que es discriminatoria y desacertada.
Si bien se reconoce que existe una problemática en cuanto a la judicialización por la identificación de los migrantes, también se hace hincapié en que este tipo de mecanismos conjuntos no plantea una solución real al fenómeno. Asimismo, cualquier tipo de solución que se ponga en la mesa debe darse de forma estratégica para evitar caer en la estigmatización.
Ahora bien, también se debe señalar que hay sectores sociales para los cuales la propuesta no es necesariamente negativa, por el contrario, la pueden considerar necesaria en el entendido de la relación existente entre inseguridad y migración. Sin embargo, este último vinculo -como ya se ha señalado- resulta ser mera percepción, dado que las cifras muestran un comportamiento diferente en el que los migrantes siguen siendo una pequeña porción de las detenciones y delitos identificados.
El impacto que la propuesta podría generar en la práctica
Hay que prestar especial atención a los impactos de un mensaje de este tipo, señalándose dos posibles repercusiones: una en el ámbito ciudadano y otra en el institucional. En el ámbito ciudadano, el mensaje de la alcaldesa con su propuesta lleva a una mayor estigmatización respecto a la población migrante (específicamente la venezolana) y puede ocasionar acciones de justicia por mano propia bajo un discurso justificante de inoperatividad del aparato estatal. Esto es preocupante dado que termina emitiendo la idea de que el Estado no puede operar contra los delitos de esta población y, por lo tanto, puede ser justificante para represalias fuera del imperio de la ley.
En el ámbito institucional, este tipo de mensajes tiene importantes impactos en instituciones como la Policía Nacional, la cual construye su relato oficial en la relación con la ciudadanía y con las autoridades. El pronunciamiento por parte de la alcaldesa puede conllevar a que los policías centren sus acciones en la población migrante, así como que tengan una predisposición mayor respecto al simple contacto con este tipo de comunidad. Esto puede aumentar los abusos de autoridad e incentivar un trato desigual respecto al migrante (específicamente venezolano) en el país.
Reflexiones conclusivas
Se reconoce que existe una problemática de seguridad en Bogotá, la cual debe ser enfrentada por el Distrito; sin embargo, los migrantes no son los principales causantes de ésta; a pesar de que hay un preocupante relato social que ha generado un vínculo entre ambos fenómenos. El Distrito debe luchar contra este tipo de afirmaciones y no ratificarlas a partir del discurso oficial, las cifras muestran una realidad diferente a la percepción.
Medidas como focalización de los cuadrantes o barrios con mayor incidencia de delitos, una acción coordinada con varias entidades, no sólo de la Policía, sino además Fiscalía y Secretaría de Gobierno, por ejemplo y acciones educativas dirigidas a los ciudadanos para que sean más cuidadoso al desplazarse en determinadas áreas y en ciertas horas y mejorar los mecanismos o canales de acceso a la justicia, podrían ser medidas que a mediano plazo podrían mejorar la situación y especialmente la confianza ciudadana en las autoridades..
Asimismo, la propuesta resulta ser poco acertada tanto en su lenguaje como en su sentido práctico. Existen vicisitudes en cuanto a la identificación de la población migrante y, por lo tanto, escollos al momento de lograr su judicialización; empero, el lenguaje utilizado por la mandataria parecía hacer referencia más a un grupo de persecución que propiamente de identificación. Del mismo modo, la Policía no puede ser una de las instituciones encargadas por: la sobredimensión de sus capacidades, la predisposición a los migrantes y el peso que significa que la institución medie en medio de la circunstancia.
El Distrito debe diseñar otras alternativas, sin tener en cuenta como primera medida el uso de la fuerza (o de una de las instituciones que legítimamente la ostenta) y dando prioridad a la identificación de la población migrante, para beneficio de las acciones estatales en su conjunto (no solo judiciales).
La propuesta afortunadamente no prosperó y se debe hacer un llamado al manejo cuidadoso con este tipo de temas por las repercusiones y efectos derivados que pueden generar en la práctica.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular de la Universidad Nacional y Director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Farid Camilo Rondón Raigoza, Politólogo y estudiante de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Foto tomada de: Conexion Capital
Deja un comentario