Ante la pandemia, Colombia entera ha quedado supremamente impactada, afectada, aquejada y desesperanzada, dejando al desnudo la verdadera realidad del sector salud, resultando más delicada de lo que se comentaba en pasillos de hospitales, clínicas, consultorios y hasta en reuniones familiares.
El horizonte que se vislumbra es desolador, a menos de darse un total viraje a tan nefasta situación. Con o sin pandemia, se requiere urgentemente una intervención en la que intervengan las fuerzas vivas de la sociedad, aunando esfuerzos que conllevan a sacar del estado agónico en que se encuentra la salud en el país.
A pesar de existir la LEY ESTATUTARIA DE LA SALUD, Ley 1751 del 16 de febrero de 2015, es poco lo que se ha logrado en cuanto a su aplicación.
Esta ley contempla unos principios y unas disposiciones que, de ejecutarse a cabalidad, otro sería el panorama presente y futuro en el área médica, verdaderamente justo, como debe ser.
Citamos en primera instancia:
“Artículo 6°. Elementos y principios del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud incluye los siguientes elementos esenciales e interrelacionados:
a) Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y profesional competente…” (resaltado en negrilla nuestro).
Así de claro, éste principio de la disponibilidad es la columna vertebral de dicha LEY ESTATUTARIA DE LA SALUD.
Abarca todos los aspectos implicados en el sector: servicios, todos los servicios sin exclusiones; tecnologías, las que se están implementando en el presente en los demás países de la región y del mundo; en cuanto a las instituciones de salud es donde se encuentra el nudo gordiano con las EPS e IPS manejadas al capricho de unos cuantos que, en más de una ocasión sus directivas han utilizado los recursos sagrados de la salud en artículos suntuarios, propiedades exclusivas de alto costo, y en canchas de golf, lo que resulta inconcebible.
De igual manera en lo atinente a los programas de salud, que deben ser actualizados y llevados a cabo con regularidad.
En cuanto al personal médico y profesional competente, traemos a colación el siguiente aparte:
“Artículo 18. Respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Los trabajadores, y en general el talento humano en salud, estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades institucionales.”
Lamentablemente letra muerta, cual saludo a la bandera.
Si lo aplicaran de verdad estaríamos ante un sistema de salud fortalecido, con el pleno derecho de los trabajadores de la salud garantizados, gozando de las retribuciones que bien merecen, máxime que son quienes están en primera línea atendiendo a cuantos pacientes resulten contagiados con la pandemia.
Hasta antes de la nefasta Ley 100 /93, tristemente célebre, conocida por todos, la medicina era una profesión altamente dignificada, reconocida y quienes de desempeñaban en la tan honrosa profesión de la medicina, gozaban de sus justas retribuciones y prestaciones de ley, como a bien se lo merecen, de verdad era un honor contar entre la familia con uno o varios médicos.
En la actualidad somos testigos del injusto tratamiento a los profesionales de la salud, con pagos irrisorios, contrataciones a corto plazo por medio de supuestas cooperativas o instituciones de papel, es tanta la presión a la que se ven sometidos los médicos, las enfermeras y demás personal de apoyo, que se han visto afectados en su salud mental, aspecto de mucha pertinencia en estos momentos, que se el gobierno ha descuido por completo.
Pacientes somos todos, es una máxima que ha hecho carrera últimamente, por lo que la ciudadanía en pleno, de todas las regiones, debe interesarse en la búsqueda de soluciones adecuadas para la salud en Colombia, en beneficio de la comunidad entera, sin obstrucciones de ninguna naturaleza y redignificando las condiciones en las que prestan sus servicios los médicos, enfermeras y demás personal de hospitales y clínicas.
Fabio Monroy Martínez, Abogado y periodista. Asesor en Derechos Humanos, director nacional movimiento S.O.S. por Colombia.08
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