Aun con las presiones que tendrá en contra, esos primeros pasos de Biden ya marcan lo que se podría esperar en relación con América Latina y el Caribe, en particular con Colombia, por parte del nuevo gobierno y del parlamento de mayoría demócrata. El gobierno colombiano se ve abocado a restaurar la relación con los dos partidos de ese país y a redefinir dimensiones claves de su política interna y exterior. Tendrá que revertir marcas que dejó el apoyo del presidente Iván Duque a Trump y la injerencia del uribismo en favor de su reelección. Ya se abrió una indagación en el Congreso sobre una posible interferencia foránea en las elecciones estadounidenses en la que están señaladas Rusia, China, Irán y Colombia
Aunque en la agenda bilateral son cruciales el tema comercial y el del cambio climático -en especial para la reducción de emisiones de carbono, la deforestación y la minería ilegal así como en la protección del Amazonas y la biodiversidad del país-, en este artículo me concentro en lo que puede acontecer en tres prioridades: la paz y los derechos humanos, la política de drogas y la crisis de Venezuela.
Paz y derechos humanos
Biden, como vicepresidente de Obama y enlace para América Latina, de 2009 a 2017, tuvo relación con Colombia, ante todo a través del respaldo que dio a la negociación con las FARC; de hecho, en su visita al país dijo que ese Acuerdo de Paz “no debía ser minimizado ni ignorado”. Ese respaldo fue reiterado por el entonces secretario de Estado, John Kerry -ahora consagrado a la lucha contra el cambio climático-, y ese gobierno envió a Bernard Aronson como delegado especial. Además, los demócratas en el Congreso estadounidense desde que expidieron una resolución en 2016 de apoyo a la solución pacífica del conflicto armado colombiano, han insistido en la necesidad de lograr la implementación de ese Acuerdo y construir una paz duradera que cumpla estándares internacionales de justicia y transparencia.
El embajador estadounidense en Colombia, Philip Goldberg, ha mostrado luego de la posesión de Biden, que su gobierno prioriza el proceso de paz y la defensa de los derechos humanos. En diálogo con El Tiempo acaba de pedir “hacer más” en la implementación del Acuerdo de Paz, evitar masacres, proteger la vida de líderes sociales y excombatientes.
En esa perspectiva resultan claves tres mensajes que desde Colombia acaban de ser enviados al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Ante todo, del movimiento Defendamos la Paz[1]. Además, de 104 miembros de resguardos y cabildos indígenas, asociaciones de víctimas, comunidades campesinas, y consejos comunitarios afrodescendientes[2]. También, de la líder afrodescendiente Francia Márquez[3]. Los tres mensajes coinciden en pedir apoyo para que el Estado colombiano cumpla el Acuerdo de Paz, impida los asesinatos de líderes de procesos sociales, de paz y ambientales -ya sobrepasan los 900- y de más de 250 miembros de la exguerrila FARC ahora partido los Comunes; y para lograr un pacto de paz con el ELN.
Ahora, desde el gobierno y el Congreso estadounidense habrá presión al gobierno Duque para que implemente el Acuerdo, proteja los derechos humanos y la vida tanto de líderes sociales como de los excombatientes.
Política de drogas
En el tema de drogas, que ha sido central en la relación con Colombia, la política bipartidista estadounidense confiaba en la fumigación aérea como instrumento para reducir las hectáreas de cultivo de coca y la distribución de cocaína en ese país.
Sin embargo, el informe bipartidista de la Comisión de Política de Drogas -entre cuyos firmantes están dos personas de origen colombiano: Juan S. González, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad, y Dan Restrepo- asume el fracaso del Plan Colombia, lo ineficiente y contraproducente que es la erradicación forzosa, y muestra que la situación de las comunidades en zonas cocaleras debía ser un eje clave de la política de drogas, posibilitar su participación y garantizar la protección de sus voceros como obligación del Estado. El embajador Goldberg dice que ahora el regreso a la aspersión con glifosato es un programa cuya decisión y responsabilidad es del gobierno colombiano que si decide aplicarla, debe conseguir el glifosato, controlar los aviones, lo que ya no harán como antes los contratistas; Estados Unidos ayudará en algunos aspectos.
En esa perspectiva resulta clave la presión en Colombia para que el gobierno de Biden y los demócratas acepten hacer ajustes a la política de drogas ligados con la paz. De hecho, el punto 4 del Acuerdo con la FARC, trae un enfoque multidimensional de esa problemática que incluye acuerdos con cultivadores de coca para la sustitución voluntaria, y que en lugar de que el Estado lance venenos desde el aire con graves daños socio-ambientales, llegue a la periferia nacional a ayudar en la construcción de paz territorial con participación de sus pobladores, y mejore la lucha contra la criminalidad, el narcotráfico y el lavado de ese dinero. Justo en ese punto del Acuerdo jugó un papel el enviado especial Bernie Aronson. Ahora, el gobierno Biden podría aceptar ese giro que implica desmilitarizar la lucha contra el narcotráfico y apoyar el desarrollo económico alternativo en esas zonas afectadas por la violencia y la criminalidad. Como dice la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la sustitución de cultivos concertada con comunidades es más sostenible y rinde más frutos; en cambio incrementar tensiones entre el Estado y las comunidades ha sido contraproducente para encontrar soluciones estructurales a economías ilegales, como se ha visto en Tumaco y el Catatumbo.
Salida negociada a la crisis de Venezuela
Frente a la crisis en Venezuela generada por el régimen de Maduro que viola los derechos humanos y persigue a organizaciones sociales y a las que luchan por defenderlos, Biden seguramente ajustará la estrategia intervencionista del impredecible Trump, de “todas las cartas sobre la mesa”, que hizo confiar a sectores opositores más en la presión externa que en la construcción de una ruta interna, socavando esfuerzos para una solución política. Además, la amenaza de acción militar unificó a las fuerzas armadas contra enemigos externos y las sanciones petroleras agravaron la situación al exacerbar la crisis económica y humanitaria con graves efectos sobre la población más que sobre los funcionarios. El régimen de Maduro se aferró al control de todos los poderes públicos, que fue logrando con diverso tipo de maniobras; mientras tanto, la oposición terminó reprimida, en el exilio y más fraccionada.
El secretario de Estado Antony Blinken dijo al Senado que Maduro es un dictador y es parte del problema, no de la solución, que continúan reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino y la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el único organismo elegido democráticamente. Pero son vagas las bases constitucionales de la decisión de continuidad administrativa de la Asamblea que presidía Guaidó y de su gobierno, y lo afectan las acusaciones sobre malversación de recursos en su entorno. La Unión Europea ha dicho que trabajará con la oposición democrática y la sociedad civil de Venezuela, pero no se refirió a Guaidó como presidente interino.
Jen Psaki, portavoz del gobierno de Biden, dijo que la meta de Estados Unidos es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela mediante elecciones libres y justas, que tomarán medidas para perseguir a violadores de derechos humanos y corruptos, y buscarán soluciones para atender la crisis humanitaria. Eso exige que la oposición venezolana sea capaz de construir un acuerdo entre sus diversos sectores y liderazgos en torno a una hoja de ruta para buscar una salida negociada.
Ojalá Biden y los demócratas se comprometan con una defensa de la necesaria negociación entre los venezolanos, ofrezcan alivio de las sanciones petroleras a cambio de elecciones anticipadas, con reglas democráticas y una real observación internacional, que atienda la emergencia humanitaria compleja, abra una transición y la reconstrucción de ese país. Eso implica que el gobierno Biden, con el regreso de Estados Unidos al multilateralismo, asuma que no puede actuar unilateralmente frente a la crisis en Venezuela y trate de coordinar con la Unión Europea y países latinoamericanos y del Caribe esfuerzos en favor de la negociación en busca de una salida pacífica y democrática.
También resulta esencial un giro de Biden frente a las cerca de 200 medidas de Trump para aumentar el bloqueo y la vinculación de Cuba a la lista de países auspiciadores del terrorismo, de la que el gobierno Obama la había sacado en medio del proceso de acercamiento para normalizar las relaciones. Trump la volvió a incluir alegando que Cuba no extraditó a la delegación del ELN que actuó en la mesa negociadora, como lo ha exigido Duque, sin tener en cuenta que la isla lo que ha hecho es cumplir los protocolos firmados al respecto con el Estado colombiano y que ha jugado un papel decisivo en la negociación de paz para Colombia. No será fácil avanzar frente a Cuba pues en buena medida, Trump ganó en la Florida por su estrategia radical contra la isla y sus amenazas intervencionistas en Venezuela.
En síntesis, el giro comenzado por Biden le plantea al gobierno de Colombia retos cruciales en especial en materia de paz y derechos humanos, en la política de drogas así como en la estrategia que ha venido aplicando hacia Venezuela y Cuba. Perder esa oportunidad hará muy difícil la última parte de la presidencia de Duque. No basta con buscar contactos entre los dos gobiernos y con congresistas demócratas si Duque no se abre a las nuevas realidades e imperativos que favorecen a Colombia.
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[1] https://www.onic.org.co/comunicados-de-otros-sectores/4106-carta-abierta-al-presidente-de-eeuu-joe-baiden-urge-la-implementacion-de-paz-en-colombia
[2] https://www.justiciaypazcolombia.com/comunidades-negras-indigenas-campesinas-dirigen-carta-a-gobierno-de-estados-unidos/
[3] https://www.onic.org.co/comunicados-de-otros-sectores/4106-carta-abierta-al-presidente-de-eeuu-joe-baiden-urge-la-implementacion-de-paz-en-colombia
Socorro Ramírez
Foto tomada de: El País
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